jueves, 22 de diciembre de 2011

Exigimos la declaración en ruinas del CIE de Capuchinos y su cierre inmediato

Hoy el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, presentamos la iniciativa que a continuación reproduzco, con el objetivo de que el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga sea declarado en ruinas, y por tanto, cerrado inmediatamente.


En España existen 10 centros de internamiento de extranjeros, donde muchos inmigrantes son encerrados como presos únicamente por haber cometido una irregularidad administrativa: no tener la documentación que se les exige para residir y trabajar en nuestro país. A la situación de injusticia en la que se encuentran estas personas siendo privadas de libertad sin haber cometido delito alguno, hay que añadir las nefastas condiciones en que estas personas son retenidas en estos centros y que han conllevado numerosas denuncias por parte de instituciones como el Defensor del Pueblo, observadores de la Unión Europea, organizaciones no gubernamentales, y partidos políticos, entre otros colectivos.

La situación de los Centros de Internamiento en Andalucía no es mejor, al contrario, siendo el CIE de Capuchinos en Málaga uno de los pocos existentes, el más antiguo, y probablemente uno de los que más escándalos ha provocado en nuestra ciudad con numerosos incidentes y de enorme gravedad. En este sentido podríamos destacar las denuncias por abusos, condiciones ruinosas del centro por la antigüedad del edificio y las continuas reformas, incendios, suicidios e intentos de suicidio, malas condiciones higiénico - sanitarias, hacinamiento, problemas con el estado de las comidas, con la atención sanitaria, ausencia de intérpretes y trabajador /a social, etc.

Hay que señalar las numerosas trabas puestas a las organizaciones sociales para acceder al centro y evaluar las condiciones del mismo y los internos, así como corroborar la corrección de las graves deficiencias, o las mejoras anunciadas por el gobierno central y que, en su mayoría, siguen pendientes año tras año o, simplemente, no son posibles ante el gravísimo estado de ruina del edificio.

La urgencia de esta moción se justifica en el informe recientemente presentado este pasado jueves 15 de diciembre de 2011 por la Red Euroafricana MIGREUROP sobre el estado de los CIEs, que comprende también el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos (Málaga). La visita a partir de la cuál se elaboró la parte de Málaga tuvo lugar en Junio de 2011, y la comisión que realizó la visita la componían representantes de Andalucía Acoge, APDHA, Ingenieros Sin Fronteras y Médicos del Mundo.

El pasado jueves 15 de diciembre de 2011, dos días después de que se anunciara el precinto de nuevas zonas en mal estado, la red euroafricana Migreurop, formada por 38 asociaciones de 13 países, presentó un informe con los resultados de la visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos en Málaga, que reveló condiciones infracarcelarias para las personas en este Centro.

Por este motivo, pidieron el cierre de los mismos por no garantizar los derechos fundamentales de los internos, carecer de planes de seguridad y por la precariedad y deterioro en sus instalaciones. Las deficientes condiciones de las instalaciones del CIE de Málaga, fueron calificadas como escandalosas por el reducido espacio y falta de luz, así como de climatización o calefacción, entre otras carencias.

Desde que Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos tiene ese uso, allá por 1990, este ha sido denunciado como una aberración por los defensores de los derechos humanos, a lo que se suman circunstancias arquitectónicas en las que el paso del tiempo no perdona.
El último capítulo se ha vivido esta última semana, cuando la Policía Nacional anunciaba que precintaba la zona de las perreras y las dependencias de los agentes de la Unidad Especial de Guías Canino por motivos de seguridad. La Comisaría Provincial y la Subdelegación del Gobierno de Málaga insistieron en que la seguridad de los internos y de los funcionarios estaba garantizada, pero esta incidencia no es para nada puntual. El edificio fue construido en el siglo XVII como un convento de los Franciscanos Capuchinos, pero en los siglos XIX y XX, tras la Desamortización, pasó a ser un cuartel que incluso los ocupantes militares abandonaron antes de que se les viniera encima. En 1990, unas reformas permitieron que se convirtiera en el actual CIE y sólo dos años después llegaron los problemas que se han repetido una y otra vez, ante el asombro generalizado de los colectivos ciudadanos.

Málaga Acoge denunció ante el Juzgado Decano, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo el estado de las instalaciones y el Gobierno accedió a mejorarlas. Entre 1992 y 1993, se denunció la inexistencia de un reglamento interno, la ausencia de servicios sociales y de un servicio sanitario permanente para los internos. La situación era tal que los familiares y los letrados de los internos tenían dificultades para realizar visitas. Las instalaciones no contaban con personal femenino para atender a las internas.

El propio Defensor del Pueblo pudo comprobar cómo los internos permanecían diariamente encerrados mientras el patio estaba vacío. La causa real es que no había agentes para vigilarlos. Las condiciones de limpieza no abundaban, se cenaba bocadillo sí o sí y los muebles prácticamente no existían. Un año después, cerca de medio centenar de internos se declararon en huelga de hambre por las condiciones del centro, la mala calidad y escasez de la comida y ausencia de elementos de ocio para los internos. Otra vez el Defensor, en 1997, denunció la falta de espacio y las deficiencias.

El Gobierno destinó entonces 20 millones de pesetas para unas obras que no llegaron hasta el año 2000 por problemas presupuestarios. Finalmente se invirtieron 85 millones de pesetas que sirvieron para aumentar las plazas de 74 a 125, crear tres módulos y un segundo patio. También se aseguró la instalación de un sistema de detección de incendios tras tres aparatosos incidentes.

En abril de 2003, la Fiscalía de Málaga denunció que los internos vivían en peores condiciones que en una cárcel. Cinco policías para 135 internos, hacinamiento y el uso de un solo patio eran algunas de las quejas que no surtieron mucho efecto. La Fiscalía repitió estos términos en 2006, año en el que se preveían 300.000 euros para eliminar las humedades del centro.

El Defensor del Pueblo asegura que lo mejor que le puede pasar al centro de Capuchinos es que lo cierren, mientras desde IU denunciábamos que muchos internos tenían que comer de pie por falta de espacio y que en la zona de mujeres había problemas de agua caliente. La humedad ganaba terreno y el Gobierno, tras admitir en agosto de 2006 carencias en el centro, anunció que construiría uno nuevo.

El año pasado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) realizó una exhaustiva inspección que concluía con una sentencia: No podemos asegurar la vida y la integridad física de los internos ni de los policías que ocupan el edificio. El SUP aseguró que había dos módulos clausurados por amenaza de ruina por orden de la Dirección General de la Policía. Las zonas no eran ni son útiles, pero sí que se localizan junto o sobre otras que sí lo son. Las imágenes que entregaron a la prensa siguen siendo sobrecogedoras. Una caldera de gas bajo las habitaciones de los internos, humedades, basura, techos apuntalados, suelos y techos arqueados o escaleras que se hunden eran algunos de los ejemplos. Las palomas ocupaban entonces una de las dependencias clausuradas.

El fiscal delegado de Extranjería en Málaga, ha considerado que un país como el nuestro no puede permitirse tener un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) como el de Málaga. El fiscal ha hecho hincapié en que los internos son personas que están en peores condiciones que las que se encuentran en centros penitenciarios.

No sólo han sido ONG de defensa de derechos humanos o el Movimiento 15-M. El pleno del Ayuntamiento de Málaga, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras instituciones, han solicitado a lo largo de los últimos años el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, en Málaga, salpicado de episodios polémicos que revelan insalubridad e internamientos en condiciones indignas. En un clima de rechazo social casi unánime al CIE de Capuchinos, la Policía precintó el martes 13 de diciembre parte de sus instalaciones ante el riesgo de desplome revelado por un informe de la Dirección General de Policía. Las deficiencias detectadas se encuentran en fachadas, tejados y elementos estructurales del edificio.

Entre los representantes que acudieron a visitar el centro el pasado mes de junio para realizar el informe se encontraban técnicos profesionales de la Asociación Ingeniería sin Fronteras, que al describir el estado en el que se encuentra este edificio, fueron tajantes: Es inviable seguir parcheándolo, hay que cerrarlo de inmediato. El edificio está para echarlo abajo. Hay que cerrarlo definitivamente.

Son muchas las voces que han pedido que desaparezca el CIE de Capuchinos, que cuenta con menos derechos que una prisión, como aprobó el pleno del Ayuntamiento de Málaga, en mayo de 2008 a través de una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida.

Por otro lado, parecer ser que, según algunas informaciones que nuestro grupo ha recibido, este inmueble que alberga el CIE de Capuchinos, no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) tras la visita que realizaron técnicos municipales al mismo. La Gerencia Municipal de Urbanismo, al parecer, inició un expediente a este edificio. No sabemos exactamente si existe una resolución o si se dictó una orden de ejecución de medidas urgentes de seguridad, para lo que el Ayuntamiento de Málaga, suele conceder un tiempo máximo de un mes, pudiendo adoptar medidas urgentes si estas no se cumplen.

Lo que, a nuestro juicio, es incompresible, es que no se actúe de forma urgente por parte de la GMU pese a que, al parecer, se reconoce que se trata de una situación de urgencia cuya situación no puede seguir aplazándose sin riesgo para la seguridad de las personas que se encuentran dentro del CIE de Capuchinos. Nadie asume la responsabilidad, lo que nos parece no sólo irresponsable, sino incluso puede llegar a ser temerario pues, al parecer, se señala el peligro que supone la inactividad que pone al inmueble fuera de control del servicio e implica el incumplimiento de la legalidad vigente.

Pero la inactividad continúa, nadie se hace cargo de la situación, el tiempo pasa lento y la ruina del CIE avanza rápido. Esperemos que, en este caso, se reaccione rápido buscando una salida definitiva de los internos, puesto que el estado de abandono del edificio pone en riesgo la integridad de estas personas y pedimos que se tomen las medidas para evitar esta gravísima situación.

Por todos estos motivos, a través de esta moción urgente, en lo que a nosotros como consistorio nos ocupa, queremos dar traslado aquí a este tema para dar una solución a las graves condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos y, precisamente, por ello pedimos su inmediato cierre para evitar otro nuevo incidente de gravedad que pueda producirse en el interior, afectando a las, ya de por sí, deficientes condiciones que padecen los internos en su interior. Y es que, la gravedad de un nuevo incidente en el CIE de Málaga podría tener consecuencias imprevisibles que, probablemente, nos recordaría la presentación de esta iniciativa con su posible aprobación o denegación.




En atención a lo anterior proponemos la adopción de los siguientes


A C U E R D O S


1º.- Exigir el inmediato cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos, atendiendo a la situación de deterioro del edificio y a las nulas condiciones de habitabilidad en la que se encuentra las personas allí retenidas.

2º.- Que por parte del Área de Urbanismo, se inicien las gestiones oportunas y se finalicen los trámites administrativos en curso, que lleven al cierre y precinto total del centro, puesto que está en riesgo la integridad física de los internos y en atención al interés social, humanitario y a la dignidad de las personas allí encerradas que tan sólo tienen una falta administrativa derivada de su situación irregular.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

El presupuesto del PP asfixia a los ayuntamientos de la provincia y pone en jaque los servicios públicos municipales

1ª valoración presupuesto 2012 de La Diputación de Málaga

Tras un primer estudio del borrador de presupuesto que ha presentado el equipo de gobierno del PP, podemos sacar varias conclusiones nada halagüeñas para los municipios de la provincia.

Es un presupuesto que asfixia a los ayuntamientos y pone en jaque la viabilidad económica de los servicios que prestan a la ciudadanía. Miles de malagueños y malagueñas se van a ver afectadxs por los recortes del PP en la Diputación de Málaga.

El presupuesto de la Diputación asciende a 255.403.000 euros, sufriendo un descenso del 3,3% en relación al año anterior. Los ingresos han descendido de manera importante, cobrando especial relevancia por su volumen, la devolución que Diputación tendrá que hacer al Estado en concepto de participación en los tributos del mismo, que por un error de cálculo por parte del Gobierno, fueron ingresados a la Diputación, y ahora hay que reintegrarlos. Asciende la cuantía de la devolución a más de 13 millones de euros, a pagar en 5 años.

Éramos conscientes de que los ingresos se iban a ver disminuidos, lo que nos resistíamos a creer era que el recorte en el gasto se diera, precisamente en los recursos que se destinan directamente a los municipios de la provincia. El capítulo 4 del presupuesto, destinado a transferencias corrientes, hablando en plata, financiación directa a ayuntamientos se ha reducido en un 40,62%, aproximadamente 20 millones menos que en el presupuesto del año anterior. Mientras que en 2011, las transferencias a ayuntamientos ascendían a 48.073.000 euros (21,36% del total) incrementándose en un 69,29% con respecto a 2010; en 2012, el PP propone reducirlas a 28.546.000 euros (13,12% del total), lo que representa un recorte del 40,62% con respecto a 2011.

Por tanto, el PP ha aplicado la tijera a los recursos destinados a los municipios, que representan, precisamente, la razón de ser de la Diputación. Y aplican la tijera a los municipios, justo cuando el gasto corriente se mantiene prácticamente intacto, con una insignificante reducción del 1,23%.

Más grave aún, si cabe, es la ruptura de la Concertación por parte del equipo de gobierno del PP. La Concertación significó un cambio en el modelo de relación entre ayuntamientos y Diputación, partiendo de la premisa de que la diputación es un ente local que se relaciona de igual a igual con el resto de entidades locales, en tanto gestiona recursos y competencias cedidos, que son propios de los ayuntamientos. Aunque últimamente se haya oído mucho hablar de la Diputación como “ayuntamiento de ayuntamientos” por parte del PP, tenemos que decir que ese modelo de Diputación, que pretenden plasmar a través del presupuesto que van a aprobar, en nada se corresponde con las competencias atribuidas a las diputaciones, y mucho menos con el modelo de concertación que impulsó el anterior gobierno, con el voto favorable de la oposición.

En Abril de 2011, los tres grupos políticos que conformamos la corporación provincial, aprobamos en pleno por unanimidad las asignaciones económicas y técnicas a los municipios que se cargarían al presupuesto de 2012 que ahora se somete a debate. La Concertación significaba un modelo de gestión que aspiraba a reforzar la autonomía local y la transparencia y equidad en la distribución de los recursos entre los municipios de la provincia, alejándose de modelos centralistas y paternalistas, generadores de prácticas clientelares, partidistas y sectarias poco democráticas. A pesar de haber acuerdo plenario, a pesar de que los ayuntamientos tenían una previsión de ingresos con cargo a la Concertación en sus presupuestos, que ahora tendrán que ajustar, significando de facto la inviabilidad de servicios municipales prestados hasta el momento, a pesar de que el presidente de la Diputación del PP ha repetido en numerosas ocasiones el compromiso de mantener la Concertación, a pesar de todo eso: La Concertación ha quedado reducida a 10.640.000 euros, de los 46.408.000 euros que estaban previstos.

Además, hacen una pirueta y por primera vez y de forma novedosa el Plan Provincial de Obras y servicios, utilizado para financiar inversiones en los municipios, se detrae de la Concertación. Aunque se mantiene la cuantía, que asciende a 11 millones de euros, la medida de sacarlo de la Concertación nos hace deducir que en el futuro, también puede modificarse en perjuicio de los ayuntamientos, su modelo de gestión y distribución.

La Concertación se ve reducida para el ejercicio 2012 en 24.000.000 de euros. Es decir, los ayuntamientos van a disponer de 24.000.000 de euros menos para garantizar los servicios municipales.

En el acuerdo de Concertación previsto para 2012, y ahora pisoteado por el PP, el 87,25% de las aportaciones económicas era destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Desconocemos la nueva distribución que se hará en base al recorte y desconfiamos de que el PP tenga voluntad de garantizarlo.

Desde Izquierda Unida consideramos que la prioridad de gasto de la Diputación de Málaga han de ser los municipios, que son los que prestan los servicios más próximos al ciudadano. Por tanto, y siendo conscientes de la reducción de ingresos, planteamos que sean recortadas otras partidas, especialmente aquellas de las que dispone el Presidente para distribuir discrecionalmente a su antojo entre los municipios, y que ascienden a 7.200.000 euros, o aquellas otras de difícil fiscalización, como son “otros gastos diversos”, o las referidas a las partidas de publicidad y propaganda, protocolo y representación. La prioridad ha de ser garantizar los servicios públicos en los municipios.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

PSOE y PP se oponen a impulsar la agricultura ecológica en la Diputación de Málaga

Un diputado socialista se desmarca de la posición de su grupo

El pasado martes 13 de diciembre el grupo provincial de Izquierda Unida presentó la siguiente iniciativa en el pleno de la Diputación provincial de Málaga, con el objetivo de promover la prohibición de los cultivos transgénicos en la comunidad autonómica andaluza e impulsar la agricultura ecológica en la provincia malagueña. Cual fue nuestra sorpresa cuando PP y PSOE se pusieron de acuerdo para tumbarla, con argumentos del tipo "que cada cuál sea libre para cultivar y comer lo que le dé la gana". Un diputado socialista decidió no seguir la disciplina del grupo y votar en coherencia con lo que el grupo socialista ha votado en otras ocasiones, como en la mancomunidad de la Axarquía, donde se acordó con los votos de IU y del PSOE declarar la comarca territorio libre de transgénicos.


En España se sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en contra de la mayoría social y frente a la actitud de precaución adoptada por países como Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia o Italia, que mantienen moratorias y prohibiciones a su cultivo. De hecho, y por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha reconocido la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos.

Pero lejos de ejercer un contrapeso al constante y agresivo lobby de las multinacionales agrobiotecnológicas, se sigue rechazando tratar los asuntos que las organizaciones ecologistas, agrarias y sociales llevan años poniendo sobre la mesa, tales como la falta de transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, o los reiterados casos de contaminación, etc.

Desde hace una década las organizaciones de la sociedad civil denuncian los efectos sociales, ambientales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España. La alimentación y la agricultura libres de transgénicos se encuentran en una situación de indefensión total y abocadas a la desaparición, de no poner remedio inmediato a la actual situación. Frente a las 76.000 ha del maíz transgénico de Monsanto MON 810 que se cultivan en España, la agricultura y la ganadería ecológicas siguen siendo víctimas de las multinacionales.

Nadie pone en duda la grave crisis que está padeciendo la agricultura en el marco de la crisis económica global. Nuestro compromiso con el sector agrario hace que trabajemos para salir de ella, denunciando los motivos de fondo y reivindicando medidas de apoyo.

Parece que en las últimas décadas nos hemos olvidado de la importancia de proteger a la madre Tierra. Los agricultores se sienten responsables sobre la tierra, como ciudadanos, nos deberíamos sentir responsables del legado que dejaremos a las generaciones futuras.

La agricultura ecológica es un modelo generador de empleo, vertebrador del territorio, con proyección de continuidad, productor de alimentos frescos y sanos, respetuoso e integrado en el medio ambiente y garante de un desarrollo rural sostenible. Todo ello, dentro de un compromiso con la sociedad, que exige la garantía de alimentos en calidad y cantidad suficientes, preservando nuestros bienes comunes para las generaciones futuras.

Tras 11 años de cultivos modificados genéticamente, ha quedado demostrado que no tienen mayor rendimiento, ni usan menos insumos y es más, no han solucionado el hambre en el mundo, argumentos que han sido utilizados por quienes quieren tener en sus manos el control de las semillas y la alimentación de la humanidad.

Hemos de apostar por una producción ecológica basada prioritariamente en variedades locales, adaptadas a las condiciones físicas y específicas de cada territorio. La Red Andaluza de Semillas en “ El Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo” afirma “ “ las variedades locales pueden y deben jugar un papel importante en el logro de una mayor soberanía y calidad en la alimentación. Su utilización es imprescindible para hacer efectivo los derechos de los consumidores a preservar su cultura alimentaria y los de los agricultores a producir sus semillas”.

Por lo expuesto, el grupo provincial de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía , propone los siguientes

ACUERDOS

1.- Diseñar y poner en marcha desde la Delegación de Medio Ambiente y Articulación Territorial de la Diputación Provincial y de manera participada, el Plan Anual de la Agricultura Ecológica en la provincia para 2012, con el objeto de fomentar el desarrollo de la misma, mediante la organización de certámenes y ferias agrarias, jornadas formativas y financiación a organizaciones, cooperativas agrarias locales y municipios, entre otras actuaciones provinciales.

2.- Retomar la celebración de la Feria Anual de Productos Ecológicos, dirigida a la exposición, degustación y venta de productos ecológicos de la provincia, que la Diputación provincial venía organizando desde 2008 y que tuvo su última edición en octubre de 2010.

3.- Instar al Parlamento de Andalucía a que proceda a declarar el territorio andaluz libre de siembra de transgénicos, prohibiendo la instalación de estos cultivos en todo nuestro territorio.

4.- Instar al Gobierno de España a que se sume a los países europeos que rechazan los transgénicos y que se prohíba su siembra en el Estado español.

Antonia Morillas
Portavoz de IULVCA en Diputación de Málaga

lunes, 12 de diciembre de 2011

Ni un paso atrás en el 0,7%

Moción que defenderemos desde el grupo provincial de Izquierda Unida en el pleno de la Diputación provincial de Málaga del próximo martes 13 de diciembre, en defensa de las políticas de cooperación internacional y del mantenimiento de la dedicación del 0,7% del presupuesto de la Diputación a las mismas.

La Federación de Coordinadora de ONGD de Málaga “Málaga Solidaria” nos ha trasladado su malestar por el pasado acuerdo plenario de suprimir la convocatoria que se publicó el pasado 5 de Mayo dicho malestar se plasma en el siguiente comunicado:

“La Federación Coordinadora de ONGD de Málaga “Málaga Solidaria” hace pública su disconformidad con la decisión del Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Málaga que niega las ayudas prometidas a las contrapartes locales en los países empobrecidos con las que las ONGD estamos trabajando.
Consideramos que el equipo de gobierno actual de la Diputación con esta negativa a la ayuda internacional, en contra de su nomenclatura de “Área de Igualdad” establece una jerarquía entre las personas pobres distinguiendo pobres de primera (los que están entre nosotros) y pobres de segunda (los que viven lejos), y que es éticamente reprobable que esta distinción esté basada en la proximidad geográfica, cuando el tema de la pobreza tiene unas dimensiones que sobrepasan con mucho nuestras fronteras como Europa, España y no digamos como provincia.

Consideramos que unos diez mil beneficiarios con los que trabajamos en los países empobrecidos se quedarán sin los proyectos que nos han pedido presentar a nuestra Diputación y no se les permitirá poner en marcha las acciones de desarrollo previstas.

Consideramos que con esta negativa del Partido Popular de la Diputación a la ayuda internacional, tomada unilateralmente y a destiempo con respecto a la resolución de la convocatoria 2011, contradice su nomenclatura de “Área de participación” porque en ningún momento (inclusive cuando hemos estados sentados con la nueva corporación) se ha hecho participes las ONGD, responsables antes sus contrapartes de los países empobrecidos, de que Diputación suprimiría la partida de Cooperación Internacional aunque en su programa electoral se lea que: Se considera que “una moderna cooperación al desarrollo debe involucrar al conjunto de la sociedad, sus empresas, universidades, instituciones, fundaciones y ONG”

Consideramos que el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga del Partido Popular al negarse a la ayuda al desarrollo proyecta una imagen de retroceso en los avances de la cooperación descentralizada que las ONGD comenzaron en su día con las acampadas pidiendo el 0,7%.

Consideramos que el discurso “ Primero nosotros luego los demás” es un discurso fácil de usar en tiempo de crisis pero radicalmente insolidario, que denota una alta dosis de insensibilidad hacia los que en crisis llevan viviendo toda su vida y que se ven castigados por el simple hecho de que están lejos.
Consideramos inadmisible que para ocultar políticas absolutamente insolidarias, se utilicen argumentos que ponen en entredicho la labor de las ONGDs que desarrollamos proyectos de cooperación en el sur, dejando entrever de manera perversa falta de transparencia y rigor en la justificación de las ayudas. Se acusa al gobierno anterior de adjudicar subvenciones a proyectos sin criterios, cuando realmente se han hecho bajo normativas de libre concurrencia competitiva con criterios de valoración establecidos previamente y no por adjudicación directa y sin ningún tipo de concurrencia ni normas de presentación, tal y como se pretende hacer ahora (a diez organizaciones mencionadas).

Queremos dejar claro, que las ONGD somos los primeros y mayores interesados en velar por el destino y la utilización de los fondos públicos y, para ello, nos dotamos de medidas de control y seguimiento interno, que permiten trasladar al resto de la sociedad el resultado de nuestras intervenciones, desde el más riguroso compromiso de rendición de cuentas.

Recordamos la moción que este año todos los grupos políticos malagueños firmaron en el mes de mayo abril en la diputación de Málaga a favor del pacto por la pobreza y en contra de los recortes que el gobierno de España, el gobierno de Zapatero, había hecho en la AOD.
Recordamos la trayectoria de Cooperación de la Diputación, unos 14 años en los que ha estado participando de la Cooperación Internacional y apoyando proyectos de las ONGD, estando gobernada por unos y otros. Esta trayectoria es el reflejo de una sociedad malagueña solidaria, que ahora se corta de forma tajantemente y unilateralmente”.


Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Provincial de IULV-CA propone los siguientes

ACUERDOS:


1. Solicitar a la Presidencia de la Excma. Diputación de Málaga que entre en diálogo con la Coordinadora “Málaga Solidaria” y las ONGD cuanto antes para aclarar la política que piensa llevar en relación a Cooperación Internacional desde esta institución y los efectos que esta decisión puede tener, así como retomar un diálogo que creíamos instaurado con la nueva corporación, pero que ha sido barrido por una inesperada decisión tomada unilateralmente. Así como pedimos que se finalice el proceso de convocatoria que se publicó en el BOP el pasado 5 de mayo de 2011.


2. Cumplimiento de la moción institucional con fecha 2 de noviembre de 2010 de cumplir las recomendaciones de las Naciones Unidas y dedicar el 0’7 % de los presupuestos de esta Diputación a Cooperación Internacional.




En Málaga a 5 de Diciembre de 2011
Antonia Morillas González
Portavoz del grupo provincial de IULVCA

El ámbito local como espacio para la defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa que presentamos hoy, 12 de diciembre de 2011 para su consideración en la Comisión Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, en relación al Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la adhesión a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad.


Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de Derechos Humanos, sigue siendo un poderoso instrumento para transformar el planeta.

Fue ésta la primera vez en la historia en la que un documento alcanza el rango de valor universal siendo aprobado por una organización internacional. Fue también la primera vez que se estipularon con todo detalle los derechos humanos y las libertades fundamentales. Iniciativa que logró un apoyo generalizado en el momento de su aprobación. La Declaración representó un hito mundial en la larga lucha por los derechos universales de hombres y mujeres.

La aprobación de la Declaración Universal fue, en gran medida, producto del ferviente deseo de paz en el período posterior a la segunda guerra mundial, fue redactada por representantes de todas las regiones y tradiciones jurídicas del mundo, y gracias a ese consenso, ha sobrevivido a la prueba del tiempo y ha resistido ataques basados en el “relativismo”.

Por esto la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, asegurando por medidas progresivas de carácter internacional y nacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.

Desde 1948, la Declaración Universal se ha traducido a más de 200 idiomas y sigue siendo uno de los documentos de derechos humanos más conocido y citado en el mundo. Con el transcurso de los años, la Declaración se ha utilizado para la defensa y promoción de los derechos de los pueblos, y las Naciones Unidas han posicionado la Declaración en el centro de un marco de principios y obligaciones que modifica las relaciones dentro de la comunidad internacional, y provee un patrón común a las Naciones Unidas, en las áreas de paz, asistencia humanitaria, desarrollo sostenible, y progreso social y económico.

Esta Declaración continúa inspirando la lucha por los derechos humanos en todo el mundo y es por eso que siempre debemos reivindicarla y hacerla nuestra.

La DUDH debe ser entendida como un compromiso por la Dignidad y la Justicia para todas las personas. Todos debemos comprender que la Declaración no es un lujo ni una lista de deseos, sino un compromiso entre los gobiernos y sus ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen el derecho de exigir que se respete este compromiso.

Desde la aprobación de la Declaración Universal, la pobreza prevalece como el mayor problema de derechos humanos del mundo. La lucha contra la pobreza, las privaciones y la exclusión no es una cuestión de caridad y no depende de cuan rico sea un país.

La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta dualidad la pobreza es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos del mundo, por tanto ningún fenómeno social es tan amplio en su agresión a los derechos humanos como la pobreza. La pobreza desgasta o anula los derechos económicos y sociales tales como el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua potable, y el derecho a la educación. Lo mismo cabe decir de los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a un juicio justo, la participación política y la seguridad de la persona. Ese reconocimiento fundamental está dando nueva forma al enfoque de la comunidad internacional en lo que respecta a la próxima generación de iniciativas de reducción de la pobreza.

Los derechos humanos tienen una dimensión no sólo global sino también local. Por lo tanto, los municipios son un espacio donde desarrollar a través de nuevos cauces de democracia participativa y representativa la dimensión local de los derechos humanos.

El actual contexto de estancamiento e incluso, en ocasiones, de retroceso en la aplicación efectiva de los derechos universales, lleva a reclamar a las ciudades un mayor protagonismo y responsabilidad en esta tarea.

En este sentido surgió en el año 2000 la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, un documento que contribuye a impulsar la función de liderazgo de las ciudades en la defensa y protección de los derechos humanos. Este documento ha sido ya suscrito por 350 ciudades de Europa, incluidas las principales de España (Madrid, Barcelona, Valencia...).

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, a propuesta de Izquierda Unida, en el año 2008 “Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta” ante la falta de cumplimiento de este acuerdo volvimos a plantear su creación en el año 2010, donde este acuerdo volvió a ser ratificado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento.

A día de hoy, Málaga sigue sin aparecer en la lista de ciudades firmantes de este acuerdo, y no tenemos noticias de que haya creado dicha comisión.

La firma de esta carta no es un hecho simbólico, sino un compromiso por parte del Ayuntamiento a adaptar su ordenamiento a los principios y normas, así como los mecanismos de garantía contemplados en esta Carta.

Este hecho es importante, ya que hemos de recordar que este mismo año, algunas de las normativas aprobadas por este Ayuntamiento han sido denunciadas por grupos de juristas por incumplir los principios de esta Carta Europea. En concreto la conocida como “ordenanza de convivencia” fue denunciada por la Sociedad Andaluza de Juristas “Grupo 17 de marzo” por vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión, además de por criminalizar a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etcétera.

Hechos como este, sumados al constante aumento de personas en riesgo de exclusión desde el inicio de la crisis, y a la constatación que Derechos Humanos fundamentales, como el derecho a una vivienda, todavía hoy están lejos de poder realizarse en la ciudad de Málaga, nos obliga otro año más a reafirmar nuestro compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, a fin de tomar las medidas políticas oportunas para poder alcanzar su cumplimiento.

En base a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- Asumir el ámbito local como un espacio idóneo para una mayor participación ciudadana y social en lo político y en lo referente a la reclamación de los derechos universales, que son integrados en el concepto de derechos humanos de proximidad o derechos de ciudadanía.

2.- Reafirmar nuestro compromiso de apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU como mecanismo para erradicar la pobreza del planeta y de esta forma profundizar en el respeto de los derechos humanos, asumiendo la necesidad de divulgar el valor de unos y otros en el municipio.

3.- Seguir Manteniendo una relación permanente con otros municipios para compartir acciones, prácticas y políticas que hagan avanzar a los derechos humanos en sus múltiples ámbitos, así como diseñar estrategias comunes para combatir la pobreza.

5.- Crear una Comisión de Estudio que evalúe la aprobación en Pleno de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.

Antonia Morillas González
En Málaga a 02 de diciembre de 2011