jueves, 22 de diciembre de 2011

Exigimos la declaración en ruinas del CIE de Capuchinos y su cierre inmediato

Hoy el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, presentamos la iniciativa que a continuación reproduzco, con el objetivo de que el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga sea declarado en ruinas, y por tanto, cerrado inmediatamente.


En España existen 10 centros de internamiento de extranjeros, donde muchos inmigrantes son encerrados como presos únicamente por haber cometido una irregularidad administrativa: no tener la documentación que se les exige para residir y trabajar en nuestro país. A la situación de injusticia en la que se encuentran estas personas siendo privadas de libertad sin haber cometido delito alguno, hay que añadir las nefastas condiciones en que estas personas son retenidas en estos centros y que han conllevado numerosas denuncias por parte de instituciones como el Defensor del Pueblo, observadores de la Unión Europea, organizaciones no gubernamentales, y partidos políticos, entre otros colectivos.

La situación de los Centros de Internamiento en Andalucía no es mejor, al contrario, siendo el CIE de Capuchinos en Málaga uno de los pocos existentes, el más antiguo, y probablemente uno de los que más escándalos ha provocado en nuestra ciudad con numerosos incidentes y de enorme gravedad. En este sentido podríamos destacar las denuncias por abusos, condiciones ruinosas del centro por la antigüedad del edificio y las continuas reformas, incendios, suicidios e intentos de suicidio, malas condiciones higiénico - sanitarias, hacinamiento, problemas con el estado de las comidas, con la atención sanitaria, ausencia de intérpretes y trabajador /a social, etc.

Hay que señalar las numerosas trabas puestas a las organizaciones sociales para acceder al centro y evaluar las condiciones del mismo y los internos, así como corroborar la corrección de las graves deficiencias, o las mejoras anunciadas por el gobierno central y que, en su mayoría, siguen pendientes año tras año o, simplemente, no son posibles ante el gravísimo estado de ruina del edificio.

La urgencia de esta moción se justifica en el informe recientemente presentado este pasado jueves 15 de diciembre de 2011 por la Red Euroafricana MIGREUROP sobre el estado de los CIEs, que comprende también el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos (Málaga). La visita a partir de la cuál se elaboró la parte de Málaga tuvo lugar en Junio de 2011, y la comisión que realizó la visita la componían representantes de Andalucía Acoge, APDHA, Ingenieros Sin Fronteras y Médicos del Mundo.

El pasado jueves 15 de diciembre de 2011, dos días después de que se anunciara el precinto de nuevas zonas en mal estado, la red euroafricana Migreurop, formada por 38 asociaciones de 13 países, presentó un informe con los resultados de la visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos en Málaga, que reveló condiciones infracarcelarias para las personas en este Centro.

Por este motivo, pidieron el cierre de los mismos por no garantizar los derechos fundamentales de los internos, carecer de planes de seguridad y por la precariedad y deterioro en sus instalaciones. Las deficientes condiciones de las instalaciones del CIE de Málaga, fueron calificadas como escandalosas por el reducido espacio y falta de luz, así como de climatización o calefacción, entre otras carencias.

Desde que Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos tiene ese uso, allá por 1990, este ha sido denunciado como una aberración por los defensores de los derechos humanos, a lo que se suman circunstancias arquitectónicas en las que el paso del tiempo no perdona.
El último capítulo se ha vivido esta última semana, cuando la Policía Nacional anunciaba que precintaba la zona de las perreras y las dependencias de los agentes de la Unidad Especial de Guías Canino por motivos de seguridad. La Comisaría Provincial y la Subdelegación del Gobierno de Málaga insistieron en que la seguridad de los internos y de los funcionarios estaba garantizada, pero esta incidencia no es para nada puntual. El edificio fue construido en el siglo XVII como un convento de los Franciscanos Capuchinos, pero en los siglos XIX y XX, tras la Desamortización, pasó a ser un cuartel que incluso los ocupantes militares abandonaron antes de que se les viniera encima. En 1990, unas reformas permitieron que se convirtiera en el actual CIE y sólo dos años después llegaron los problemas que se han repetido una y otra vez, ante el asombro generalizado de los colectivos ciudadanos.

Málaga Acoge denunció ante el Juzgado Decano, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo el estado de las instalaciones y el Gobierno accedió a mejorarlas. Entre 1992 y 1993, se denunció la inexistencia de un reglamento interno, la ausencia de servicios sociales y de un servicio sanitario permanente para los internos. La situación era tal que los familiares y los letrados de los internos tenían dificultades para realizar visitas. Las instalaciones no contaban con personal femenino para atender a las internas.

El propio Defensor del Pueblo pudo comprobar cómo los internos permanecían diariamente encerrados mientras el patio estaba vacío. La causa real es que no había agentes para vigilarlos. Las condiciones de limpieza no abundaban, se cenaba bocadillo sí o sí y los muebles prácticamente no existían. Un año después, cerca de medio centenar de internos se declararon en huelga de hambre por las condiciones del centro, la mala calidad y escasez de la comida y ausencia de elementos de ocio para los internos. Otra vez el Defensor, en 1997, denunció la falta de espacio y las deficiencias.

El Gobierno destinó entonces 20 millones de pesetas para unas obras que no llegaron hasta el año 2000 por problemas presupuestarios. Finalmente se invirtieron 85 millones de pesetas que sirvieron para aumentar las plazas de 74 a 125, crear tres módulos y un segundo patio. También se aseguró la instalación de un sistema de detección de incendios tras tres aparatosos incidentes.

En abril de 2003, la Fiscalía de Málaga denunció que los internos vivían en peores condiciones que en una cárcel. Cinco policías para 135 internos, hacinamiento y el uso de un solo patio eran algunas de las quejas que no surtieron mucho efecto. La Fiscalía repitió estos términos en 2006, año en el que se preveían 300.000 euros para eliminar las humedades del centro.

El Defensor del Pueblo asegura que lo mejor que le puede pasar al centro de Capuchinos es que lo cierren, mientras desde IU denunciábamos que muchos internos tenían que comer de pie por falta de espacio y que en la zona de mujeres había problemas de agua caliente. La humedad ganaba terreno y el Gobierno, tras admitir en agosto de 2006 carencias en el centro, anunció que construiría uno nuevo.

El año pasado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) realizó una exhaustiva inspección que concluía con una sentencia: No podemos asegurar la vida y la integridad física de los internos ni de los policías que ocupan el edificio. El SUP aseguró que había dos módulos clausurados por amenaza de ruina por orden de la Dirección General de la Policía. Las zonas no eran ni son útiles, pero sí que se localizan junto o sobre otras que sí lo son. Las imágenes que entregaron a la prensa siguen siendo sobrecogedoras. Una caldera de gas bajo las habitaciones de los internos, humedades, basura, techos apuntalados, suelos y techos arqueados o escaleras que se hunden eran algunos de los ejemplos. Las palomas ocupaban entonces una de las dependencias clausuradas.

El fiscal delegado de Extranjería en Málaga, ha considerado que un país como el nuestro no puede permitirse tener un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) como el de Málaga. El fiscal ha hecho hincapié en que los internos son personas que están en peores condiciones que las que se encuentran en centros penitenciarios.

No sólo han sido ONG de defensa de derechos humanos o el Movimiento 15-M. El pleno del Ayuntamiento de Málaga, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras instituciones, han solicitado a lo largo de los últimos años el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, en Málaga, salpicado de episodios polémicos que revelan insalubridad e internamientos en condiciones indignas. En un clima de rechazo social casi unánime al CIE de Capuchinos, la Policía precintó el martes 13 de diciembre parte de sus instalaciones ante el riesgo de desplome revelado por un informe de la Dirección General de Policía. Las deficiencias detectadas se encuentran en fachadas, tejados y elementos estructurales del edificio.

Entre los representantes que acudieron a visitar el centro el pasado mes de junio para realizar el informe se encontraban técnicos profesionales de la Asociación Ingeniería sin Fronteras, que al describir el estado en el que se encuentra este edificio, fueron tajantes: Es inviable seguir parcheándolo, hay que cerrarlo de inmediato. El edificio está para echarlo abajo. Hay que cerrarlo definitivamente.

Son muchas las voces que han pedido que desaparezca el CIE de Capuchinos, que cuenta con menos derechos que una prisión, como aprobó el pleno del Ayuntamiento de Málaga, en mayo de 2008 a través de una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida.

Por otro lado, parecer ser que, según algunas informaciones que nuestro grupo ha recibido, este inmueble que alberga el CIE de Capuchinos, no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) tras la visita que realizaron técnicos municipales al mismo. La Gerencia Municipal de Urbanismo, al parecer, inició un expediente a este edificio. No sabemos exactamente si existe una resolución o si se dictó una orden de ejecución de medidas urgentes de seguridad, para lo que el Ayuntamiento de Málaga, suele conceder un tiempo máximo de un mes, pudiendo adoptar medidas urgentes si estas no se cumplen.

Lo que, a nuestro juicio, es incompresible, es que no se actúe de forma urgente por parte de la GMU pese a que, al parecer, se reconoce que se trata de una situación de urgencia cuya situación no puede seguir aplazándose sin riesgo para la seguridad de las personas que se encuentran dentro del CIE de Capuchinos. Nadie asume la responsabilidad, lo que nos parece no sólo irresponsable, sino incluso puede llegar a ser temerario pues, al parecer, se señala el peligro que supone la inactividad que pone al inmueble fuera de control del servicio e implica el incumplimiento de la legalidad vigente.

Pero la inactividad continúa, nadie se hace cargo de la situación, el tiempo pasa lento y la ruina del CIE avanza rápido. Esperemos que, en este caso, se reaccione rápido buscando una salida definitiva de los internos, puesto que el estado de abandono del edificio pone en riesgo la integridad de estas personas y pedimos que se tomen las medidas para evitar esta gravísima situación.

Por todos estos motivos, a través de esta moción urgente, en lo que a nosotros como consistorio nos ocupa, queremos dar traslado aquí a este tema para dar una solución a las graves condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos y, precisamente, por ello pedimos su inmediato cierre para evitar otro nuevo incidente de gravedad que pueda producirse en el interior, afectando a las, ya de por sí, deficientes condiciones que padecen los internos en su interior. Y es que, la gravedad de un nuevo incidente en el CIE de Málaga podría tener consecuencias imprevisibles que, probablemente, nos recordaría la presentación de esta iniciativa con su posible aprobación o denegación.




En atención a lo anterior proponemos la adopción de los siguientes


A C U E R D O S


1º.- Exigir el inmediato cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos, atendiendo a la situación de deterioro del edificio y a las nulas condiciones de habitabilidad en la que se encuentra las personas allí retenidas.

2º.- Que por parte del Área de Urbanismo, se inicien las gestiones oportunas y se finalicen los trámites administrativos en curso, que lleven al cierre y precinto total del centro, puesto que está en riesgo la integridad física de los internos y en atención al interés social, humanitario y a la dignidad de las personas allí encerradas que tan sólo tienen una falta administrativa derivada de su situación irregular.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

El presupuesto del PP asfixia a los ayuntamientos de la provincia y pone en jaque los servicios públicos municipales

1ª valoración presupuesto 2012 de La Diputación de Málaga

Tras un primer estudio del borrador de presupuesto que ha presentado el equipo de gobierno del PP, podemos sacar varias conclusiones nada halagüeñas para los municipios de la provincia.

Es un presupuesto que asfixia a los ayuntamientos y pone en jaque la viabilidad económica de los servicios que prestan a la ciudadanía. Miles de malagueños y malagueñas se van a ver afectadxs por los recortes del PP en la Diputación de Málaga.

El presupuesto de la Diputación asciende a 255.403.000 euros, sufriendo un descenso del 3,3% en relación al año anterior. Los ingresos han descendido de manera importante, cobrando especial relevancia por su volumen, la devolución que Diputación tendrá que hacer al Estado en concepto de participación en los tributos del mismo, que por un error de cálculo por parte del Gobierno, fueron ingresados a la Diputación, y ahora hay que reintegrarlos. Asciende la cuantía de la devolución a más de 13 millones de euros, a pagar en 5 años.

Éramos conscientes de que los ingresos se iban a ver disminuidos, lo que nos resistíamos a creer era que el recorte en el gasto se diera, precisamente en los recursos que se destinan directamente a los municipios de la provincia. El capítulo 4 del presupuesto, destinado a transferencias corrientes, hablando en plata, financiación directa a ayuntamientos se ha reducido en un 40,62%, aproximadamente 20 millones menos que en el presupuesto del año anterior. Mientras que en 2011, las transferencias a ayuntamientos ascendían a 48.073.000 euros (21,36% del total) incrementándose en un 69,29% con respecto a 2010; en 2012, el PP propone reducirlas a 28.546.000 euros (13,12% del total), lo que representa un recorte del 40,62% con respecto a 2011.

Por tanto, el PP ha aplicado la tijera a los recursos destinados a los municipios, que representan, precisamente, la razón de ser de la Diputación. Y aplican la tijera a los municipios, justo cuando el gasto corriente se mantiene prácticamente intacto, con una insignificante reducción del 1,23%.

Más grave aún, si cabe, es la ruptura de la Concertación por parte del equipo de gobierno del PP. La Concertación significó un cambio en el modelo de relación entre ayuntamientos y Diputación, partiendo de la premisa de que la diputación es un ente local que se relaciona de igual a igual con el resto de entidades locales, en tanto gestiona recursos y competencias cedidos, que son propios de los ayuntamientos. Aunque últimamente se haya oído mucho hablar de la Diputación como “ayuntamiento de ayuntamientos” por parte del PP, tenemos que decir que ese modelo de Diputación, que pretenden plasmar a través del presupuesto que van a aprobar, en nada se corresponde con las competencias atribuidas a las diputaciones, y mucho menos con el modelo de concertación que impulsó el anterior gobierno, con el voto favorable de la oposición.

En Abril de 2011, los tres grupos políticos que conformamos la corporación provincial, aprobamos en pleno por unanimidad las asignaciones económicas y técnicas a los municipios que se cargarían al presupuesto de 2012 que ahora se somete a debate. La Concertación significaba un modelo de gestión que aspiraba a reforzar la autonomía local y la transparencia y equidad en la distribución de los recursos entre los municipios de la provincia, alejándose de modelos centralistas y paternalistas, generadores de prácticas clientelares, partidistas y sectarias poco democráticas. A pesar de haber acuerdo plenario, a pesar de que los ayuntamientos tenían una previsión de ingresos con cargo a la Concertación en sus presupuestos, que ahora tendrán que ajustar, significando de facto la inviabilidad de servicios municipales prestados hasta el momento, a pesar de que el presidente de la Diputación del PP ha repetido en numerosas ocasiones el compromiso de mantener la Concertación, a pesar de todo eso: La Concertación ha quedado reducida a 10.640.000 euros, de los 46.408.000 euros que estaban previstos.

Además, hacen una pirueta y por primera vez y de forma novedosa el Plan Provincial de Obras y servicios, utilizado para financiar inversiones en los municipios, se detrae de la Concertación. Aunque se mantiene la cuantía, que asciende a 11 millones de euros, la medida de sacarlo de la Concertación nos hace deducir que en el futuro, también puede modificarse en perjuicio de los ayuntamientos, su modelo de gestión y distribución.

La Concertación se ve reducida para el ejercicio 2012 en 24.000.000 de euros. Es decir, los ayuntamientos van a disponer de 24.000.000 de euros menos para garantizar los servicios municipales.

En el acuerdo de Concertación previsto para 2012, y ahora pisoteado por el PP, el 87,25% de las aportaciones económicas era destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Desconocemos la nueva distribución que se hará en base al recorte y desconfiamos de que el PP tenga voluntad de garantizarlo.

Desde Izquierda Unida consideramos que la prioridad de gasto de la Diputación de Málaga han de ser los municipios, que son los que prestan los servicios más próximos al ciudadano. Por tanto, y siendo conscientes de la reducción de ingresos, planteamos que sean recortadas otras partidas, especialmente aquellas de las que dispone el Presidente para distribuir discrecionalmente a su antojo entre los municipios, y que ascienden a 7.200.000 euros, o aquellas otras de difícil fiscalización, como son “otros gastos diversos”, o las referidas a las partidas de publicidad y propaganda, protocolo y representación. La prioridad ha de ser garantizar los servicios públicos en los municipios.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

PSOE y PP se oponen a impulsar la agricultura ecológica en la Diputación de Málaga

Un diputado socialista se desmarca de la posición de su grupo

El pasado martes 13 de diciembre el grupo provincial de Izquierda Unida presentó la siguiente iniciativa en el pleno de la Diputación provincial de Málaga, con el objetivo de promover la prohibición de los cultivos transgénicos en la comunidad autonómica andaluza e impulsar la agricultura ecológica en la provincia malagueña. Cual fue nuestra sorpresa cuando PP y PSOE se pusieron de acuerdo para tumbarla, con argumentos del tipo "que cada cuál sea libre para cultivar y comer lo que le dé la gana". Un diputado socialista decidió no seguir la disciplina del grupo y votar en coherencia con lo que el grupo socialista ha votado en otras ocasiones, como en la mancomunidad de la Axarquía, donde se acordó con los votos de IU y del PSOE declarar la comarca territorio libre de transgénicos.


En España se sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en contra de la mayoría social y frente a la actitud de precaución adoptada por países como Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia o Italia, que mantienen moratorias y prohibiciones a su cultivo. De hecho, y por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha reconocido la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos.

Pero lejos de ejercer un contrapeso al constante y agresivo lobby de las multinacionales agrobiotecnológicas, se sigue rechazando tratar los asuntos que las organizaciones ecologistas, agrarias y sociales llevan años poniendo sobre la mesa, tales como la falta de transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, o los reiterados casos de contaminación, etc.

Desde hace una década las organizaciones de la sociedad civil denuncian los efectos sociales, ambientales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España. La alimentación y la agricultura libres de transgénicos se encuentran en una situación de indefensión total y abocadas a la desaparición, de no poner remedio inmediato a la actual situación. Frente a las 76.000 ha del maíz transgénico de Monsanto MON 810 que se cultivan en España, la agricultura y la ganadería ecológicas siguen siendo víctimas de las multinacionales.

Nadie pone en duda la grave crisis que está padeciendo la agricultura en el marco de la crisis económica global. Nuestro compromiso con el sector agrario hace que trabajemos para salir de ella, denunciando los motivos de fondo y reivindicando medidas de apoyo.

Parece que en las últimas décadas nos hemos olvidado de la importancia de proteger a la madre Tierra. Los agricultores se sienten responsables sobre la tierra, como ciudadanos, nos deberíamos sentir responsables del legado que dejaremos a las generaciones futuras.

La agricultura ecológica es un modelo generador de empleo, vertebrador del territorio, con proyección de continuidad, productor de alimentos frescos y sanos, respetuoso e integrado en el medio ambiente y garante de un desarrollo rural sostenible. Todo ello, dentro de un compromiso con la sociedad, que exige la garantía de alimentos en calidad y cantidad suficientes, preservando nuestros bienes comunes para las generaciones futuras.

Tras 11 años de cultivos modificados genéticamente, ha quedado demostrado que no tienen mayor rendimiento, ni usan menos insumos y es más, no han solucionado el hambre en el mundo, argumentos que han sido utilizados por quienes quieren tener en sus manos el control de las semillas y la alimentación de la humanidad.

Hemos de apostar por una producción ecológica basada prioritariamente en variedades locales, adaptadas a las condiciones físicas y específicas de cada territorio. La Red Andaluza de Semillas en “ El Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo” afirma “ “ las variedades locales pueden y deben jugar un papel importante en el logro de una mayor soberanía y calidad en la alimentación. Su utilización es imprescindible para hacer efectivo los derechos de los consumidores a preservar su cultura alimentaria y los de los agricultores a producir sus semillas”.

Por lo expuesto, el grupo provincial de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía , propone los siguientes

ACUERDOS

1.- Diseñar y poner en marcha desde la Delegación de Medio Ambiente y Articulación Territorial de la Diputación Provincial y de manera participada, el Plan Anual de la Agricultura Ecológica en la provincia para 2012, con el objeto de fomentar el desarrollo de la misma, mediante la organización de certámenes y ferias agrarias, jornadas formativas y financiación a organizaciones, cooperativas agrarias locales y municipios, entre otras actuaciones provinciales.

2.- Retomar la celebración de la Feria Anual de Productos Ecológicos, dirigida a la exposición, degustación y venta de productos ecológicos de la provincia, que la Diputación provincial venía organizando desde 2008 y que tuvo su última edición en octubre de 2010.

3.- Instar al Parlamento de Andalucía a que proceda a declarar el territorio andaluz libre de siembra de transgénicos, prohibiendo la instalación de estos cultivos en todo nuestro territorio.

4.- Instar al Gobierno de España a que se sume a los países europeos que rechazan los transgénicos y que se prohíba su siembra en el Estado español.

Antonia Morillas
Portavoz de IULVCA en Diputación de Málaga

lunes, 12 de diciembre de 2011

Ni un paso atrás en el 0,7%

Moción que defenderemos desde el grupo provincial de Izquierda Unida en el pleno de la Diputación provincial de Málaga del próximo martes 13 de diciembre, en defensa de las políticas de cooperación internacional y del mantenimiento de la dedicación del 0,7% del presupuesto de la Diputación a las mismas.

La Federación de Coordinadora de ONGD de Málaga “Málaga Solidaria” nos ha trasladado su malestar por el pasado acuerdo plenario de suprimir la convocatoria que se publicó el pasado 5 de Mayo dicho malestar se plasma en el siguiente comunicado:

“La Federación Coordinadora de ONGD de Málaga “Málaga Solidaria” hace pública su disconformidad con la decisión del Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Málaga que niega las ayudas prometidas a las contrapartes locales en los países empobrecidos con las que las ONGD estamos trabajando.
Consideramos que el equipo de gobierno actual de la Diputación con esta negativa a la ayuda internacional, en contra de su nomenclatura de “Área de Igualdad” establece una jerarquía entre las personas pobres distinguiendo pobres de primera (los que están entre nosotros) y pobres de segunda (los que viven lejos), y que es éticamente reprobable que esta distinción esté basada en la proximidad geográfica, cuando el tema de la pobreza tiene unas dimensiones que sobrepasan con mucho nuestras fronteras como Europa, España y no digamos como provincia.

Consideramos que unos diez mil beneficiarios con los que trabajamos en los países empobrecidos se quedarán sin los proyectos que nos han pedido presentar a nuestra Diputación y no se les permitirá poner en marcha las acciones de desarrollo previstas.

Consideramos que con esta negativa del Partido Popular de la Diputación a la ayuda internacional, tomada unilateralmente y a destiempo con respecto a la resolución de la convocatoria 2011, contradice su nomenclatura de “Área de participación” porque en ningún momento (inclusive cuando hemos estados sentados con la nueva corporación) se ha hecho participes las ONGD, responsables antes sus contrapartes de los países empobrecidos, de que Diputación suprimiría la partida de Cooperación Internacional aunque en su programa electoral se lea que: Se considera que “una moderna cooperación al desarrollo debe involucrar al conjunto de la sociedad, sus empresas, universidades, instituciones, fundaciones y ONG”

Consideramos que el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga del Partido Popular al negarse a la ayuda al desarrollo proyecta una imagen de retroceso en los avances de la cooperación descentralizada que las ONGD comenzaron en su día con las acampadas pidiendo el 0,7%.

Consideramos que el discurso “ Primero nosotros luego los demás” es un discurso fácil de usar en tiempo de crisis pero radicalmente insolidario, que denota una alta dosis de insensibilidad hacia los que en crisis llevan viviendo toda su vida y que se ven castigados por el simple hecho de que están lejos.
Consideramos inadmisible que para ocultar políticas absolutamente insolidarias, se utilicen argumentos que ponen en entredicho la labor de las ONGDs que desarrollamos proyectos de cooperación en el sur, dejando entrever de manera perversa falta de transparencia y rigor en la justificación de las ayudas. Se acusa al gobierno anterior de adjudicar subvenciones a proyectos sin criterios, cuando realmente se han hecho bajo normativas de libre concurrencia competitiva con criterios de valoración establecidos previamente y no por adjudicación directa y sin ningún tipo de concurrencia ni normas de presentación, tal y como se pretende hacer ahora (a diez organizaciones mencionadas).

Queremos dejar claro, que las ONGD somos los primeros y mayores interesados en velar por el destino y la utilización de los fondos públicos y, para ello, nos dotamos de medidas de control y seguimiento interno, que permiten trasladar al resto de la sociedad el resultado de nuestras intervenciones, desde el más riguroso compromiso de rendición de cuentas.

Recordamos la moción que este año todos los grupos políticos malagueños firmaron en el mes de mayo abril en la diputación de Málaga a favor del pacto por la pobreza y en contra de los recortes que el gobierno de España, el gobierno de Zapatero, había hecho en la AOD.
Recordamos la trayectoria de Cooperación de la Diputación, unos 14 años en los que ha estado participando de la Cooperación Internacional y apoyando proyectos de las ONGD, estando gobernada por unos y otros. Esta trayectoria es el reflejo de una sociedad malagueña solidaria, que ahora se corta de forma tajantemente y unilateralmente”.


Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Provincial de IULV-CA propone los siguientes

ACUERDOS:


1. Solicitar a la Presidencia de la Excma. Diputación de Málaga que entre en diálogo con la Coordinadora “Málaga Solidaria” y las ONGD cuanto antes para aclarar la política que piensa llevar en relación a Cooperación Internacional desde esta institución y los efectos que esta decisión puede tener, así como retomar un diálogo que creíamos instaurado con la nueva corporación, pero que ha sido barrido por una inesperada decisión tomada unilateralmente. Así como pedimos que se finalice el proceso de convocatoria que se publicó en el BOP el pasado 5 de mayo de 2011.


2. Cumplimiento de la moción institucional con fecha 2 de noviembre de 2010 de cumplir las recomendaciones de las Naciones Unidas y dedicar el 0’7 % de los presupuestos de esta Diputación a Cooperación Internacional.




En Málaga a 5 de Diciembre de 2011
Antonia Morillas González
Portavoz del grupo provincial de IULVCA

El ámbito local como espacio para la defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa que presentamos hoy, 12 de diciembre de 2011 para su consideración en la Comisión Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, en relación al Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la adhesión a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad.


Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de Derechos Humanos, sigue siendo un poderoso instrumento para transformar el planeta.

Fue ésta la primera vez en la historia en la que un documento alcanza el rango de valor universal siendo aprobado por una organización internacional. Fue también la primera vez que se estipularon con todo detalle los derechos humanos y las libertades fundamentales. Iniciativa que logró un apoyo generalizado en el momento de su aprobación. La Declaración representó un hito mundial en la larga lucha por los derechos universales de hombres y mujeres.

La aprobación de la Declaración Universal fue, en gran medida, producto del ferviente deseo de paz en el período posterior a la segunda guerra mundial, fue redactada por representantes de todas las regiones y tradiciones jurídicas del mundo, y gracias a ese consenso, ha sobrevivido a la prueba del tiempo y ha resistido ataques basados en el “relativismo”.

Por esto la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, asegurando por medidas progresivas de carácter internacional y nacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.

Desde 1948, la Declaración Universal se ha traducido a más de 200 idiomas y sigue siendo uno de los documentos de derechos humanos más conocido y citado en el mundo. Con el transcurso de los años, la Declaración se ha utilizado para la defensa y promoción de los derechos de los pueblos, y las Naciones Unidas han posicionado la Declaración en el centro de un marco de principios y obligaciones que modifica las relaciones dentro de la comunidad internacional, y provee un patrón común a las Naciones Unidas, en las áreas de paz, asistencia humanitaria, desarrollo sostenible, y progreso social y económico.

Esta Declaración continúa inspirando la lucha por los derechos humanos en todo el mundo y es por eso que siempre debemos reivindicarla y hacerla nuestra.

La DUDH debe ser entendida como un compromiso por la Dignidad y la Justicia para todas las personas. Todos debemos comprender que la Declaración no es un lujo ni una lista de deseos, sino un compromiso entre los gobiernos y sus ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen el derecho de exigir que se respete este compromiso.

Desde la aprobación de la Declaración Universal, la pobreza prevalece como el mayor problema de derechos humanos del mundo. La lucha contra la pobreza, las privaciones y la exclusión no es una cuestión de caridad y no depende de cuan rico sea un país.

La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta dualidad la pobreza es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos del mundo, por tanto ningún fenómeno social es tan amplio en su agresión a los derechos humanos como la pobreza. La pobreza desgasta o anula los derechos económicos y sociales tales como el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua potable, y el derecho a la educación. Lo mismo cabe decir de los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a un juicio justo, la participación política y la seguridad de la persona. Ese reconocimiento fundamental está dando nueva forma al enfoque de la comunidad internacional en lo que respecta a la próxima generación de iniciativas de reducción de la pobreza.

Los derechos humanos tienen una dimensión no sólo global sino también local. Por lo tanto, los municipios son un espacio donde desarrollar a través de nuevos cauces de democracia participativa y representativa la dimensión local de los derechos humanos.

El actual contexto de estancamiento e incluso, en ocasiones, de retroceso en la aplicación efectiva de los derechos universales, lleva a reclamar a las ciudades un mayor protagonismo y responsabilidad en esta tarea.

En este sentido surgió en el año 2000 la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, un documento que contribuye a impulsar la función de liderazgo de las ciudades en la defensa y protección de los derechos humanos. Este documento ha sido ya suscrito por 350 ciudades de Europa, incluidas las principales de España (Madrid, Barcelona, Valencia...).

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, a propuesta de Izquierda Unida, en el año 2008 “Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta” ante la falta de cumplimiento de este acuerdo volvimos a plantear su creación en el año 2010, donde este acuerdo volvió a ser ratificado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento.

A día de hoy, Málaga sigue sin aparecer en la lista de ciudades firmantes de este acuerdo, y no tenemos noticias de que haya creado dicha comisión.

La firma de esta carta no es un hecho simbólico, sino un compromiso por parte del Ayuntamiento a adaptar su ordenamiento a los principios y normas, así como los mecanismos de garantía contemplados en esta Carta.

Este hecho es importante, ya que hemos de recordar que este mismo año, algunas de las normativas aprobadas por este Ayuntamiento han sido denunciadas por grupos de juristas por incumplir los principios de esta Carta Europea. En concreto la conocida como “ordenanza de convivencia” fue denunciada por la Sociedad Andaluza de Juristas “Grupo 17 de marzo” por vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión, además de por criminalizar a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etcétera.

Hechos como este, sumados al constante aumento de personas en riesgo de exclusión desde el inicio de la crisis, y a la constatación que Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a una vivienda, todavía hoy están lejos de poder realizarse en la ciudad de Málaga, nos obliga otro año más a reafirmar nuestro compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, a fin de tomar las medidas políticas oportunas para poder alcanzar su cumplimiento.

En base a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- Asumir el ámbito local como un espacio idóneo para una mayor participación ciudadana y social en lo político y en lo referente a la reclamación de los derechos universales, que son integrados en el concepto de derechos humanos de proximidad o derechos de ciudadanía.

2.- Reafirmar nuestro compromiso de apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU como mecanismo para erradicar la pobreza del planeta y de esta forma profundizar en el respeto de los derechos humanos, asumiendo la necesidad de divulgar el valor de unos y otros en el municipio.

3.- Seguir Manteniendo una relación permanente con otros municipios para compartir acciones, prácticas y políticas que hagan avanzar a los derechos humanos en sus múltiples ámbitos, así como diseñar estrategias comunes para combatir la pobreza.

5.- Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.

Antonia Morillas González
En Málaga a 02 de diciembre de 2011

sábado, 26 de noviembre de 2011

Insistimos: Sus recortes son violencia

La primera vez que tuve conciencia de la existencia de la violencia machista y de que esta era ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo, apenas tenía 7 años. Recuerdo a mis padres ayudando a una amiga a escapar, huyendo con sus hijos, sin decir adónde, ni siquiera a su familia, por miedo a que su marido pudiera enterarse y fuera a por ella. Recuerdo que tiempo después, fuimos a visitarla y la recuerdo oteando permanentemente a su alrededor, con miedo de pisar la calle y que él pudiera aparecer en cualquier momento.

Cuando les pregunté a mis padres que por qué había escapado, me explicaron las humillaciones y agresiones físicas a las que aquel hombre la sometía. Al preguntar por qué, ellos me respondieron que porque ella era mujer, y él pensaba que era suya y podía hacer con ella lo que quisiera. En ese momento tomé conciencia de que yo, también era mujer, y por tanto expuesta a la violencia machista por el hecho de serlo.

Cuando ayer, día de la conmemoración de la lucha contra la violencia machista, salieron algunos informes de los que suelen proliferar en estos días, un titular llamó mi atención: “El 80% de los jóvenes cree que en la relación, ella debe complacerle a él”.

Entre los resultados destacaban que el 80 por ciento de las personas entrevistadas cree que la chica debe complacer a su novio, el 40 por ciento piensa que el chico tiene la obligación de protegerla a ella y el 60 por ciento está de acuerdo en que los celos son normales en una relación.

Del estudio también se derivaba que la percepción de los jóvenes es que las mujeres son más adecuadas para profesiones "feminizadas", como la educación infantil, la enfermería o la peluquería, mientras que ellos son más mejores para la conducción o la arquitectura. Ven negativo que una mujer aspire a ser camionera o que un hombre se dedique a la peluquería. Algo está fallando, cuando las consignas socialmente aceptadas entre los más jóvenes, establecen funciones y cualidades diferenciadas a razón del sexo y relaciones desiguales y de dominación entre los hombres y las mujeres.

El actual retroceso en la socialización de valores igualitarios entre hombres y mujeres no puede ser explicado haciendo balance cuantitativo del número de campañas institucionales realizadas, o del número de llamadas atendidas para prestar “asesoramiento”, ni del número de talleres de yoga para mujeres. Sin denostar tales acciones, ni menospreciar la función que desempeñan en el marco de las políticas para la igualdad que se impulsan desde los poderes públicos, me parecen insuficientes para ofrecer luz sobre los retrocesos que en materia de igualdad se están produciendo, y pueden despistar e impedir que conozcamos las razones últimas de la desigualdad a razón del género, de la opresión que el sistema y sus cómplices ejercen sobre las mujeres.

El actual retroceso tiene mucho que ver con la reformulación del modelo económico y político y de sus Estados, bajo las premisas neoliberales y patriarcales, dispuestas a eliminar cualquier tímido avance en materia de bienestar común, de derechos y equidad. Y también, tiene que ver mucho con la consolidación de formas de vida y relación desiguales y atomizadas, con el debilitamiento de los instrumentos colectivos para el ejercicio universal de los derechos de ciudadanía.

La creación de servicios públicos permitieron avanzar en la socialización del trabajo de cuidados y en la asunción por parte de los poderes públicos de una parte de las tareas que las mujeres veníamos teniendo atribuidas socialmente a razón del género. Aún así, desde las voces y movimientos feministas, continuábamos insistiendo en la necesidad de garantizar su carácter público y su universalidad, de mejorar su calidad, de crear nuevas prestaciones y nuevas redes de servicios públicos que fueran instrumentos para el ejercicio efectivo de derechos por parte de todxs, y también de las mujeres.

Ahora, esos servicios públicos están en jaque. Los recortes que los partidos neoliberales han perpetrado a raíz de la crisis, haciendo caso omiso a los dictados de la Comisión Europea, el Banco Mundial y el FMI en todo lo relativo a las políticas de ajuste presupuestario, reformas del mercado de trabajo recortando derechos y precarizando las condiciones de acceso y permanencia en el empleo y las privatizaciones de sectores estratégicos, no hacen sino aumentar y diversificar las formas de explotación y opresión, la de clase, la de género, de étnia, etc. , multiplicar las desigualdades y hacer aún más lejana su superación.

Las mujeres llevamos en crisis mucho tiempo, desde mucho antes de que esta fuera decretada por poderes políticos y económicos. Desde mucho antes las mujeres ya veníamos haciendo equilibrismos para organizar la economía doméstica para llegar a fin de mes. Mucho antes las mujeres veníamos asumiendo las más altas tasas de temporalidad y precariedad en el empleo, con mucho mayor riesgo de estar desempleadas. Pero este apretón de tuercas a las de siempre, a los de siempre, viene a ser un redoble de campanas: reducción de gasto social, pauperización de la educación pública, recortes en sanidad, servicios sociales y ley de dependencia, expulsión del sistema de millones de familias que están en el desempleo y no perciben ningún ingreso o el que perciben ni siquiera alcanza para pagar la hipoteca, reducción de los recursos destinados a promover la igualdad, etc. Estos recortes no son ni más ni menos que “violencia de estado” contra todxs, y en primer lugar, contra las mujeres.

La desigualdad es el caldo de cultivo de la violencia machista, en tanto aquella exista, seguirá existiendo la violencia machista, mutando sus formas de expresión quizá, pero manteniendo sus efectos sobre las mujeres, en permanente situación vital de riesgo. Por tanto, la inversión en igualdad tiene necesariamente que ser la prioridad política de los poderes públicos, si estos aspiran a proveer de bienestar a sus miembros. Invertir en igualdad no puede quedar en el mantenimiento o no de una partida presupuestaria, que también, invertir en igualdad, tiene que implicar otro sistema económico, político y social, en el que se inviertan las prioridades y los sujetos, se transformen sus formas de organización y de legitimación social.

Insistimos: sus recortes, son violencia

viernes, 25 de noviembre de 2011

Ya sabemos por dónde vienen los recortes del PP

El PP elimina las ayudas públicas para cooperación internacional en la Diputación provincial
El equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación provincial ha eliminado las ayudas económicas a ONGD,s de la provincia. A 660.000 euros, distribuidos en tres partidas presupuestarias, ascendía la convocatoria pública a ONGD,s de la provincia que se venía haciendo anualmente desde la Oficina de Cooperación Internacional . 660.000 euros destinados a proyectos de cooperación internacional, acciones humanitarias y derechos humanos, educación al desarrollo y sensibilización social en el ámbito de la provincia de Málaga.

Dichas ayudas públicas financiaron durante la pasada legislatura un centenar de proyectos. Proyectos para mejorar las redes de atención primaria sanitarias en países como Ecuador, para la construcción de viviendas en Colombia, en el Sáhara o en la India, o proyectos para la prevención de la violencia en niños, niñas y jóvenes en comunidades rurales del Sur. Estos solo son algunos de los proyectos que venían financiándose y apoyándose desde la Diputación provincial, a través de organizaciones no gubernamentales afincadas en la provincia de Málaga.

Durante 2007, 2008, 2009 y 2010 ONGD,s reconocibles en la provincia por la labor que vienen desarrollando desde hace años, y diversas en su composición y en sus formas de entender la cooperación internacional, tales como Manos Unidas, Médicos del Mundo, Fundación Vicente Ferrer, Madre Coraje, ASPA, Al Quds, Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto o CIC-Batá entre otras, han accedido a través de convocatoria pública y por tanto, de libre concurrencia, a los recursos públicos que la institución provincial dedicaba a saldar la deuda histórica con el Sur, en especial, interviniendo en zonas en situación de emergencia y en países con violaciones flagrantes de los derechos humanos como es el caso de Palestina o el Sáhara.

Las Bases de la Convocatoria pública ya habían sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el pasado 5 de mayo, las ONGD,s ya habían presentado sus proyectos y estaban a la espera del fallo, que había de resolverse en el presente mes de noviembre. Cuál ha sido la sorpresa del grupo provincial de IU cuando en vez de encontrarnos la resolución de las bases de convocatoria, nos hemos encontrado con su eliminación (a través de modificación presupuestaria), y con la dedicación de dichos recursos a gasto corriente de la Diputación (316.000 euros) y a colectivos de la provincia(344.000 euros), que han sido seleccionados de manera discrecional y arbitraria por el equipo de gobierno del PP.

En el pleno de Diputación del 24 de noviembre, ha quedado constancia de por dónde vienen los recortes del PP: primero eliminaron las transferencias a los ayuntamientos para hacer presupuestos participativos, luego intentaron amortizar plazas de trabajadores sin negociación previa con los mismos, más tarde denunciaron convenios con centros de atención a mayores y personas discapacitadas y ahora, eliminan las políticas de cooperación internacional.
Desde el grupo provincial de IU queremos manifestar que:

1. El PP intenta enfrentar a los pobres del SUR con los del NORTE
Con el argumento de que es prioritario atender a los más desfavorecidos de la provincia, en vez de a los de otras partes del mundo, el PP ha intentado justificar la eliminación la política de cooperación. Con una estrategia miserable y éticamente cuestionable, que no pretende otra cosa que enfrentar a los pobres del Norte con los pobres del Sur. De la misma manera que enfrentan a trabajadores autóctonos e inmigrantes. Desde Izquierda Unida entendemos que la Diputación ha de incrementar los recursos destinados a la cobertura de las necesidades sociales en la provincia y redoblar los esfuerzos en promoción del empleo y servicios sociales, sin embargo, no podemos ni compartir ni entender que vaya en detrimento de las políticas de cooperación internacional. ¿Por qué recortar en cooperación? ¿Por qué no se recortan los gastos superfluos que aún tienen muchas administraciones? ¿Por qué no hacen desde el Gobierno de la Nación una reforma fiscal progresiva que permita mayores ingresos a la administración pública, y por tanto garantías plenas de cobertura social?

2. El PP elimina la cooperación, justificando que no es competencia propia

El segundo argumento empleado por la vicepresidenta IIIª del PP para eliminar la cooperación de la agenda política de Diputación, ha sido que esta no es competencia propia según la Ley de Autonomía Local Andaluza. No se ha leído la vicepresidenta del PP ni el Estatuto de Andalucía, ni el Plan Director de Cooperación española ni el Consenso Europeo sobre Cooperación Internacional, donde queda claramente establecido el papel que los gobiernos locales y provinciales han de jugar como sujetos activos de las políticas de cooperación, las cuales incluyen las estrategias de sensibilización y educación social sobre las desigualdades Norte/Sur. En los 90, todo el Estado y en particular Málaga, vivió fuertes movilizaciones ciudadanas reclamando que el 0,7% de los presupuestos públicos de todas las administraciones se destinaran a políticas de cooperación y solidaridad. Recordemos la Acampada del 96 en Málaga que a tanta ciudadanía sensibilizó y movilizó.

3. El PP opta por las subvenciones directas en vez de por la convocatoria públicaEl PP no solo ha eliminado la convocatoria pública, sino que ha optado por distribuir de manera discrecional 344.000 euros a 10 colectivos, algunos de los cuáles venían obteniendo financiación a través de la Convocatoria pública. No tenemos nada en contra de dichos colectivos, al contrario, creemos que realizan una justa labor en la provincia, sin embargo, defendemos que tengan las mismas oportunidades de acceso a los recursos públicos que los demás colectivos de la provincia, que con la eliminación de esta convocatoria, no tendrán derecho a acceder a los recursos públicos de la Diputación provincial, que son de todos.

viernes, 11 de noviembre de 2011

El Ayuntamiento de Málaga suprime el Convenio con "Mujer Emancipada"

La Casa de Acogida de Mujeres con Adicciones en riesgo por la falta de financiación


El grupo municipal de IULVCA ha denunciado el anuncio del concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga de suprimir el convenio suscrito con la Asociación “Mujer Emancipada”, que significa poner en cuestión la viabilidad económica y la continuidad de la Casa de Acogida de Mujeres con adicciones.

Dicho Convenio se suscribió por primera vez en 1.998, con una dotación presupuestaria de 67.000 euros anuales. Tras quince años de funcionamiento de la Casa de Acogida, que ha permitido atender a más de 300 mujeres con problemas de adicciones y en situación de exclusión social recibiendo los servicios de manera totalmente gratuita, su viabilidad económica está en cuestión debido a los recortes del área de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga. De las plazas existentes en la Casa de Acogida, solo 2 eran conveniadas con la Junta de Andalucía, por lo cuál, la supresión del Convenio con el Ayuntamiento significa recortar la fuente principal de financiación del único servicio de acogida a mujeres drogodependientes que existe en la ciudad de Málaga.

La concejala de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha afirmado que el Ayuntamiento sí tiene competencias en servicios sociales especializados de ámbito local, que la toxicomanía es un servicio social especializado y que una casa de acogida es un equipamiento contemplado por la Ley Andaluza de Servicios Sociales. Por tanto, “el concejal de derechos sociales no puede abstraerse de las responsabilidades que el ayuntamiento tiene en materia de servicios sociales, y mucho menos crear una situación de indefensión en un sector social tan vulnerable y excluido, como son las mujeres con adicciones”.

Asimismo, la concejala ha criticado que el Plan de Intervención sobre la Prostitución, cuya elaboración inició el Ayuntamiento tras la polémica generada por la Ordenanza de Convivencia, cuya implementación implicó una oleada de multas a prostitutas en las calles de Málaga, “está metido en un cajón: sin debate político ni ciudadano, sin ejecución y sin presupuesto”. “Suponemos que para el Ayuntamiento la elaboración de aquel plan solo tenía un carácter instrumental para acallar las críticas sociales que suscitó la Ordenanza”. IU asegura que continúan las multas a prostitutas, amparándose en la Ordenanza de Convivencia, y ello, a pesar de que esta está recurrida.

“El Ayuntamiento ha optado por la vía prohibicionista, vertiendo cargas punitivas sobre las víctimas de la prostitución, que son las mujeres, en vez de por la intervención social y el trabajo comunitario con las mujeres, como bien demuestra la supresión del Convenio con Mujer Emancipada” ha sentenciado la concejala. Izquierda Unida considera incomprensible que se dé por finalizado un convenio con una asociación, como “Mujer Emancipada” que viene funcionando desde 1995 y cuyo trabajo se ha centrado en el colectivo de mujeres que ejercían la prostitución en las calles de Málaga.

Inicialmente La Asociación comenzó a realizar un trabajo de calle, centrado en la distribución de preservativos entre esta población, una medida que además de fomentar la prevención, permitía los primeros contactos directos con las mujeres y la posibilidad de dar información sobre recursos. A través de esta experiencia se comprobó el gran deterioro físico de las mujeres y el elevado consumo de drogas dentro de este colectivo, por lo cuál se puso en marcha, en colaboración con el ayuntamiento, la Casa de Acogida a Mujeres con Adicciones.

La concejala de Izquierda Unida ha registrado una pregunta, a petición de la Asociación “Mujer Emancipada”, que será formulada en la Comisión de Derechos Sociales el próximo lunes 14 de noviembre. “Pretendemos que D. Francisco Pomares rinda cuentas de sus intenciones para el próximo año, que ya trasladó a la junta directiva de la Asociación en el mes de septiembre, y que nos explique cómo va a cubrir el trabajo que venía desarrollando la Asociación”. “Solo esperamos que aún haya espacio para la rectificación y que los recortes en materia social no sean el común denominador de la propuesta de presupuestos municipales para 2012”.
ha concluido.

sábado, 15 de octubre de 2011

15o, calentando motores

Del malestar sufrido en silencio, al malestar visible, vociferado, multitudinario.
Esa es la potencia del 15o, millones de personas que se autoconvocan a manifestarse frente a los ataques del neoliberalismo. Mientras los partidos neoliberales pactan los sacrificios de las clases trabajadoras, toda una multitud está diciendo “esta crisis no la pagamos”.

Cuando el mantra de la ineludible necesidad de ajustes estructurales se había instalado en televisiones, radios y periódicos, y hasta en las conversaciones de bar, señalando como única y factible salida de la crisis, los recortes en gasto público y la precarización del empleo, se ha producido una interferencia. Una interrupción de ese discurso hegemónico, que tras el populista verso de la “austeridad”, legitimaba acciones de gobierno antidemocráticas. Esa interferencia se ha prolongado en el tiempo, y de la sucesión de una serie de movilizaciones puntuales pero masivas, se ha pasado a un movimiento global, que se articula, que se organiza, que tiene capacidad de coordinar acciones unitarias y que construye colectivamente y visibiliza un discurso antagónico, propositivo, que no quiere quedarse en discurso, que aspira a ser hecho, o lo que es mismo, que aspira a trasformar la realidad, presionando a los gobiernos para que giren sus políticas en beneficio de la ciudadanía, construyendo prácticas políticas solidarias y democráticas, que no solo cuestionan la relación Estado-Mercado, sino que plantean nuevos modelos de organización del Estado, un nuevo sentido de lo “público”, con el protagonismo central de la ciudadanía.

Esas son las dos fuerzas que están operando en el actual contexto de precarización social. Simplificando: Democracia o Mercados, Ciudadanía o Banca, Derechos o Recortes. Por eso, se vuelve urgente organizarse, concentrar fuerzas, demostrar la capacidad de lucha y de propuesta de los sectores sociales expulsados a la exclusión múltiple. Tender puentes y construir alianzas desde las luchas concretas entre todxs aquellxs que se oponen a los recortes y exigen justicia, redistribución y democracia, desde los movimientos ciudadanos, los antiguos y los nuevos, el sindicalismo reivindicativo, las organizaciones políticas y sociales.

La movilización de hoy, va a ser un revulsivo para el movimiento, y va a visibilizar la potencia de la indignación, la potencia de la propuesta. Los responsables políticos deben tomar nota y adquirir compromisos, eso sí, ante notario, para evitar el oportunismo de aquellos que durante años han impulsado políticas neoliberales y ahora manifiestan sensibilidad con las mismas propuestas a las que han votado en contra en el pasado reciente.

Nos vemos esta tarde en la mani de Málaga,a las 18h en la puerta del ayuntamiento, cargadas de ilusión y de rebeldía. Alegría para luchar, organización para vencer.

miércoles, 12 de octubre de 2011

IU pide a Bendodo que se comprometa con el Centro de Acogida de la Diputación

Los trabajadores del centro temen que el ente provincial no siga manteniéndolo el próximo año

El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga ha reclamado al presidente de la institución provincial, Elías Bendodo, que se comprometa con el mantenimiento del Centro Básico de Acogida, "aclarando las dudas e incertidumbres de los trabajadores".

Los diputados provinciales Miguel Díaz y Pedro Fernández y la portavoz del grupo, Toni Morillas, han visitado este martes éste y otros centros especializados y han trasladado la "incertidumbre" que tienen los trabajadores respecto al futuro de estas instalaciones.

El convenio que mantiene la Diputación con la Junta de Andalucía finaliza en marzo de 2012, momento en el que el ente provincial debe negociar el nuevo acuerdo, "adaptando los servicios a las nuevas necesidades detectadas y a las reformas legislativas que han tenido lugar en los últimos años y que afectan especialmente a uno de los programas que se venía prestando desde el Centro Básico de Acogida, el de acogida inmediata".

La portavoz de IU en Diputación ha planteado al equipo de gobierno del PP que, junto a la oposición, se aborde el contenido del futuro convenio, "tomando como base de trabajo los preacuerdos alcanzados durante el mandato anterior y respetando dos premisas: la primera, que los programas de acogida inmediata de menores, de residencia habitual y de acogida a madres adolescentes deben de seguir prestándose y la continuidad de la plantilla".

En el primer caso, ha puntualizado Morillas en un comunicado, se deben tener en cuenta las necesidades y demandas de la provincia adaptándose a los cambios normativos, de modo que el conjunto de las instalaciones puedan ser aprovechadas. En cuanto a la plantilla, ha recordado que está compuesta por 71 trabajadores, "cuyas funciones pueden ir adaptándose a las necesidades del servicio y reorganizando los equipos de trabajo".

CAMBIOS LEGISLATIVOS

Los cambios en la legislación estatal han provocado que en el caso de los menores de tres años se opte por la vía de la acogida familiar, en lugar de en centros especiales. Esto ha significado una reducción en el número de usuarios del centro y, por tanto, "un desajuste en la plantilla, compuesta en un tercio por puericultoras".

"Es necesario que la Diputación, previa negociación con los trabajadores, vele por la continuidad del centro, garantizando la prestación de nuevos servicios en la negociación del próximo convenio con la Junta de Andalucía y garantizando los actuales puestos de trabajo, que en su mayoría son interinos", ha apostillado la portavoz de IU.

Los diputados de la coalición de izquierdas han reiterado la necesidad de que "no haya recortes en prestación de servicios sociales ni en política de personal".

Europa Press

viernes, 12 de agosto de 2011

IU condena la actuación policial contra el 15M y exige el cierre del CIE

zquierda Unida de Málaga, a través de su parlamentario andaluz y coordinador provincial, José Antonio Castro, condena rotundamente la brutal actuación policial que en la madrugada y la mañana del 8 de agosto se ha realizado, por parte de la Policía Nacional, para desalojar la concentración pacífica ante el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Plaza de Capuchinos, en la ciudad de Málaga, convocada por el movimiento 15-M para protestar por la detención arbitraria de inmigrantes que son confinados en dicho centro.

El coordinador provincial y parlamentario de IU considera necesaria "una aclaración sobre la intervención policial", ya que la actuación para desalojar a los indignados "no se debía de haber producido y fue exagerada e indiscriminada", por lo que anunció que IU registrará una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Ministerio del Interior informe de los motivos que han llevado a esta intervención policial desproporcionada y dé explicaciones sobre el hecho de que policías antidisturbios que intervinieron en el desalojo no llevaban sus placas identificativas.

José Antonio Castro, que no descarta pedir la dimisión del Subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, señaló que "esta represión contra el movimiento 15-M que se ha caracterizado por su actitud cívica y pacífica, y que con el desalojo ha sufrido una actuación desproporcionada, contrasta con la permisividad del Ministerio del Interior ante agresiones de la policía municipal de Fuengirola contra inmigrantes que ejercen la venta ambulante.


Por su parte, la portavoz de IU en la Diputación de Málaga y concejala de la capital, Toni Morillas, señaló que dicho desalojo se produjo con saña y violencia por parte de los agentes de policía, con un resultado de nueve heridos. "Quiero manifestar, continuó Morillas, nuestra solidaridad con todos los ciudadanos agredidos, y condenar sin paliativos la carga policial, ordenada por el Ministerio de Interior en Málaga, contra los indignados".

"En democracia, la respuesta ante la crítica de una ciudadanía activa que sale a la calle a protestar no puede ser nunca policial, sino el diálogo. Ayer fue un día triste para Málaga, que recordó viejos tiempos en nuestro país. La función de la policía no debería ser la de reprimir el derecho a la crítica y a la manifestación", subrayó Morillas.

La concejala de IU volvió a exigir al gobierno el cierre del CIE de Capuchinos, una auténtica cárcel que no reúne unas mínimas condiciones de dignidad donde encierran arbitrariamente a ciudadanos extranjeros, y destacó que, según las leyes, no tener la documentación en regla supone sólo una falta administrativa y nunca un delito, por lo que cada vez son más las voces que exigen el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.

Por último, Toni Morillas anunció que el grupo municipal de IU presentará una moción de condena de estos hechos en la comisión de derechos sociales del mes de septiembre y recordó que el pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad una moción de IU en la que se exigía el cierre del CIE y se condenaban algunos hechos que allí se han producido. Asímismo, la portavoz de IU en Diputación ha anunciado que su grupo presentará en el pleno de septiembre de Diputación una moción en el mismo sentido, con la que se pretende posicionar a la institución supramunicipal a favor del cierre de los centros de internamientos de extranjeros y a poner en marcha desde aquella instrumentos que fortalezcan los movimientos de migrantes en la provincia, así como políticas inclusivas dirigidas a la población migrante en situación de exclusión social en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

jueves, 21 de julio de 2011

López Nieto y Salomón Castiel: ¿fichajes estrella?

Exigencia de transparencia en los nombramientos y retribuciones de los cargos de confianza en la Diputación provincial

En relación a este primer mes de la nueva corporación, Toni Morillas, portavoz de IU en la Diputación provincial, ha señalado que el PP ha entrado como un elefante en una cacharrería. "Están dedicando el 80% de su tiempo a la propaganda electoral y el 20% a gobernar. Están pensando más en las próximas convocatorias electorales que en gobernar la diputación".

El PP ha incumplido la promesa electoral que hizo de reducir el 50% de los cargos de confianza. "Están intentando simular algunos de los peores vicios del ayuntamiento de Málaga" ha insistido Morillas. Primero, creando la figura de directores generales que no figuraba anteriormente entre los cargos de confianza, que solo ejercían tareas de asesoramiento técnico. Segundo, creando la famosa orquilla de 47.000 a 95.000 euros para 4 de los 51 cargos de confianza, que no solo permite que cargos de confianza reciban retribuciones por valor de 95.000 euros (cerca de 20.000 euros más de lo que cobra el presidente de la Diputación) sino que además, significa un ejercicio de oscurantismo por parte del PP, en tanto no se han dado a conocer los salarios concretos de cada uno de estos cargos de confianza.

Morillas ha criticado los nombramientos de López Nieto como Director General de Deportes y de Salomón Castiel como Director General de Cultura. “Ambos vienen de ser altos cargos del ayuntamiento de Málaga, el primero de la Empresa Pública Málaga Deportes y Eventos, el segundo de la dirección del Festival de Cine y del Teatro Cervantes”.

López Nieto ha estado a punto de ser nombrado gerente de la Empresa Málaga Deportes y Eventos y de la Fundación Deportiva Municipal, por los cuales percibiría retribuciones superiores a los 85.000 euros. De hecho, las negociaciones del PP con López Nieto se han debido de complicar tanto, que han obligado a que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal málaga Deportes y eventos, que estaba convocado formalmente para el miércoles 20 de julio, con el único punto de nombramiento de López Nieto como gerente, fue desconvocado con urgencia. Intuimos que López Nieto será el cargo de confianza que más cobre de la Diputación provincial. Nos preocupa el impacto que la figura de López Nieto pueda tener en la gestión deportiva de la diputación, ya que este ha sido actor partícipe y relevante del proceso de privatizaciones de equipamientos deportivos en la ciudad.

En el caso de Salomón Castiel, el desconcierto y la exigencia de transparencia es aún mayor, si cabe. Ya que en los últimos días ha habido declaraciones contradictorias en cuanto a su permanencia en su anterior puesto de Director Artístico de la Mostra de Cinema de Valencia. "Preguntaremos en el próximo pleno a Francisco Oblarés, que aclare si Castiel compatibilizará ambos trabajos y ambos sueldos, tal y como este último ha declarado" se ha comprometido la portavoz. No deja de llamar la atención que sea precisamente el exdirector del festival de Cine de málaga, que tan criticada y cuestionable gestión ha hecho del mismo, el que pase a dirigir las políticas culturales del ente provincial. "El PP tendrá que justificar ante la ciudadanía ambos nombramientos y no creo que les valga el repetido argumento de que son fichajes estrella" ha finalizado.

martes, 19 de julio de 2011

No siempre las mismas palabras sirven para nombrar las mismas cosas

I Crónica de la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Renta básica, Rumbo a Gaza y Democracia participativa


Hoy he asistido por primera vez a una Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, en representación de IU.Y hay dos aspectos, que vistos por un agujerito desde afuera, llaman la atención: el primero, que es una comisión en la que de sus 7 miembros, 5 somos mujeres, sin embargo la presidencia y la vicepresidencia de la comisión, la ocupan Francisco Pomares y Julio Andrade (sobra decir que son los dos únicos hombres de la comisión). El segundo aspecto llamativo es que, a pesar de ser una comisión abierta a lxs vecinxs, estxs solo tienen la oportunidad de hablar y hacer escuchar a lxs políticxs sus demandas, en el último punto de ruegos y preguntas, cuando ya está tó el pescao vendío.

La comisión se ha iniciado con un alto grado de acuerdo político. Hemos acordado exigir a la Junta de Andalucía que tramite la tantas veces prometida Ley de Inclusión Social, en la que se recoge el derecho a la renta básica para algunos supuestos de exclusión social. Insistimos en aquello a lo que se refería el Defensor del Pueblo Andaluz en su última conferencia en el Colegio de Trabajo Social de Málaga, cuando hablaba de los nuevos excluidos del sistema, de aquellos que han sido expulsados por la crisis económica y de la urgencia de poner en marcha una ley para la inclusión social que incluyera mecanismos de fortalecimiento de los servicios públicos y de la intervención social y el derecho subjetivo a una renta básica, como nueva medida económica redistributiva. Se ha acordado también, instar a la Junta de Andalucía a que abra un nuevo fondo con carácter extraordinario, para ayudas de emergencia social. Primer round superado con acuerdo.

Entramos en un nuevo punto de debate: ahora nos toca a Izquierda Unida llevar la iniciativa. Y lo hacemos apoyando la Iniciativa Social Rumbo a Gaza, por la valentía y el compromiso militante expresado en la II Flotilla de la Libertad, en la que tres compañeros malagueños, junto a otros activistas internacionales, se embarcaron con el propósito de introducir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y se vieron impedidos para partir, por la negativa del Gobierno griego, que durante varios días hizo caso omiso a las presiones de Israel. Aunque la Flotilla ha conseguido navegar, tras encierros, huelgas de hambre, movilizaciones …continua siendo necesario exigir al gobierno que garantice la seguridad de la flotilla ante las posibilidad de ataques por parte de Israel. La Comisión se ha comprometido a exigir el levantamiento del bloqueo de la Franja de Gaza que se prolonga ya cinco años, y que supone una violación flagrante de los derechos humanos. Segundo round superado con acuerdo.

Volvemos a tomar la iniciativa. De hecho, el PP ha presentado una moción, y el PSOE ninguna. Esta vez lo hacemos con la pretensión de comprometer al ayuntamiento en el desarrollo de medidas concretas que permitan el ejercicio efectivo del derecho a la participación política y social. Intentábamos así que la institución fuera permeable al sentimiento de indignación expresado en las calles y las plazas. Un sentimiento de rabia e indignación que cuestiona este sistema democrático, y reclama poder, poder para decidir el designio de sus vidas, sus barrios y sus ciudades. Y hemos propuesto dos medidas, insuficientes por supuesto, pero necesarias para abrir en el marco institucional del ayuntamiento, el necesario debate sobre la profundización democrática y la imperiosa necesidad de que la democracia esté al servicio de los derechos de las mayorías sociales.

Presupuestos participativos, entendidos como derecho político, y por tanto universales, vinculantes, en tanto han de comprometer las decisiones políticas posteriores, autorreglamentandos, fruto de las diversas formas de autoorganización social de la ciudad y de las normas construidas y consensuadas entre estas; con sistemas de transparencia y control, rendición de cuentas y asambleas ciudadanas. Esta ha sido la primera propuesta que hemos hecho, y que no ha encontrado el acuerdo entre los tres grupos políticos.

La segunda propuesta comprometía al ayuntamiento a celebrar consultas con carácter vinculante sobre temas sensibles y estratégicos para la ciudad. Les preocupaba al PSOE y al PP el carácter vinculante y autorreglamentado de los presupuestos participativos y de las consultas. Intentábamos explicarles que democratizar la democracia implica abrir nuevos espacios de toma de decisiones para la ciudadanía. Que lo que la gente está reclamando en las calles es poder decidir, y que por tanto, un proceso que no vincula las decisiones del gobierno, es un acto como mucho, de buena voluntad, pero que en ningún caso modifica ni transforma las relaciones de poder asimétricas que se producen en la sociedad en general y en nuestra ciudad en particular. Participar y decidir es un derecho político de ciudadanía, un ejercicio de soberanía y democracia, no otorgado ni concedido, si no más bien, exigible y reclamable.

El Autorreglamento…debate ampliamente tratado en las redes de municipios y movimientos estatales e internacionales, tales como la Red FAL de municipios por la Inclusión Social y la Democracia Participativa. El prefijo auto- aporta una dimensión diferente al acto de reglamentación, un valor añadido, que contiene toda una visión política del para qué y el cómo de la democracia participativa. Democracia participativa como modelo de gestión, en el cuál, las normas que regulan su funcionamiento, se construyen colectivamente, desde los diálogos, prácticas comunes,interacciones, disensos y consensos entre las distintas iniciativas, movimientos, asociaciones y actores sociales de la ciudad. Colectivos, ciudadanía que participa a título particular,, han de tener espacios asamblearios y de delegadxs en los que se elaboren, debatan y aprueben las normas y mecanismos para la participación democrática en la ciudad. No pudimos llegar a acuerdo.

La Democracia participativa, aunque ahora suene más fuerte, porque su clamor viene de las calles, lleva años siendo enunciada, primero desde las izquierdas políticas y sociales latinoamericanas y europeas, posteriormente desde organismos internacionales, desde algunos de los cuales en su asunción, han transformado sus sentidos, objetivos y procesos. Por ello no es baladí reivindicar la transformación de las relaciones de poder a través de la ampliación y universalización de los sujetos que conquistan mayores capacidades para tomar decisiones sobre los asuntos de lo público, como un principio irrenunciable en la democratización de la democracia. No siempre las mismas palabras, sirven para nombrar las mismas cosas. Hoy lo hemos comprobado: voto en contra del PP, abstención del PSOE.

Echo el cierre de esta primera crónica de comisiones municipales, con la intención de darle continuidad, y de que de alguna manera, sirva como herramienta de difusión de los debates políticos que se producen en ese espacio, en el que se toman decisiones que nos afectan, y que con tanta frecuencia nos parecen lejanos, ocultos, absurdos cuando no desconocidos.

Cierro con la propuesta que un vecino ha trasladado en el último punto de ruegos y preguntas de la comisión. Se podrían poner las comisiones por las tardes, para que pueda venir la gente. Algo tan sencillo, y que se torna tan complicado: que las comisiones en las que se deciden temas relevantes que nos afectan, se convoquen en horarios que faciliten la participación de vecinas y vecinos. Tan sencillo, que solo requiere de voluntad política. Tanto nos queda por construir…

sábado, 16 de julio de 2011

COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Resolución acordada en el I Encuentro de concejales y concejalas de Izquierda Unida en la provincia de Málaga

Constatamos que este modelo de democracia representativa es un modelo obsoleto. No solo no incluye ni beneficia con sus acciones de gobierno a las mayorías sociales, sino que además, las excluye de la toma de decisiones acerca del modelo de desarrollo y de sociedad que se quiere, y que tiene su concreción en las políticas públicas que se priorizan desde los gobiernos.

Por ello, el programa de Izquierda Unida, en su aspiración de ser herramienta para la transformación de la sociedad hacia un modelo justo, igualitario, sostenible y democrático, incluye la Democracia participativa como eje central de desarrollo y vertebrador de toda nuestra acción pública, como modelo de gestión de lo público, que se define y articula por su carácter ciudadanista. Queremos regresar al sentido originario de lo que significa ser cargo público, que no es otra cosa, que representante de la ciudadanía y catalizador de las voluntades de esta. Por tanto, se han de garantizar los mecanismos para que dichas tareas de representación de la voluntad popular puedan desarrollarse.

Por ello, nos comprometemos a impulsar las siguientes acciones desde los ayuntamientos en los que IU tiene representación:


1. Garantizar el acceso a la información sobre actividades, obras, servicios, ayudas, contrataciones y recursos económicos de que dispone la Administración local a los grupos de la oposición y a la ciudadanía.

Comisiones de contratación con participación y acceso a los expedientes de todos los grupos políticos y con difusión pública de las decisiones.
Publicación en web (así como a través de otros medios de comunicación locales) de las decisiones que emanen de plenos, juntas de gobierno local, así como de otros organismos autónomos y empresas municipales. La información se traducirá a un lenguaje accesible para el conjunto de la ciudadanía, de modo que el derecho a la información sea realmente garantizado.
Poner los plenos de la corporación y las comisiones informativas en horarios que faciliten la asistencia y participación de la ciudadanía. Asimismo, la documentación estará disponible para ser consultada con suficiente antelación.

2. Garantizar la rendición de cuentas periódica por parte de la corporación municipal.


 Puesta en marcha de las Asambleas públicas como herramienta de control social de la política municipal, que con una periodicidad trimestral, tendrán como objeto que los miembros del equipo de gobierno y de la oposición rindan cuentas de su trabajo, de las decisiones adoptadas, ejecución de proyectos y compromisos.


3. Garantizar la participación directa en la toma de decisiones de la ciudadanía

> Diagnóstico social participado

Nos comprometemos a realizar un diagnóstico de las necesidades y demandas que existen en el municipio, contando con las visiones y percepciones del conjunto de la ciudadanía, de manera que puedan detectarse las necesidades y anhelos prioritarios, para posteriormente, emprender acciones de gobierno que satisfagan los mismos. Nos importa el resultado del diagnóstico, porque este nos va a permitir obtener una radiografía social del municipio más certera que nos servirá de hoja de ruta durante la legislatura, pero nos interesa sobre todo el proceso colectivo, en tanto este sea participativo (abierto al diálogo políticos-técnicos-ciudadanía// ciudadanía-ciudadanía), inclusivo(los sectores sociales excluidos han de ocupar un papel protagonista) y ciudadanista (con herramientas concretas que garanticen la universalidad del proceso). Las conclusiones de este primer diagnóstico nos servirán para abordar las cuestiones políticas priorizadas desde los servicios municipales.

Diseño de las normas compartidas para la participación ciudadana: autorreglamentación

Nos comprometemos a diseñar y decidir de manera participada, universal y vinculante las normas, cauces y mecanismos para que la ciudadanía tome parte en las decisiones municipales, de manera que sean los propios vecinos y vecinas los que decidan las normas colectivas que guiarán los diversos procesos de participación ciudadana en el municipio, viniendo a sustituir los clásicos reglamentos de participación ciudadana, que se han mostrado ineficaces. Dichas normas se harán extensivas a los distintos procesos puntuales de planificación que puedan abordarse en el municipio (planes estratégicos, planes de ordenación urbana, plan de empleo local, plan de igualdad…). La corporación municipal ha de ratificar dicho reglamento, comprometiéndose en su desarrollo.

Puesta en marcha de los Presupuestos Participativos, con carácter universal, deliberativo, vinculante y autorreglamentado.

En el actual estado en el que se encuentran los presupuestos municipales, es más relevante aún que cuando había una mayor capacidad económica, que estos sean diseñados y priorizados de manera participada. Lo primero que cabe hacer es abrir una fase informativa acerca del estado de cuentas del ayuntamiento, mediante material divulgativo y asambleas de barrio y/o de municipio.

Nuestro compromiso político implica que todo aquello que sea susceptible de ser sometido a decisión vecinal, lo sea. Y que sea la propia ciudadanía la que discuta y decida el destino de los paupérrimos recursos municipales, así como de aquellos que provengan de otras administraciones. En este sentido, es especialmente importante que cualquier ajuste o recorte pase a discusión vecinal.

En este apartado, es necesario marcar dos líneas diferenciadas de trabajo para aquellos ayuntamientos que ya vienen desarrollándolos (Alameda, Humilladero, Casabermeja, Archidona y Ardales) y para aquellos que se comprometen ahora a ponerlos en marcha.

Gestión participada de servicios, equipamientos públicos y medios de comunicación municipales

No solo nos comprometemos a recuperar, mantener y fortalecer el carácter público de los servicios de competencia municipal, sino que nos comprometemos a poner en marcha espacios ciudadanos que permitan la participación en la organización, prestación y control de los servicios municipales. Los consejos ciudadanos ligados a cada servicio tendrán que estar vinculados al presupuesto participativo, marcándose su composición, tareas y normas de participación en el proceso de elaboración del autorreglamento,

El compromiso de IU es que dichos consejos ciudadanos, además de tener la capacidad de fiscalizar, tengan la capacidad de diagnosticar, proponer y participar en la cogestión del servicio o el equipamiento (por ejemplo, en Alameda, la asamblea joven cogestiona con el ayuntamiento el presupuesto de juventud y la nave de ocio juvenil, de cuya apertura y programación de actividades es responsable).

Participación vecinal en los Consejos de administración de las empresas municipales y organismos públicos.

Se pondrán en marcha mecanismos para que la ciudadanía, de forma directa pueda elegir a través de asambleas, representantes vecinales en los consejos de administración.

Celebración de consultas vinculantes sobre temas sensibles para el municipio.

Sobre aquellos temas sensibles en el municipio, que provoquen conflicto y cuya resolución tenga implicaciones estratégicas para el mismo, se someterán las distintas opciones políticas a consideración popular mediante sufragio.

Málaga, 16 de julio de 2011

domingo, 26 de junio de 2011

28J día de la dignidad LGTB

Recomiendo su lectura en los días previos a la celebración del Día del Orgullo LGTB. La mejor manera de preservar derechos es enunciar nuevas reivindicaciones, construidas desde la exclusión del colectivo, al margen de los estereotipos y las imágenes mercantilizadas.

No olvidemos que el PP, el partido más votado en estas pasadas elecciones, tiene recurrida en el Tribunal Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Lo que nos obliga a continuar tomando nuestro cuerpo como espacio de reivindicación y acción política frente a los mecanismos de control social. No deja de sorprender que mientras tienen recurrida una ley que supuso una importante conquista de derechos civiles, no se sonrojen y acudan presurosos, a situarse en la primera fila de la pancarta del orgullo a hacerse la foto. Esto pasa en málaga, chicxs...Málaga is different


http://www.juventudes.org/resoluciones-y-comunicados-auxmenu-94/724-la-juventud-comunista-por-un-orgullo-mas-reivindicativo-y-antipatriarcal

Discurso del grupo provincial de IU en la constitución de la Diputación provincial

En primer lugar, nos gustaría felicitar a todos los grupos políticos por los resultados electorales obtenidos, al PP y a Elías Bendodo por su elección como presidente y dar las gracias, muy especialmente, a las 83.517 personas que han confiado en el proyecto político de Izquierda Unida. A ellas nos debemos y esperamos ser útiles en la labor de oposición, de la misma manera que lo hemos sido en la acción de gobierno con Miguel Esteban y Encarnación Páez a la cabeza.

Esta Corporación se constituye en un momento de crisis del sistema capitalista con escasos precedentes históricos y con un alcance y duración impredecibles. Una crisis provocada por los poderosos, por las oligarquías financieras y sus políticos cómplices, cuyo principio de acumulación y de obtención del máximo beneficio ha provocado que hoy, alcancemos las más altas tasas de desigualdad social y económica. Hoy, gracias a las políticas neoliberales, los ricos continúan siendo más ricos, a costa de los derechos de las clases trabajadoras, que hemos pasado a engrosar las largas filas de la exclusión social, el paro y la precariedad.

Políticas como la Reforma Laboral o la Reforma del Sistema de Pensiones han sido hechas mirando a los bolsillos de los mercados en lugar de a los ojos de la ciudadanía, laminando el mal llamado Estado del Bienestar, destruyendo derechos conquistados por nuestras madres y nuestros padres y cargando sobre las espaldas de lxs trabajadorxs la responsabilidad de una crisis que no hemos generado y de un modelo del que no nos hemos beneficiado. Esta provincia tiene una de las mayores tasas de desempleo del Estado: un 31% de malagueños y malagueñas están en paro. Y ante esta dramática cifra, las políticas articuladas han pasado por asfixiar a los ayuntamientos que son precisamente las instituciones más próximas al ciudadano.

Al mismo tiempo, asistimos a una de las mayores crisis de legitimidad del actual modelo de democracia representativa. Una democracia, cuyos instrumentos de intervención política se han mostrado manifiestamente insuficientes y ante los cuales la ciudadanía está rebelándose. Por fin está rebelándose. Rebelándose ante un sistema que solo reclama su opinión cada 4 años en procesos electorales, en el que los programas-contrato con los que los partidos se presentan a las elecciones carecen de carácter vinculante, al tiempo que las decisiones que afectan a la vida cotidiana de la gente en sus barrios, sus pueblos y sus centros de trabajo, se adoptan en esferas multinacionales que escapan al control democrático, con el beneplácito y la complicidad de los máximos responsables políticos de nuestros gobiernos.

¿Qué legitimidad democrática tienen, por ejemplo, la Reforma del Sistema de Pensiones, no contemplada en los programas electorales de los partidos que le dieron su voto favorable en el Congreso de los Diputados? ¿Qué legitimidad democrática tiene, ese Pacto del Euro, que va a comprometer a los gobiernos en la reducción de los gastos sociales y sanitarios, convirtiendo a nuestros alcaldes en meros funcionarios a las órdenes de Bruselas?

Afortunadamente hemos entrado en una escalada de movilizaciones sociales.
Las voces de indignación que se han escuchado en las calles en este último mes al son de no nos representan o lo llaman democracia y no lo es, están trasladando un mensaje claro a las instituciones y a los representantes políticos que estamos en ellas. Un mensaje que no puede pasar inadvertido y del que esta Diputación provincial debe hacerse eco y tomar nota. Un mensaje que señala a los culpables de la crisis, a sus cómplices en las instituciones y que reclama la política como un derecho de ciudadanía. El Movimiento del 15M, que tomó las plazas y ahora está extendiéndose a pueblos y barrios de las ciudades ha sacado tarjeta roja al sistema y ha marcado una agenda política, que han de hacer suya los representantes electos del pueblo, que son los tan criticados políticos. Una agenda política que sitúa la necesidad de la radicalidad democrática en su sentido más amplio como una prioridad inaplazable, como la única garantía de que la política esté al servicio del interés general, que no es otro que el interés de las mayorías sociales, trabajadoras y precarias.

Y esa va a ser la hoja de ruta de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga, tal y como lo ha sido durante los años en los que hemos participado en el gobierno provincial, desde la coherencia máxima con nuestro programa político y el compromiso expreso con el municipalismo solidario. Nuestra oposición va a ser contestataria, radical, porque va a ir a la raíz de los problemas de la ciudadanía en nuestra provincia, rigurosa y constructiva.

Nuestras prioridades las tenemos claras y llevamos construyéndolas y defendiéndolas desde hace tiempo:

1. La Democracia participativa. Como proceso y apuesta estratégica, que exige la apertura de reformas de las administraciones públicas que pasen por la desaparición de las diputaciones provinciales en beneficio de agrupaciones comarcales y por una mayor descentralización económica y competencial hacia las corporaciones municipales, de manera que garanticemos la prestación de servicios públicos, la cohesión social, la solidaridad y el equilibrio territorial.

No obstante, mientras que las Diputaciones existan, desde Izquierda Unida continuaremos defendiendo que la prioridad de la Diputación malagueña sea la prestación de servicios públicos, la asistencia técnica y económica a los municipios de la provincia y muy especialmente a los menores de 20.000 habitantes, que no solo son la mayoría de la provincia, sino que además, son los que mayor déficit de recursos y servicios a la ciudadanía tienen.

En esa línea de profundización de la descentralización y de la democracia, continuaremos apostando por la consolidación y mejora de la Concertación, como modelo de gestión y relación con los ayuntamientos, basado en el diálogo, la horizontalidad y la cooperación en red, que tanto ha servido en esta pasada legislatura al reforzamiento de la autonomía local en la definición de prioridades a las que destinar los recursos públicos. Asimismo, entendemos la Concertación como un proceso de descentralización democrática que ha de ir más allá de los propios ayuntamientos y ha de llegar a la ciudadanía que habita nuestros pueblos, de modo que sea esta la que a través de la implantación de los presupuestos participativos, discuta y decida el destino de los recursos públicos, también de aquellos que provienen de las arcas de la Diputación provincial, que al fin al cabo, provienen del mismo sitio: de los bolsillos de las ciudadanas y ciudadanos.

2. La apuesta por el empleo y por el cambio profundo en el modelo productivo de la provincia. Apostaremos por la continuidad del Acuerdo de Responsabilidad Social por la economía, la innovación y el empleo en la provincia. Entendiendo que desde el diálogo con los agentes institucionales, sociales y económicos, es posible marcar estrategias colectivas que promuevan la diversificación de la actividad productiva y la generación de más empleo, más estable y de mejor calidad en la provincia.

3. La defensa del derecho a una vivienda digna y asequible, impulsando la construcción de viviendas públicas a través de EMPROVIMA

4. La defensa de unos servicios públicos de calidad, eficientes y sostenibles que garanticen el acceso universal a los mismos. Nos opondremos a cualquier política de austeridad que pase por la eliminación o reducción de los servicios públicos que esta Diputación presta a los municipios de la provincia.

5. Continuaremos exigiendo que la gestión de los residuos y de un bien tan preciado como el agua, siga haciéndose desde lo público. Oponiéndonos a cualquier intento de privatización.

6. La apuesta por las políticas de fortalecimiento comunitario y de vertebración social en los municipios de la provincia que hasta el momento eran impulsadas desde las Áreas de Juventud, de Medio Ambiente o la Oficina de Presupuestos Participativos, abanderando la puesta en marcha de procesos de Democracia Participativa.

7. La defensa de las políticas de solidaridad con los pueblos del mundo, con aquellos que han sido expoliados por las políticas de ajuste estructural y por la desigualdad distribución de la riqueza. Continuaremos apostando por fortalecer el tejido no gubernamental de la provincia y las políticas de cooperación descentralizada, ahora más que nunca, pues la crisis ha acentuado más si cabe, las diferencias Norte-Sur.

Por último, trasladarle al equipo de gobierno entrante del PP que vamos a estar alerta, que vamos a fiscalizar con detalle su gestión. En la medida que apuesten por lo público, por las políticas activas de generación de empleo y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en nuestros municipios, nos encontrará a su lado. Pero si por el contrario, apuestan por la privatización y por la política de tierra quemada por las que han optado en otras administraciones en las que gobiernan, encontrarán nuestra oposición más beligerante.



Málaga a 23 de Junio de 2011

sábado, 16 de abril de 2011

REPÚBLICA, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DERECHOS HUMANOS

El alcalde de Málaga fue presidente de la Diputación franquista


El 14 de abril, militantes de Izquierda Unida, del PCE y de las asociaciones por la memoria organizamos diversos actos de homenaje a las víctimas del franquismo, a los miles de malagueños fusilados durante la guerra civil y durante las primeras décadas de la Dictadura fascista, a todos y todas las que lucharon por la República, por la democracia, por los derechos y avances políticos que la República significó para el pueblo. Homenajeamos a los represaliados por el fascismo, a los y las que tuvieron que exiliarse, a las mujeres que los fascistas raparon y pasearon, humillándolas, por las calles de málaga.

Por la mañana el , UJCE, PCE e IU realizaron una ofrenda floral en el Cementerio de San Rafael, donde se estima que yacen los restos de más de 4.000 malagueños fusilados, teniendo el triste honor de ser la mayor fosa común de toda España. Por la tarde, participamos en el Homenaje realizado en el mismo sitio por la Asociación “Contra el Silencio y el Olvido”, finalizando por la tarde con el despliegue de la bandera republicana en C/ Larios y manifestación por la IIIª República hasta los jardines que homenajean a Pedro Luis Alonso, alcalde franquista responsable de la depuración política en el Ayuntamiento de Málaga en los primeros años de la Dictadura.

Sin embargo, en este 80 Aniversario de la IIª República española, el mejor homenaje que podemos hacerles a las víctimas del fascismo, es coger el testigo de su lucha, que es la nuestra, y ponernos manos a la obra en la construcción de la IIIª República. ¿Cómo hacerlo? Situándolo como prioridad en la agenda política y hacerlo como lo hicieron los republicanos y republicanas en el 31: mediante un programa político que aglutine en torno a él a las fuerzas sociales y políticas republicanas, trabajadoras, anticapitalistas.

Impulsemos con fuerza un planteamiento rupturista con el Consenso del 78, con el Pacto del Olvido que supuso una modificación en las formas de dominación y a partir del cuál, las víctimas del Franquismo fueron las grandes olvidadas e invisibilizadas en la democracia. Un consenso que fue alcanzado por la hegemonía de los sectores reformistas del franquismo y por convencimiento de buena parte de los movimientos populares democráticos de que dichos acuerdos iban a significar la conquista de derechos políticos, como el sufragio, la libertad política y sindical, el derecho a huelga y la conquista también, de mecanismos que iban a garantizar el derecho a una vida digna, como el derecho al trabajo, la vivienda o la educación.

Sin embargo, hoy podemos ver como esos derechos conquistados y reconocidos en la Constitución Española son duramente violentados, mediante acuerdos políticos y medidas legislativas que impiden su ejercicio y disfrute. ¿Qué quedó del derecho a una vivienda digna, cuando 1.700 familias han sido desahuciadas en málaga solo durante el último año? ¿Qué quedó del derecho al trabajo cuando el desempleo no frena su crecida y la precariedad se ha hecho hegemónica en las condiciones de vida de lxs trabajadores?

Podemos ver también como los instrumentos de intervención y organización política conquistados en el 78 están puestos en entredicho, como claramente manifiesta el alto grado de desafección política existente en la sociedad española. El PP ganó las últimas elecciones municipales en Málaga con un escaso 51% de participación.

Por ello, porque nuestros derechos están siendo violentados y porque los instrumentos políticos conquistados se han mostrado ineficaces en gran medida, es necesario construir la alternativa. Una alternativa que plantee una nueva forma de Estado, La República; una nueva forma de gobierno, la democracia participativa; y todo ello articulado en base a un programa político que tenga como eje vertebrador la garantía del ejercicio universal de los Derechos Humanos.

Según la Constitución española, todas y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a participar directamente en los asuntos de lo público, sin embargo, tenemos un jefe de Estado que es el Rey, que no es elegido democráticamente, cuya figura es inviolable y no está sujeta a responsabilidad alguna y tenemos un modelo democrático que no garantiza la satisfacción de las necesidades colectivas de las mayorías sociales, ni el derecho a la participación política directa. Por ello, los jóvenes que no participamos del consenso del 78, hemos de reclamar la necesidad de un nuevo proceso constituyente que nos lleve a la IIIª República con Democracia Participativa; y reclamamos también nuestro derecho a la memoria, a conocer la historia de nuestro pueblo, la historia real de nuestra tierra.

Tuvieron que pasar cerca de 30 años para que el Congreso de los Diputados aprobara una Ley de Memoria Histórica, una ley totalmente descafeinada que no plantea medidas que garanticen el reconocimiento individual y colectivo a las víctimas de la Dictadura y que carece de mecanismos que garanticen su cumplimiento. El Ayuntamiento de Málaga es uno de los centenares que en España incumplen con la Ley de Memoria Histórica, existiendo más de 50 calles y plazas que conservan nombres de fascistas, responsables de persecución política y fusilamientos. Sin ir más lejos, el PP malagueño se opuso en el mes marzo a que un parque de la ciudad llevara el nombre del último alcalde republicano, Eugenio Entrambasaguas, fusilado el 6 de marzo de 1.937, días después de la toma de málaga, al tiempo que los jardines del Ayuntamiento conservan el nombre de Pedro Luis Alonso, falangista y alcalde durante el primer periodo de la Dictadura en Málaga. Esta posición política no es casualidad, quizá tenga que ver el hecho de que Francisco de la Torre sea de los pocos cargos políticos en España que lo fueron también durante el franquismo. En el caso del alcalde malagueño, fue presidente de la última Diputación franquista.

El grupo parlamentario de IU presentó el pasado 13 de abril una propuesta de ley para la Memoria Histórica en Andalucía, que encontró los votos en contra de los grupos popular y socialista. En la propuesta, que no podrá ser ni tan siquiera debatida por los votos en contra de su tramitación del PP y el PSOE, se incorporan propuestas para garantizar las exhumaciones e identificación de restos, para declarar nulos los juicios del franquismo y para garantizar el conocimiento y la divulgación de la memoria democrática en Andalucía, los hechos acaecidos durante la guerra civil, la dictadura y la transición.

Sin duda nos queda mucho por hacer. De momento, el compromiso expreso de IU a trabajar por la IIIª y por la recuperación de la memoria en Málaga, eliminando todas las referencias públicas a los fascistas, creando el Museo de la Memoria en los antiguos edificios de la Prisión Provincial, difundiendo entre lxs más jóvenes la historia de lxs olvidadxs en la ciudad de Málaga.

Viva la IIª República! Vamos a por la IIIª!