lunes, 26 de noviembre de 2012

Romper el miedo y tener dinero

A ocho años de la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género, podemos decir que la violencia continua constituyendo un instrumento de control patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La violencia de género aparece en nuestra cabeza como un recordatorio cotidiano, que nos sitúa en una posición de inferioridad y subalternidad en las complejas relaciones de poder que conforman el marco de relaciones económicas y sociales.

Las mujeres conocemos de primera mano la violencia, y aunque no todas hemos sufrido la violencia física, todas hemos experimentado en multitud de ocasiones la violencia estructural contra nosotras,en tanto que mujeres. BrownMiller decía que “todas somos víctimas de violación” en tanto la amenaza funciona como instrumento de coacción de impacto incalculable en el quehacer cotidiano de cualquier mujer. Algunas teóricas y activistas feministas como Ana de Miguel, hablan del proceso de “intimidación masculina”.El efecto multiplicador de saberse amenazada por el hecho de ser mujer y que contribuye sobremanera a la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres en todas y cada una de las esferas de la vida: en el acceso y condiciones en el mercado laboral,en los modos de vivir las relaciones sexuales y afectivas, en nuestro ocio,también en nuestra militancia. Hasta en nuestra forma de pasear la calle, de experimentar el espacio público y privado, en la “actitud”, que muchas nos esmeramos en deconstruir, aunque no siempre con éxito. Con más contradicciones y conflictos que sonrisas.

La violencia de género es un problema político de primer orden, y ese paso, de ser abordado como un asunto personal,de pareja, del ámbito privado, al ámbito público,ha costado décadas,décadas de lucha de los movimientos feministas y sus aliados, de las feministas que han intervenido en los poderes públicos. “Lo personal es político” continua sintetizando y atravesando buena parte de las reivindicaciones feministas actuales. Sin embargo,esa consideración de la violencia patriarcal como problema político y colectivo, de las mujeres y de la sociedad estructurada sobre la base de multiplicidad de “desigualdades” (de género, de clase, étnica, generacional...), enfrenta hoy distintas tensiones que dificultan su superación. Por citar solo algunas de ellas:

Hay un discurso público “normalizado” de rechazo de la violencia de género, si bien es cierto, que convive con discursos de la élite y populares coincidentes, que aún justifican,sirviendo de caldo de cultivo,unos más evidentes y abiertos, otros, la mayoría, más sutiles. Estos últimos no ocupan titulares de periódicos y no por ello son menos efectivos. Esta deslegitimación “pública”de la violencia de género, contrasta con un aumento de la presencia de la violencia en sus diferentes manifestaciones, como forma de relación en nuestra sociedad,como escena presente, ficticia o real, pero presente.

Se normaliza una consideración parcial de aquello que comprende la violencia de género. Hay acuerdo en el rechazo “público” a las formas más brutales de la violencia de género, sin embargo, se continua limitando su ámbito al de la pareja, invisibilizando otras formas de violencia de género,digamos por ejemplo el acoso sexual,este mismo en el ámbito laboral, la violencia simbólica o la obligación a ejercer la maternidad contra nuestra voluntad, que implican las restricciones que el PP ha planteado en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Acaso no es violencia obligar a ser madre a una mujer que no ha decidido serlo? Esa violencia no solo se invisibiliza, sino que se ejerce,legalmente, por parte del Estado, estigmatizando y negando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,personales e intransferibles, a las mujeres.

El conjunto de poderes públicos, unánimemente acuerdan “luchar contra la violencia de género, en tanto que lacra social” que diría cualquiera de las mociones aprobadas en los ayuntamientos en estos días que rondan el 25 de noviembre. Ese acuerdo unánime no tiene su justo traslado en forma de políticas y acciones concretas y efectivas. Si la violencia de género es “una de las mayores lacras de nuestra sociedad”, ¿por qué no es una prioridad política y presupuestaria? No es una prioridad presupuestaria,porque no es una prioridad:así de sencillo. Porque no es una prioridad, se han recortado en todos los niveles de la administración los presupuestos destinados para 2013 a la construcción de condiciones de vida igualitarias entre hombres y mujeres. Por ello se ha recortado un 15,67% de los presupuestos para la igualdad del gobierno central,representando con respecto al presupuesto consolidado un ridículo 0,0108%. Porque no es una prioridad, y porque en el fondo,muchos siguen pensando(actuando) que la violencia patriarcal responde a casos particulares y no a un problema social, colectivo, que se llama patriarcado.

El discurso de la igualdad se ha hecho institucional. Mejor dicho,los feminismos y sus activistas han conseguido que los presupuestos de la igualdad sean incorporados en la agenda política, en todas las declaraciones mundiales, locales, regionales. Son sin duda, objetivos de la década, del siglo y del milenio. Sin duda una conquista que lleva a sus espaldas años de luchas. Sin embargo, del dicho al hecho...ya se sabe. Frente al discurso de la igualdad institucionalizado, nos topamos con la realidad de la desigualdad. Y ahí andamos, “entre el techo de cristal y el suelo pegajoso”.

Saskia Sassen, socióloga norteamericana sostenía la tesis de la “feminización de la supervivencia” en su análisis sobre la globalización neoliberal y el impacto de esta en las mujeres. Su análisis es demoledor y nos es útil para entender cómo las políticas neoliberales perpetúan el papel subalterno de las mujeres, cuando provocan la situación actual de exclusión y desempleo y desmantelan los servicios públicos que cubren las necesidades sociales(la sanidad, la educación, los servicios sociales...),haciendo recaer con mayor peso, sobre estas, el trabajo de cuidados,invisible, no remunerado, que habría de estar socializado. Algunas compañeras hablan de la Revolución del Tupper, que con toda su carga simbólica, sitúa con extrema claridad, el rol central que adquiere la mujer trabajadora en el sostenimiento de las redes sociales y familiares en una situación económica y social de empobrecimiento masivo y de abandono por parte de los poderes públicos de aquel viejo principio de proveer de felicidad a lxs miembros de la comunidad.

La privatización o eliminación de los servicios de apoyo a las mujeres que sufren violencia, la situación económica que viven la mayoría de las personas y que opera como impedimento en la autonomía y libertad en la toma de decisión sobre el divorcio o la denuncia de violencia, o la nueva regulación de las tasas judiciales,que impedirá que las mujeres con menos recursos,la mayoría, se decidan a denunciar la violencia, son las acciones políticas concretas que se están desarrollando por parte del gobierno central, en connivencia con los mandatos de la Troika. Eso sí, han puesto en marcha una campaña de sensibilización, con su spot,sus famosos y todo.

Cierro esta breve reflexión, sobre el decir y el hacer, con tres pinceladas de la última medida de las tasas judiciales,porque violenta el principio de justicia universal, acentuando la existencia de una justicia para lxs pobres y otra para lxs ricos. Justicia, para la que pueda pagársela. El establecimiento de estas tasas vendrá a agravar la desigualdad entre las propias mujeres,entre las que puedan permitirse costearse la justicia y las que no. Los divorcios se pagarán a partir de 300 euros más el 0,5% de lo que se solicite. Si hay recurso posterior,lo cuál es bastante habitual, se pagará a partir de 800 euros. También se pagará si se recurre el régimen de custodia o cualquier otra medida. Que duda cabe que estas tasas judiciales actuarán de elemento disuasorio para que las mujeres denuncien situaciones de violencia. Mientras tanto, desde el gobierno continuarán diciéndonos a las mujeres que denunciemos, que no tengamos miedo.

viernes, 9 de noviembre de 2012

¿Qué pasa con la Guardería y el Centro Básico de Acogida


Os enlazo la nota de prensa de la rueda de prensa que hemos ofrecido el grupo provincial de IU y la presidenta de la Junta General de Personal de la Diputación de Málaga. Ante el futuro incierto del Centro Básico de Acogida y de sus trabajadorxs, así como las afirmaciones del Director General de Recursos Humanos en relación al futuro de la guardería provincial, el grupo de IU ha solicitado la comparecencia de Bendodo para que rinda cuentas sobre los planes que tiene en relación a ambos servicios públicos. 

IU solicita la comparecencia de Bendodo para que clarifique sus planes en relación al Centro Básico de Acogida y la Guardería

A la guardería dependiente de Diputación Provincial le espera el cierre inminente, según anunció el  director general de Recursos Humanos, Antonio Peñalver, en una reunión con representantes sindicales y que hoy ha hecho público la presidenta de la Junta General de Personal,  Mayte Rengel, durante la rueda de prensa junto a la portavoz del grupo provincial de IU, Toni Morillas.

Izquierda Unida ha pedido la comparecencia en el pleno del martes del presidente de Diputación, Elías Bendodo, a quien van a pedirle explicaciones sobre la situación en que se encuentran los centros especiales de Servicios Sociales, especialmente el Centro Básico de Acogida de Menores y la guardería.Morillas exigirá al Partido Popular  que abra un proceso de negociación con trabajadoras, representantes sindicales y oposición para elaborar un programa que de contenido al Básico y mantenga abierta la Guardería.

Rengel ha explicado que el Centro Básico lleva  un año sin contenido y sus trabajadores sin funciones, lo que está ocasionando incluso bajas por enfermedad a consecuencia de esta situación tan anómala.
Los representantes sindicales llevan dos años pidiendo al Gobierno un plan general de viabilidad para el Básico y sus empleados, pero no se les ha tenido en cuenta; se les pide que reubiquen y cambian a algunas personas sin criterio y los trabajadores están desorientados, angustiados e incluso de baja a consecuencia de todo ello.

Los sindicatos reclaman una negociación “seria y coherente”  y las propias trabajadoras “a la desesperada” han presentado un proyecto de trabajo que no se ha tenido en cuenta. Dicho plan de trabajo consistía en realizar los mismos servicios que una empresa privada está dando en las instalaciones del básico a las que Diputación ha cedido la infraestructura por un tiempo.

También se ha planteado que parte de la reubicación de las trabajadoras (buena parte de ellas puericultoras) en la guardería provincial, pero ahora han conocido el inminente cierre por boca del cargo de confianza, a pesar de que previamente la diputada de Educación había negado esta posibilidad, afirma la representante sindical.

Tanto Morillas como Rengel han acusado a Bendodo y a su equipo de no disponer de proyectos políticos para los servicios sociales de la institución y de practicar la misma política que ya tiene en marcha en el Ayuntamiento de la capital, ceder equipamientos públicos a la iniciativa privada.

IU exige que se garantice el empleo y el servicio público y recuerda que la guardería podría ofertar todas las plazas de las que dispone (ahora mismo están cubierta 80, pero pueden ser 200) a las familias que lo necesitaran. 

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El recortazo del PP en igualdad y prevención de la violencia de género

 
Hoy hemos defendido en la Diputación provincial la iniciativa que a continuación os reproduzco, con la firme convicción de que el desmatelamiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales y la precarización del mercado de trabajo, afecta en primer lugar y especialmente, a las mujeres.Mujeres,que no solo sostenemos las redes sociales que dan cobertura a lxs trabajadorxs expoliados de derechos y recursos, en ausencia de poderes públicos que protejan y defiendan los derechos conquistados, sino que además, quedamos absolutamente desprotegidas en un escenario cada vez más conflictivo y de mayor desigualdad, que sin duda repercutirá en los niveles de violencia de género, y en el que además, volvemos a ver como la perspectiva feminista y los recursos públicos destinados a la igualdad, pasan a mejor vida en las políticas del gobierno. 
Os reproducimos la iniciativa que, como viene siendo habitual, ha encontrado el rechazo contundente del PP en la Diputación de Málaga 
La violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista, no sólo no tiene tregua sino que, además, se va adaptando a los nuevos tiempos en los que, por desgracia, está encontrando mayor respaldo.
Uno de los peores males que puede padecer la sociedad, es la misoginia y ésta se está expandiendo a sus anchas. Los discursos que se escuchan desde todos los frentes políticos e institucionales están dirigidos a emprender medidas que supuestamente van a solucionar la crisis, sin que desde los gobiernos se plantee de forma decidida que en lo irrenunciable de sus políticas, debe encontrarse la igualdad entre mujeres y hombres y las políticas contra la violencia de género.
A nivel mundial las mujeres tenemos menores salarios en iguales trabajos, dobles y triples jornadas de trabajo, feminización de la pobreza, menos oportunidades, trabajos precarios, responsabilidad de los cuidados, menores tasas de actividad, tasas ínfimas de representación, somos asesinadas por defender la educación de las niñas, los burkas no caen, lapidan por defender la libertad, se usa el ácido para reprimir la corporalidad, aumentan los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual de mujeres y niñas para la satisfacción de prostituidores y enriquecimiento de las mafias, así como el encarcelamiento por defender el feminismo laico y sin fronteras, ...
Y en España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que incitan a la violación, amenazas de modificación regresiva de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sentencias judiciales a favor del acoso sexual, asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por falta de dinero, lenguaje institucional cada vez más machista, programas televisivos que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación segregada por sexos, y se continua con el desmantelamiento de organismos para la igualdad y el recorte de recursos destinados a esta.
Venimos denunciando el recorte que año a año se viene aplicando a las políticas de igualdad, quedando constatado que la igualdad entre hombres y mujeres no es una prioridad política para el gobierno del PP. Los PGE de 2013 dan buena prueba de ello. No solo se descarta un enfoque transversal que incorpore la consecución de la igualdad como objetivo político de todo el gobierno a través de sus distintos ministerios, sino que se aplica un recorte del 15,67 % respecto al presupuesto de 2012. De este modo, la propuesta presupuestaria del PP recorta en un 24,10% el programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y un 6,85% el programa de prevención integral de la violencia de género, representando en relación al presupuesto consolidado un 0,0108%, un ridículo porcentaje que dista mucho de las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Asimismo, el Ministerio de Empleo carece de partida específica dirigida a la igualdad, las transferencias corrientes a comunidades autónomas sufren un drástico recorte del 93,8%, así como las destinadas a las entidades locales, que sufren una reducción del 62,9%,eliminándose por ejemplo, los recursos destinados a políticas de conciliación desde los ayuntamientos y diputaciones, disminuyendo en un millón de euros los programas de asistencia social para víctimas de violencia de género o dejando en una testimonial partida de 30.000 euros el convenio con la FEMP para el impulso de acciones frente a la violencia de género en las entidades locales.
Este recortazo del PP viene a incidir en el desmantelamiento de los servicios, que sin ser suficientes, venían prestándose a los ciudadanos y ciudadanas que habitan la provincia de Málaga, afectando directamente la capacidad económica de ayuntamientos y de la propia Diputación provincial, que ya en el presupuesto de 2012 dejó las partidas destinadas a igualdad sustancialmente disminuidas (60,60%).
En este sentido, la dedicación del personal del Servicio provincial de la Mujer y del Área de igualdad y la acción social de buena parte del tejido asociativo de mujeres de la provincia, amortiguan la falta de impulso político y compromiso presupuestario del equipo de gobierno del PP en la Diputación provincial. Desde el grupo de Izquierda Unida, estamos convencidos de que el 25 de noviembre es una fecha de reivindicación que ha servir para revisar y renovar compromisos para trabajar desde la administración en la generación de condiciones de vida igualitarias, que superen el género, por ello, proponemos la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
  • Que frente a la crisis económica, la Diputación de Málaga centre sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos provinciales de 2013, incrementando las partidas destinadas a tal objeto de manera progresiva hasta alcanzar el 5%.
  • La Diputación de Málaga se compromete a que tanto a través de los objetivos que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través de las propias consignaciones presupuestarias, adoptadas de forma transversal desde todas las delegaciones provinciales, a poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos a nuestro alcance, para la prevención de la violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma.
  • La Diputación de Málaga se compromete a reunir la Red de Municipios por la Igualdad y al Consejo provincial de la Mujer con el objeto de informar a los municipios del impacto que tendrá el recorte de los PGE en materia de igualdad y prevención de la violencia y establecer un plan de acción común para reivindicar el mantenimiento de los partidas y servicios para la promoción de la igualdad y la prevención.




Diputación dedica 0 euros a frenar desahucios y 63.782 a asesoramiento sobre asuntos taurinos

La Diputación de Málaga aprobará hoy un Convenio con el Colegio de Abogados mediante el cuál se pretende prestar el servicio de intermediación hipotecaria a las familias afectadas por los desahucios. Sin embargo, dicha oficina no es más que un punto de recogida de datos que serán trasladados a Colegio de Abogados para su gestión. La dotación presupuestaria es inexistente, se excluyen los partidos judiciales de Antequera y Archidona y se excluye también la labor política de presión a las entidades bancarias, imprescindible para el resultado esperado en la intermediación, que no es otro, que la dación en pago y el alquiler social. Sin embargo, hoy mismo también, el PP aprobará una dotación de 20.000 euros, que viene a añadirse a la ya existente, para asesoramiento sobre asuntos taurinos. Frente a tal grado de frivolidad, el grupo de IU hemos presentado la moción en defensa del derecho a la vivienda que transcribo a continuación.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Vemos como en España, las familias despojadas de su vivienda lo son por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, que ha traído, como consecuencia, la pérdida de empleo, que en Andalucía alcanza cerca del 40% de la población activa, y sabemos que mientras existen medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el gobierno central, una sola medida que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias sobre-endeudadas.
Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza el dato de desahucios en viviendas libres, con 68.053 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011. Y los primeros datos de 2012 indican que la progresión aumenta de manera escandalosa.
El número de desahucios durante el primer trimestre de 2012 alcanzó una nueva cifra récord de 18.424 desahucios, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2011. En total, el dato de ejecuciones hipotecarias (proceso previo al desahucio de la vivienda) marcó 24.792 procedimientos entre enero y marzo de 2012, un 14,1% más que en 2011.
La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.
Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.
La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.
Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Por otro lado, Uno de los indicadores más visibles del uso especulativo y anti-social del parque de viviendas es la proporción de viviendas vacías. La ratio española es de 160 viviendas secundarias o vacías por 1.000 habitantes. Esta proporción dobla la media europea.
Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de una forma especial en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen las personas y familias afectadas en busca de ayuda.
La pérdida de la vivienda priva a las personas de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica.
Es necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo provincial IULVCA, somete para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.
2. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
3.- Acordar el apoyo de este pleno a la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago y el alquiler social que deberá ser entregada en antes del 25 de enero de 2013, para modificar las injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten la sangría de desahucios masivos que se producen en Andalucía.
4.- Suscribir convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para hacer efectivo el Programa en defensa de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda y de esta manera garantizar, hasta el cambio de ley estatal, que las administraciones más cercanas a la ciudadanía intermedien, a través de las oficinas de intermediación hipotecaria en las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda, con las entidades financieras para evitar los desahucios.
5.- Instar a las administraciones con competencias, Gobierno y Junta de Andalucía, a que hagan efectivo el uso social de la vivienda recogido en los tratados internacionales, Constitución española y Estatuto, y de esta forma deje de crecer el parque de viviendas vacías, a costa de quienes pierden sus viviendas en manos de los bancos. Se hace necesario que de manera urgente se habiliten normas esenciales para movilizar el parque de viviendas deshabitadas existentes en Andalucía y se fomente el alquiler adecuado.
6. Instar a los ayuntamientos de la provincia a adoptar las siguientes medidas a emprender a nivel municipal y comprometer a la Diputación provincial en la colaboración institucional, mediante la firma de acuerdos entre la Oficina provincial de intermediación hipotecaria puesta en marcha por la Diputación provincial, la Oficina de intermediación de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, que contemplen la asistencia técnica correspondiente en cada uno de los casos sobre los que tenga competencia:
6.1. Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.
6.2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
6.3. No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.
6.4. Interpelar a las entidades financieras que operan en los municipios para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. Y buscar alternativas como la dación con cancelación de deuda o un alquiler adecuado.
6.5. Colaboración de los servicios jurídicos del ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.


Málaga a 31 de Octubre de 2012

lunes, 5 de noviembre de 2012

La democracia no es postergable

Os transcribo la moción que ha presentado el grupo de IU en Diputación en defensa de la Democracia Participativa

Asistimos a una crisis de la democracia, a una pérdida de soberanía que se hace patente en el recorte drástico de derechos y libertades de la ciudadanía. Se produce un distanciamiento cada vez mayor entre representantes y representados, en la medida que no existen compromisos que vinculen la acción de los primeros, ni mecanismos que regulen la rendición de cuentas cierta por parte de los primeros y el control por parte de los segundos. La ciudadanía percibe, con acierto, que los procesos electorales son un “cheque en blanco” a representantes que solo se someten al control social cada 4 años.

Decisiones que están transformando las condiciones de vida de la ciudadanía y el marco de relación económica y social, se adoptan en instancias no emanadas de la soberanía popular ni controladas por esta, contraviniendo los programas  electorales de aquellos que ganaron las elecciones. La Reforma Constitucional que introdujo como prioridad absoluta en la Constitución española el pago de la deuda, dejando en suspenso los restantes derechos reconocidos en la misma y sí refrendados por la ciudadanía mediante voto directo, fue una reforma express pactada por los dos partidos bisagra del sistema bipartidista, sin sometimiento de la misma al refrendo popular. La Reforma constitucional ha avalado las sucesivas reformas del modelo de prestación sanitaria, educativa, del sistema de los servicios sociales y de la atención a la dependencia, transformando radicalmente los derechos y el acceso efectivo a los mismos, y por tanto, dejando en suspenso todo aquello reconocido en la Constitución. Podemos decir que el artículo 135, es un artículo derogatorio de los demás, y todo ello, sin que la ciudadanía haya podido emitir opinión al respecto.

Asimismo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el anteproyecto de ley de la administración local, sentencian un modelo centralizador que recorta recursos a las administraciones más próximas al ciudadano y hasta ahora, garantes en cierta medida, de las políticas sociales atribuidas. Un modelo que en definitiva, recorta la democracia, dejándola en un hecho testimonial.

Todas estas cuestiones vienen siendo señaladas por parte de movimientos y colectivos que han situado la reivindicación de la democracia participativa y de la necesidad de un nuevo proceso constituyente en la agenda política del país. Expresiones como el 15M o el 25S denotan que el hartazgo social empieza a hacerse visible a modo de movilización, y que a pesar de los intentos de represión y criminalización por parte del gobierno del PP, representan una alternativa a un modelo de gobierno impermeable y ajeno a los intereses de las mayorías sociales.

Propuestas justas y con amplio apoyo social, como la dación en pago están siendo impulsadas desde la movilización ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular, proceso que ha puesto sobre la mesa los impedimentos normativos y restricciones legales que existen para que las propuestas que emanan de la ciudadanía prosperen en el Congreso de los diputados. La exigencia de que los recortes se sometan a Referéndum vinculante se abre paso de manera expansiva entre la ciudadanía, poniendo también de manifiesto los paupérrimos instrumentos políticos de los que la ciudadanía dispone para vincular la acción política de sus “representantes”.

En el caso de las iniciativas legislativas populares, recogidas en el art. 87.3 de la Constitución y reguladas mediante ley orgánica 3/1984, donde establece un mínimo de 500.000 firmas para su tramitación y excluye de su contenido la reforma de leyes orgánicas, leyes tributarias o leyes de carácter internacional. También excluye los parámetros de distribución de la riqueza, la planificación de la actividad económica o enmiendas relativas a los presupuestos generales del estado. Es evidente que este instrumento de intervención política de la ciudadanía está muy lejos de responder a las demandas de la ciudadanía en cuanto a la necesidad de un proceso de democratización real de la toma de decisiones públicas.

En cuanto al Referéndum, el artículo 92 de la Constitución lo recoge para
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”.

La Ley orgánica 2/1980  de 18 de enero regula las distintas modalidades de referéndum, teniendo estos un carácter meramente consultivo, a excepción de aquellos que pudieran ser convocados para reformar la constitución y los estatutos de autonomía. Desde la aprobación de la Constitución, solo dos referéndums han sido convocados, el primero con objeto de someter a consideración la adhesión de España a la OTAN y el segundo sobre la Constitución Europea. A pesar de la trascendencia de decisiones como la última reforma constitucional, esta no fue sometida a Referéndum y por tanto carece de la legitimidad democrática que cabría esperar en dicha decisión con implicaciones estructurales en el Estado y en la vida de la gente. Por tanto, y con objeto de evitar futuros atropellos democráticos, se vuelve necesidad imperiosa acometer los cambios legislativos pertinentes para ampliar el marco de convocatoria de referéndum vinculante y la voluntad política por parte del gobierno de devolver la soberanía “secuestrada” al pueblo.

Desde el Grupo de Izquierda Unida entendemos que la recuperación de la democracia ha de ser prioridad absoluta de todas las administraciones públicas, también de la Diputación provincial.  La Diputación provincial, en tanto que administración que provee de servicios a los municipios, siendo estos la institución más próxima al ciudadano, y por tanto, los que han de hacer de vaso comunicante de las necesidades y anhelos de sus habitantes al resto de administraciones públicas, ha de ser un agente dinamizador de modelos de gestión pública abiertos y participativos, tanto en lo que respecta a sí misma, como en lo que respecta a servicios técnicos e impulso político hacia y con los ayuntamientos de la provincia. Las diputaciones tienen la rémora de ser una institución cuyos cargos públicos no son elegidos de manera directa por la ciudadanía, y por ello, está aún más obligadas éticamente, si cabe, a construir modelos de gestión transparentes y participativos, en los que la ciudadanía sea el  sujeto protagónico, proponente, impulsor y beneficiario de sus políticas.  

El PP recortó un 98% el presupuesto destinado al impulso de la participación ciudadana en la provincia, eliminando programas que habían logrado situar la necesidad de radicalidad democrática en la agenda política de los ayuntamientos de la provincia. Con posterioridad aprobó un Reglamento de funcionamiento de la Diputación que ha restringido sobremanera los derechos de la oposición en sus tareas de control y acceso a la información. La restricción del número de iniciativas que puede presentar la oposición, la alteración de los plazos, fechas y horarios acordados para la celebración de comisiones y plenos, la demora injustificada de la atención a los alcaldes y alcaldesas por parte de la presidencia, respuestas vacías de contenido a las preguntas a las que la oposición tiene derecho a una respuesta, veraz y fundamentada, son algunos de los atropellos a los que venimos asistiendo.

A pesar de esto, el equipo de gobierno creó la Vicepresidencia de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, con el objetivo anunciado “de abrir la Diputación a la ciudadanía, y hacerla más transparente”. La disociación de la “participación ciudadana”  y del “gobierno abierto” en el organigrama de la Diputación parece a priori no tener mucho sentido político, menos aún si consideramos que el concepto de gobierno abierto contempla tres principios vinculados a desarrollar de manera integrada: la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana.

Tras conocer a través de la prensa de la creación de la Oficina del Alcalde en el Área de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, desde el Grupo de IU nos preguntamos a qué se dedicará el resto de la Diputación, teniendo en cuenta que el cometido principal de la Diputación es precisamente el atribuido a la Oficina del Alcalde; conocer las necesidades de los municipios para darles respuesta y agilizar los trámites en la gestión de los expedientes y temas pendientes.

Por todo ello, el grupo de IU considera prioritario que se construya de manera participada un modelo provincial de gestión abierto y participativo que desarrolle los principios de transparencia, acceso a la información y transversalidad de la participación ciudadana, sostenido por tres actores en igualdad: ciudadanía- ayuntamientos- diputación provincial. La construcción participada de este modelo y la clarificación de sus cauces, herramientas y vinculaciones en su desarrollo es condición imprescindible para la puesta en práctica de un modelo real de gobierno abierto, que supere la política de escaparate, construida a golpe de titular y vacía de contenidos implementada hasta el momento.

Proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

  1. Instar al Congreso de los Diputados al sometimiento de los recortes y de las reformas que alteran las condiciones de vida de la ciudadanía a un Referéndum vinculante
  2. Instar al Congreso de los Diputados a reformar la legislación que regula las iniciativas legislativas populares, de modo que estas puedan conformar un instrumento real de intervención y determinación ciudadana sobre los asuntos de lo público.
  3. Instar a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de la Ley de transparencia y la Ley de Participación Ciudadana contenidas en el acuerdo legislativo de cogobierno
  4. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a abrir un proceso de participación con las organizaciones y movimientos sociales de la provincia, con objeto de en el plazo de un año debatir y aprobar un Reglamento de Participación Ciudadana de la Diputación provincial que establezca los cauces y espacios de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de políticas por parte de la Diputación provincial.
  5. Instar al equipo de gobierno de la diputación provincial a la elaboración participada con ayuntamientos y ciudadanía de un Plan Estratégico de Participación Ciudadana de la Provincia que contenga los objetivos a corto, medio y largo plazo, así como los instrumentos que habrán de desarrollarse para su consecución
  6. Instar al equipo de gobierno a poner en marcha mecanismos de Open Data que faciliten el acceso a la información por parte de ayuntamientos y ciudadanía, así como los principios recogidos por Transparencia Internacional, estableciendo controles objetivables de evaluación en la implementación y desarrollo de los mismos.
  7. Instar al equipo de gobierno a incrementar en el Presupuesto provincial de 2013 los recursos  económicos que faciliten la labor de colectivos y movimientos de la provincia, y que su distribución esté sujeta a los principios de igualdad, transparencia y concurrencia pública.


jueves, 18 de octubre de 2012

Los equipos de tratamiento familiar que atienden a 472 menores amenazados

El grupo provincial de Izquierda Unida ha calificado de “temeraria” la actitud del equipo de gobierno de la Diputación provincial,que a 13 días de que expire el Convenio que sostiene los Equipos de Tratamiento Familiar aún “no ha movido ficha para la renovación de dicho convenio que sostiene el servicio”.

Los Equipos de Tratamiento Familiar están compuestos por 15 trabajadores, de los cuáles 5 son sicólogos, 5 trabajadores sociales y 5 más educadores, que atienden a 472 menores en riesgo de exclusión social o en situación de alto riesgo en 65 municipios de la provincia. Este programa viene desarrollándose desde el año 2007 y está financiado en 1/3 por la Diputación provincial y lo restante por la Junta de Andalucía.

El día 31 de octubre expira el convenio 2011/2012 en vigor y si la Diputación, tal y como ha dejado entrever en algunas declaraciones el equipo de gobierno, no tramita su renovación, 15 trabajadores perderán su puesto de trabajo y 472 menores en situación de riesgo de exclusión de la provincia dejarán de percibir el servicio. El PP se niega a tramitar la renovación del convenio si la Junta no acomete el pago de lo que adeuda del Convenio actualmente en vigor, sin embargo, la Diputación tiene el compromiso de pago por parte de la Junta y la disponibilidad presupuestaria en tesorería para adelantar los pagos, tal y como hacen todas las Diputaciones y ayuntamientos.

“El PP está desmantelando los servicios sociales de la Diputación provincial en un momento en el que la demanda social en la provincia se está viendo incrementada, como consecuencia de la crisis económica, que provoca que cada vez un mayor número de ciudadanos se vean abocados a solicitar ayuda de los servicios sociales comunitarios” ha señalado la portavoz del grupo, Toni Morillas. “Hemos conocido recientemente el aumento de la población en riesgo de exclusión social, alcanzado esta a un 22,5% de la población en la provincia y siendo el índice de miseria del 36,5%. Que ante esta situación, la respuesta del gobierno provincial sea eliminar servicios sociales que atienden a las clases sociales más desfavorecidas, es deleznable y dice mucho de la catadura ética de los dirigentes provinciales del PP”.Diputaciones gobernadas por el PP como son la de Huelva y Almería han renovado recientemente estos convenios, lo que nos indica que “en nuestra provincia nos enfrentamos al ala más dura y neoliberal del PP andaluz”.

Izquierda Unida ha manifestado que “estamos a contrarreloj, el día 31 de octubre está a la vuelta de la esquina, cada día que pasa hay menos posibilidades de que los equipos de tratamiento familiar continúen con su labor”. Asimismo IU ha trasladado su preocupación ya que hay dos convenios más en las misma situación que expiran en el mes de Diciembre, uno de ellos de apoyo a la ley de dependencia y otro de apoyo al servicio de ayuda a domicilio. “Si el PP toma la misma posición irresponsable en relación a estos dos convenios, estará sentenciando de muerte a los servicios sociales comunitarios de los municipios menores de 20.000 habitantes, además de enviar a la cola del paro a 48 trabajadores públicos”.

Toni Morillas ha anunciado que solicitará la comparecencia de Elías Bendodo en el próximo pleno de la Diputación provincial. “Para entonces, quizá sea demasiado tarde”

jueves, 6 de septiembre de 2012

en solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación

Moción presentada por el grupo de IU en la Diputación provincial de Málaga

La situación laboral de los profesionales de la comunicación viene siendo denunciada por los propios afectados y sus representantes sindicales y asociaciones del sector desde hace años: precariedad, largas jornadas de trabajo, bajos salarios….

A este estado crónico se le une la crisis que está produciendo un efecto devastador en el empleo, y las medidas de carácter laboral y económico que se están poniendo en marcha desde el Gobierno han provocado un aumento de los despidos o de medidas drásticas (EREs, recortes de los salarios, cierre de empresas periodísticas, etc) .

En nuestra provincia se están dando casos como los mencionados y en el último año ha sido más acuciante, con la merma de plantilla y la rebaja de sueldos que suelen venir impuestas por los despachos de directivos de grandes grupos empresariales que no tienen en cuenta la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la comunicación en el desarrollo diario de la libertad y la democracia.

Cada día conocemos un caso nuevo en Málaga y con ello se perpetra un ataque a la libertad de expresión y al derecho de todos los ciudadanos a recibir una información veraz con la que poder contrastar y ser críticos.

ACUERDOS:

La Diputación Provincial de Málaga se solidariza con los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en la provincia de Málaga e insta a que las empresas editoras cumplan con los derechos de los trabajadores, exigiendo un compromiso de dignificación de la profesión periodística, como garantes de la democracia y del derecho a la información de la ciudadanía.

Málaga a 5 de Septiembre de 2012

Mª Antonia Morillas González

Portavoz

jueves, 5 de julio de 2012

Nuevo episodio en el Thyssen

Presuntamente transportan obras de arte por valor de 65millones de euros sin cumplir medidas de seguridad establecidas por ley

La apertura del Museo Thyssen en la ciudad de Málaga pudo ser una buena noticia para la ciudad, en tanto significa una interesante contribución a la oferta cultural para la ciudadanía autóctona y foránea. Sin embargo, desde sus inicios el Thyssen ha sido objeto de polémica en la ciudad, no solo por el enorme coste que ha significado para las arcas públicas (2,1 millones de euros al año) en unos momentos de duros recortes económicos, sino tambien, por la opacidad que el alcalde de la ciudad y su equipo han instituido como modus operandi cotidiano en la gestión del Museo.

Las condiciones del contrato de cesión de obras entre Ayuntamiento y la Baronesa Thyssen, las sospechas que desde el grupo municipal de IU hemos manifestado en numerosas ocasiones, en relación a posibles irregularidades en la contratación de servicios y de personal por parte de la gerencia del Museo o el escaso cometido del Patronato del Palacio de Villalón que ha sido vaciado de contenido y competencia, dejando mucho que desear el grado de transparencia con el que se ha llevado a cabo la gestión del Thyssen. El último episodio lo vivimos en el mes de mayo, cuando dos días después de la celebración del Patronato, saltó a la prensa el despido de dos trabajadores del Museo, sin que en ningún caso el Patronato fuese informado al respecto.

Sin embargo, hoy se ha dado una vuelta de tuerca más, y si las informaciones a las que hemos tenido acceso a través de los medios son certeras, estaremos asistiendo no solo a una gestión irregular sino a un acto de enorme irresponsabilidad política del equipo de gobierno, por la que tendrá que rendir cuentas, y en su caso, ser reprobados. Hemos conocido que la policía investiga una presunta infracción grave por la no aplicación de la legislación de seguridad privada en relación al transporte de objetos valiosos. De ser así, desde la dirección del Museo se habría incurrido en un incumplimiento de la legislación vigente, pero también habría puesto en riesgo obras de arte de un enorme valor económico, artístico y patrimonial, de imposible restitución en el caso de que se hubiera producido su pérdida o robo.

En concreto, la policía denuncia el traslado del Museo Thyssen de Madrid al de Málaga el día 21 de Marzo de obras por valor de más de 64 millones de euros, sin que esta fuese acompañada de ningún vigilante de seguridad, tal y como obliga la normativa y sin que la empresa transportista figurara inscrita en el registro de empresas de seguridad del Ministerio de Interior. Un hecho de gravedad que suscita muchas preguntas, más sangrante aún, si cabe, cuando el gerente del Museo,el Sr Ferrer cobra la solera de 80.000 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento, por su supuesta “profesionalidad”, tal y como ha argumentado una y otra vez Francisco de la Torre cuando se le ha preguntado por parte del grupo municipal sobre los desmesurados “sueldazos” de su personal de confianza y alta dirección, que en algunos casos, llegan a percibir más de 100.000 euros. Solo se han podido dar dos situaciones en este feo asunto: o bien el gerente conocía la legislación de seguridad privada y la ha incumplido,lo que de ser así, implicaría una irregularidad de nombre malsonante; o bien la desconocía, lo que pondría de manifiesto la enorme “profesionalidad” de este gerente, tan bien pagado con el dinero de las y los malagueños.

No nos sorprende este episodio, ya que el “buen hacer” de Ferrer a su paso por el Ayuntamiento, es conocido por todos. Nos sorprende que, tras el resultado de su gestión a cargo de la Fundación Málaga Ciudad Cultural, como máximo responsable de la candidatura de Málaga a la capitalidad cultural de 2016, el alcalde haya vuelto a confiar en él y poner en sus manos un proyecto cultural de la dimensión del Museo Thyssen.

En consecuencia, desde Izquierda Unida, hemos solicitado una reunión con carácter urgente y extraordinario del Patronato de la Fundación del Palacio de Villalón “Museo Carmen Thyssen”, para que el Sr Ferrer rinda cuentas y ponga a disposición de sus miembros, entre los que se haya Pedro Moreno Brenes, toda la documentación e información relativa a este asunto. Cuantas notificaciones pudiera haber de la Policía o la Subdelegación del Gobierno, el contrato y procedimiento de adjudicación con la empresa de transportes, el protocolo de Seguridad del Museo, la memoria de los desplazamientos de obras y las condiciones en las que se han dado desde la apertura del Museo, así como los contratos de asesoría jurídica que haya podido suscribir el Museo durante la última anualidad.

Pediremos la comparecencia del concejal responsable, Damián Caneda y por supuesto, del Sr. Alcalde, máximo valedor del Museo Thyssen así como de su gerente. Iremos informando:a ver si ganamos un poquito de transparencia.


sábado, 16 de junio de 2012

Necesitamos un Plan de Cobertura de Necesidades Básicas


  La crisis está afectando duramente a la ciudadanía malagueña: el alto porcentaje de desempleo mantenido durante los últimos años; los recortes en ayudas sociales; la subida de impuestos no progresivos y la legislación que ampara los desahucios están convirtiendo cada vez a más sectores de la sociedad malagueña en personas en riesgo de exclusión social.


En los últimos meses se han publicado dos informes que pueden concretar como está afectando la crisis en la ciudad de Málaga: la memoria anual del Área de Derechos Sociales y la memoria de Cáritas Diocesana.


A través de estos dos informes comprobamos como desde el inicio de la crisis ha aumentado peligrosamente el número de malagueñxs en riesgo de exclusión social, las personas atendidas por Cáritas se han doblado desde 2007, cuando se inició el cambio de ciclo económico, llegando a atender durante 2011 a más de 25.000 familias.


Las cifras nos indican que el riesgo de exclusión está llegando a sectores que nunca antes lo habían padecido, el 20% de las personas atendidas por esta organización solicitaban ayuda por primera vez.


Según Cáritas el perfil de los atendidos ha cambiado y ya no se corresponde con el cuadro de enfermedad, marginación y mendicidad. Ahora la organización atiende también a parejas jóvenes, madres solteras, parados de más de 50 años, etc.


Los datos que ofrece la memoria anual de servicios sociales no son muy distintos: El servicio de Información, valoración y Orientación de Trabajo Social de Zona pasó de atender en 2010 a 25.000 malagueños a más de 32.000 en 2011, es decir, cerca de un 30% más en un solo año. Durante el año pasado la Puerta Única del Centro de Atención a Personas sin hogar llegó a realizar más de 5.000 actuaciones.


Estos informes nos permiten no solo comprobar este alarmente aumento de malagueños en situación de exclusión, sino que además nos permiten comprobar cuáles son las necesidades básicas que solicitan con urgencia: el informe de Cáritas recoge que el 42% de los solicitantes buscaban ayudas para alimentación; un 38% empleo- la misma cifra que para vivienda- y un 22% para pagar los suministros básicos de luz y agua.




Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida consideramos necesario y urgente la transformación del modelo económico y social que origina esta dramática realidad, pero también estamos convencidos de que, mientras esto sucede, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la cobertura de las necesidades básicas a toda la población.


El Ayuntamiento de Málaga tiene competencias directas para poder garantizar la cobertura de algunas necesidades tan básicas como el agua o el transporte, por ello proponemos que desde el Gobierno Municipal se realice de manera participativa un Plan Municipal de Cobertura de las Necesidades Básicas, en el que todas las áreas se activen para poder usar todas las competencias municipales necesarias para garantizar que todos los habitantes de la ciudad puedan tener cubiertas las necesidades que garantizan la dignidad humana.


En base a lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente


A C U E R D O

UNICO.- Instar al equipo de gobierno local a realizar de manera participativa un Plan Municipal de Cobertura de las Necesidades Básicas que incluya:
  • Cobertura de alimentación: a través de la constitución de una Red Municipal de cocinas sociales y solidarias en la ciudad,
comenzando por los barrios más necesitados y de más fácil acceso para el conjunto de la ciudadanía.
  • Cobertura de acceso al agua: Realizando desde la empresa municipal de aguas EMASA una moratoria en los cortes por impago a personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria
  • Cobertura de acceso al transporte: aumentando la cobertura y los viajes del programa de “bonobús para desempleado” de la EMT
  • Cobertura de acceso a una vivienda: Convirtiendo al Ayuntamiento de Málaga en un agente activo contra los desahucios, usando para ello todas las medidas posibles dentro de sus competencias: creando oficinas de información para amenazados de desahucios, mediando con las entidades bancarias y ofreciendo en casos extremos alternativas a través del IMV
  • Cobertura de acceso a la cultura garantizando el acceso gratuito o a bajo coste a los desempleados a todo acto cultural organizado por el Ayuntamiento.

lunes, 13 de febrero de 2012

IU propone que el Ayuntamiento homenajee a las víctimas de la Desbandá

Moción que presenta la concejala del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, Antonia Morillas, a la Comisión de Pleno de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, en relación al 75 Aniversario de la toma de Málaga y las consecuencias para la población civil malagueña y refugiada que huyó por la Carretera a Almería.


En la mañana del día 8 de febrero hacían su entrada en Málaga las primeras tropas moras y falangistas, comandadas por el coronel Borbón, que penetraban por el popular barrio de Huelin sin apenas resistencia. Los escasos 80 jóvenes milicianos del barrio que les hicieron frente, en un gesto desesperado, murieron todos y sus cuerpos amontonados en una de las entradas a la Estación eran la carta de presentación de los recién llegados. Al mismo tiempo las tres columnas motorizadas italianas penetraban en la ciudad por distintos lugares a las que se les unieron las tropas desembarcadas de los buques franquistas que ya fondeaban en el puerto. A las cinco de la tarde desfilaban sobre Málaga republicana vencida. Después llegaría el atroz desmoche, la represión brutal y fría que llevaría a las cárceles a decenas de miles de personas y a la ejecución de más de 3500 hombres y mujeres, en las tapias del cementerio de San Rafael, y en más de 7000 si contabilizáramos la provincia, por el mero hecho de pensar en libertad. Nunca hubo, desde esos instantes, un solo minuto de libertad y democracia en Málaga, la cárcel, la tortura y la muerte eran “la ley” para los opositores, mientras duró la gesta de terror del dictador Franco y sus aliados, durante cerca de cuarenta años.

Habían acabado, tan solo, siete meses de acoso continuo, de bombardeos indiscriminados, que causaron según las últimas investigaciones de historiadoras de la UMA unas 224 víctimas, que hacían de las ciudades y, en concreto, de la capital malagueña, espacio de dolor y sufrimiento. Málaga ciudad masacrada, que trascurridos los primeros meses de esperanzas populares, se había transformado en una masa desmoralizada donde las penurias del vivir cotidiano de la población eran la norma. El desabastecimiento de bienes básicos de consumo y de medicinas, la falta de ropas de abrigo y calzado, así como las enfermedades que se propagaban, situándose en el borde mismo de las epidemias, a causa del hacinamiento y la falta de higiene de los edificios habilitados para las decenas de miles de refugiados andaluces y de los pueblos de la provincia que huían del horror de la represión de las fuerzas de ocupación fascistas. A estas circunstancias, que conformaban un grave problema humanitario, las autoridades republicanas tuvieron que hacer frente, ya en los primeros meses de guerra, con más voluntarismo que eficacia ante la escasez de medios y el cerco.

Apenas unas horas antes de la caída de Málaga, la gran mayoría de la población malagueña y las decenas de miles de refugiados que hacinaban la capital, provenientes de todas las localidades de la provincia, como del resto de la Andalucía ocupada, huían. Se sentían amenazados ante las atrocidades, que contaban los refugiados de las poblaciones y literalmente corrían por el único camino posible, la carretera de Almería donde fueron bombardeados cruelmente por la aviación y la flota rebelde, mientras eran perseguidos por las fuerzas motorizadas italianas, dejando un sendero de miles de cadáveres a lo largo de los más de 200 kilómetros de tortuoso camino, calculándose por parte de historiadores especialistas entre al menos 3000 y 5000 víctimas las posiblemente ocasionadas por este trágico acontecimiento.

Estos hechos son recordados por Adolfo Sánchez Vázquez:
“...las calles que conducían a la carretera se llenaron de gentes que pronto se convirtieron en una multitud heterogénea de hombres y mujeres, ancianos y niños. Iban cargados con todo lo que podían: mantas, colchones, maletas, bultos diversos. La inmensa mayoría se trasladaba a pie, muchos en burros, menos en caballo y menos aún en coches atestados. Pero, en los rostros de todos se expresaban los mismos sentimientos: de ansiedad e incertidumbre(...) y mientras tanto no sólo se hacen presentes los cañones desde el mar, sino otros dos aliados del dolor y la muerte: el hambre y el frío...
...El cielo –el límpido cielo andaluz- es ahora el tenebroso espacio del crimen, desde el cual los trimotores alemanes tiñen la tierra de sangre. Y, por si fuera poco esta alianza del terror del cielo y del mar, en tierra los tanques pisan los talones de los últimos fugitivos de la caravana. Y con esta espantosa convergencia de la muerte por mar, tierra y aire, la columna fugitiva se estremece y estrecha cada vez más. Como fantasmas en la noche última, se arrastran los cuerpos con los pies sangrando, los pulmones secos y las bocas jadeantes, pronunciando una sola palabra que se repite débilmente: Almería, Almería, Almería...”

En estos dramáticos sucesos de la "La Carretera de Muerte", uno de los episodios más horrorosos de la guerra, destacó en su humanitaria acción, salvando innumerables vidas de los malagueños huidos, el infatigable cirujano Norman Bethune, de origen canadiense y militante comunista, que con su ambulancia para transfusiones de sangre no paró de trasladar mujeres, niños y enfermos hasta lugar seguro. Asimismo tuvo un papel destacado Matilde Landa y Tina Modotti que enviadas por el Socorro Rojo, junto a Benito Bravo, a Almería se encargaron del transporte y la acogida de los evacuados hacia esta ciudad y a los pueblos de la provincia, abasteciéndoles de alimentos, ropas, medicamentos, etc. A quienes hay que hacer un reconocimiento a su humanitaria labor con los malagueños y malagueñas.

Es por ello que proponemos al pleno la adopción de los siguientes:



ACUERDOS


1.- El Ayuntamiento de Málaga en el marco del 75 Aniversario de la caída de Málaga y del éxodo de la Carretera de Málaga a Almería, manifiesta su más absoluta condena de aquel criminal genocidio cometido sobre la población civil que huía, exponente del horror que suponen las guerras, como hoy la de Irak, del que sólo son culpables los que las ocasionan y quienes las alientan.


2.- Configurar un programa de actos divulgativos encaminados a restaurar la memoria de aquel trágico episodio y a homenajear a los supervivientes y familiares de las víctimas de la Carretera a Almería, consistente en la colocación de una placa o monolito en recuerdo de ellas.

3.- Designar el nombre de una calle o plaza a la memoria de Norman Bethune, Tina Modotti, Benito Bravo y Matilde Landa, por su encomiable labor humanitaria en el salvamiento de niños, mujeres y ancianos en aquellos acontecimientos.

4.- El Ayuntamiento de Málaga acuerda dirigirse al Gobierno del Estado para que se promulgue una auténtica Ley de Memoria Histórica, que dignifique y salvaguarde la memoria de las víctimas del fascismo en España, incluyendo las reivindicaciones de los familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica de nuestro país.

martes, 17 de enero de 2012

En defensa de los servicios públicos municipales

La adopción por parte de la Diputación provincial de la Concertación como mecanismo de gestión y relación de la Diputación con los municipios de la provincia ha ido materializando año a año, el compromiso con un cambio de modelo basado en la concepción de la Diputación como ente instrumental que gestiona y facilita el desarrollo de competencias atribuidas a los ayuntamientos, aportando apoyo técnico y económico imposible de financiar por los propios ayuntamientos menores de manera aislada. Por tanto, este modelo aspira a consolidar un modelo de gobierno en red, cuyos principios motores son la descentralización y democratización de la toma de decisión sobre la gestión de los recursos públicos, basado en una relación de igual a igual, en la cooperación y actuación conjunta y dialogada entre ayuntamientos y Diputación provincial.

Los principios de la Concertación se sustentaban en la voluntad política de incrementar la capacidad de acción y gestión por parte de los ayuntamientos, reforzando la autonomía local y la solidaridad entre los municipios, teniendo la firme convicción de que son los ayuntamientos los poderes públicos más cercanos a la ciudadanía y por tanto, los que se hayan en mejores condiciones para garantizar el desarrollo del “Estado social y democrático de Derecho”.

La Concertación ha ido ganando año a año en proporción en relación al presupuesto total de la diputación provincial, habiéndose dedicado en 2011, 35.288.000 euros, y habiéndose adquirido en el mismo año, por parte de los tres grupos políticos de la Corporación, el compromiso de dedicar en la anualidad de 2012, 41.236.000 euros en concepto de asistencias económicas a los municipios. Sin embargo, el presupuesto de 2012 aplica el mayor recorte precisamente en las partidas destinadas a la Concertación, que se reducen en aproximadamente 20 millones de euros en relación a lo previsto.

Dicho recorte no solo significa una reducción sustancial de los recursos de los que los ayuntamientos dispondrán en 2012, con lo que ello implica en relación a la viabilidad económica de los servicios municipales que se venían prestando, sino que genera una enorme incertidumbre que dificulta sobremanera la tarea de planificación presupuestaria por parte de los ayuntamientos menores. Hoy, tras la aprobación del presupuesto para 2012, los ayuntamientos desconocen el grado y la forma en las que el recorte en Concertación les afectará de manera particular. Desconocen también si se mantendrá el criterio aprobado y público en la distribución de los recursos, tanto por finalidades y delegaciones como por municipios, así como la normativa que regulará la Concertación en el presente ejercicio.

La distribución acordada establecía el siguiente reparto: 70% infraestructuras y obras; 8,50% Cultura y Educación; 8% Turismo; 8,5% Juventud y Deportes; 5% Asistencia material. Asimismo, la distribución por municipios aprobada significaba que un 87,25% de las asistencias económicas era destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Ambas cuestiones han quedado, tras la aprobación del presupuesto, en suspenso.


La Base de ejecución 60ª del presupuesto de 2012 regula:

“ 1º Para la ejecución de la asistencia económica se fija una cuantía inicial de 10.640.672,09 euros en la aplicación presupuestaria….. “Concertación. Concertación Económica con Entidades locales. Transferencias a Ayuntamientos”, quedando fuera de esta regulación la actuación correspondiente del PPOS.

2º El desarrollo del procedimiento de gastos de dicha asistencia económica, así como de la asistencia técnica y material, se fijará en la normativa que los regule o en los acuerdos de desarrollo de dicha normativa, facultándose a la presidencia para que mediante decreto, que se fiscalizará previamente por la Intervención, se regule de forma detallada el procedimiento de ejecución del gasto, de conformidad con la normativa plenaria a que se refieren los artículos 12, 13 y 14 antes citados”.”

Dicha base pone de manifiesto que a diferencia del método seguido en otros ejercicios, en esta ocasión las Bases de Ejecución no regulan el procedimiento de gestión de gasto de los programas derivados de la “la Concertación”, lo que exige, de manera imperiosa, que dicha regulación sea acometida, y que además lo sea, en un marco de diálogo y negociación entre los grupos políticos que conforman la Diputación provincial y los ayuntamientos de la provincia.

Por todo ello, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1. Abordar las modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al acuerdo plenario de 2011 en base al cuál se establece la cuantía, criterios y distribución de “La Concertación” para el ejercicio de 2012, cuestión imprescindible para garantizar la prestación de servicios en los municipios menores de la provincia.

2. Convocar de manera urgente, y en el plazo de un mes, la Mesa de Concertación, con la participación de los ayuntamientos, con los siguientes cometidos:
a. Rendición de cuentas por parte del equipo de gobierno de los acuerdos adoptados en relación a la Concertación de 2012
b. Debate sobre la normativa reguladora de “La Concertación” 2012 que marcará el procedimiento de gastos de la asistencia económica, técnica y material a los municipios.

sábado, 14 de enero de 2012

El recorte del PP a la ley de dependencia significa violar el derecho subjetivo a ser cuidadx

A continuación reproduzco la iniciativa que presentaremos la próxima semana en el Ayuntamiento y en la Diputación de Málaga, en defensa del mantenimiento de la financiación a la "Ley de dependencia" y en contra del recorte del gobierno del PP, que significa dejar a más de 40.000 andaluces y 7.000 malagueñxs sin los servicios que garantizan su derecho a ser cuidados. El recorte del PP implica vulnerar gravemente la Ley de dependencia, según la cuál, el derecho a ser cuidado es subjetivo, y por tanto, reclamable ante los tribunales.

En España existen ya más de un millón de personas reconocidos como dependientes. En Andalucía ha habido desde que entró en vigor la ley 543.151 solicitudes, de las cuales ha habido 473. 963 dictámenes positivos y 358.057 personas beneficiarias.

Actualmente el Sistema de Atención a la Dependencia ofrece en la provincia de Málaga 37.840 prestaciones a 29.126 personas beneficiarias de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley ha creado en la provincia 10.000 puestos de trabajo, en los que el 86 por ciento de los casos se trata de mujeres, que cobran en torno a 500 euros mensuales. En el 69 por ciento de los casos no realizan ninguna otra actividad laboral más que los cuidados destinados a una persona querida.

La aplicación de esta ley no está exenta de criticas (falta de universalidad; feminización y precarización de los cuidados; privatización de la gestión...) pero los datos demuestran el enorme impacto para el bienestar de las personas dependientes y sus familiares que ha tenido esta ley tanto en Málaga como en el resto del estado, y que la ayuda a la dependencia se ha convertido ya en un pilar del Estado de Bienestar en España, y por tanto en un derecho irrenunciable.

Las distintas declaraciones del nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, poniendo en cuestión el mantenimiento de este derecho, llevó a Izquierda Unida a presentar una iniciativa al ultimo Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que fue aprobada por unanimidad, para instar al Gobierno a que aportase la financiación necesaria para el desarrollo pleno de esta Ley.

El pasado 30 de diciembre se cumplían las amenazas, y la nueva Vicepresidenta, Soraya Saenz de Santa María, anunciaba los primeros recortes a la Ley de dependencia, dentro un paquete de medidas que supone el mayor recorte de gasto social de la democracia.

En concreto, el Gobierno ha anunciado que durante 2012 no se admitirán nuevos beneficiarios de grado moderado, ello supone que 162.000 dependientes, cuya dependencia ya está reconocida y están a la espera de la concesión, se queden sin recibir la ayuda que por derecho les corresponde.

Entre estas 162.000 personas, según estimaciones de la Junta de Andalucía, se encuentran 40.000 andaluces y 7.300 malagueños dependientes reconocidos como tales, y cuya calidad de vida y la de sus familias está pendiente del desarrollo de esta ley.

Hace menos de un mes, a propuesta de IU, el Ayuntamiento instó al Gobierno a mantener su financiación, por lo que, siendo coherentes, este Ayuntamiento debería erigirse en defensor de estas miles de familias malagueñas a las que se les ha retirado su derecho e instar al Gobierno a rectificar.

En base a lo anterior proponemos la adopción del siguiente:


A C U E R D O


Único- Instar al Gobierno Central a que dé marcha atrás en su proyecto de bloquear durante 2012, la entrada de nuevos beneficiarios en ciertos grados de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y aporte la financiación necesaria para que esta pueda desarrollarse plenamente.

jueves, 12 de enero de 2012

El PP recorta más de 3 millones de euros a la comarca de Antequera

Izquierda Unida inició ayer una ronda de reuniones con los grupos municipales de la provincia, con el objetivo de poner en marcha una estrategia común que presione al equipo de gobierno popular para que dé marcha atrás a los acuerdos adoptados en materia presupuestaria, que significan un recorte del 40,62% en las transferencias directas a los ayuntamientos menores de la provincia, siendo unos acuerdos profundamente lesivos para los intereses de la provincia.

En relación a las transferencias directas a los ayuntamientos, que son aquellas que garantizan la prestación de los servicios municipales, estas se han visto reducidas de los 30.293.000 euros previstos a 10.640.000 euros. Este recorte, que asciende a la cantidad de 19.653.000 euros tendrá un enorme impacto negativo en términos de generación de empleo y prestación de servicios en los municipios menores de 20.000 habitantes.

La primera visita que hemos realizado ha sido a la ciudad de Antequera, donde hemos presentado la estimación realizada por el grupo provincial de IULVCA, en relación al recorte que sufrirán cada uno de los ayuntamientos de la comarca antequerana. En total, la comarca se verá afectada con un recorte de 3.551.050 euros, pasando de 8.742.124,58 euros a 5.191.073,98 euros.

Paso a relacionar el recorte que el PP va a aplicar a los ayuntamientos de la comarca:

Municipio Recorte PP Aportación a percibir en 2012

Cuevas Bajas 130.160,28 190.273,7
Villanueva de Tapia 173.682,23 253.896,06
Almargen 173.682,23 253.896,06
Ardales 427.578,29 173.682,23 253.896,06
Fuente de Piedra 173.682,23 253.896,06
Valle de Abdalajís 173.682,23 253.896,06
Humilladero 190.217,41 278.067,71
Vva Concepción 190.217,41 278.067,71
Sierra Yeguas 190.217,41 278.067,71
Vva del Rosario 190.217,41 278.067,71
Cuevas San Marcos 190.217,41 278.067,71
Teba 190.217,41 278.067,71
Vva Algaidas 190.217,41 278.067,71
Mollina 192.824,43 281.878,75
Vva Trabuco 192.824,43 281.878,75
Alameda 192.824,43 281.878,75
Campillos 192.824,43 281.878,75
Archidona 192.824,43 281.878,75
Antequera 229.749,26 335.856,74
Consorcio Guadalteba 13.542,93 19.797,64
Consorcio Zona Norte Antequera13.542,93 19.797,64

Total Comarca 3.551.050,6 5.191.073,98

miércoles, 11 de enero de 2012

IU propone que el Ayuntamiento de Málaga se hermane con la ciudad palestina de Bil'in

El pueblo palestino sufre la ocupación militar más prolongada de la historia contemporánea. En junio de 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó los territorios de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, situación que se mantiene hasta la actualidad impidiendo la constitución de un Estado palestino.

Ningún país del mundo, incluida España, reconoce la legitimidad de la ocupación. Naciones Unidas ha exigido en varias ocasiones la retirada de Israel de los territorios ocupados (resolución del Consejo de Seguridad 242, de 22 de noviembre de 1967, y resolución del Consejo de Seguridad 338, de 22 de octubre de 1973).

El Estado de Israel no sólo ha hecho caso omiso de las resoluciones del Consejo de Seguridad, sino que continúa con la colonización del territorio palestino mediante la construcción de asentamientos ilegales y la ubicación en estos de su población. Estas acciones vulneran el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe que las potencias ocupantes trasladen a su población civil al territorio ocupado. La población colona israelí asentada en territorio palestino asciende a 500.000 personas.

Naciones Unidas ha exhortado a Israel a desmantelar los asentamientos mediante la resolución del Consejo de Seguridad 446, de 22 de marzo de 1979. El texto de la citada resolución considera que los asentamientos vulneran la legalidad internacional y que constituyen “un grave obstáculo para el logro de una paz justa, completa y duradera en Oriente Medio”.

En el año 2006, Israel impuso un bloqueo por tierra, mar y aire a la Franja de Gaza. Dicho bloqueo es un castigo colectivo, algo prohibido expresamente por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, y ha provocado una gravísima situación económica. Según Naciones Unidas, el 80% de la población de Gaza –millón y medio de habitantes- depende de la ayuda humanitaria para su alimentación; el 70% de las familias sobrevive con un euro al día por cada uno de sus miembros y el 50% de la población activa está desempleada (la tasa de paro más alta del mundo).

Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Europea y las principales organizaciones humanitarias han pedido a Israel, sin éxito, que levante el bloqueo.

En junio de 2002, el Gobierno de Israel comenzó a construir el Muro de Cisjordania. Se trata de barreras de hormigón para recluir a la población palestina dentro de los núcleos urbanos, que quedan sin posibilidad de comunicación entre ellos. La construcción del Muro no sólo separa a unas ciudades de otras, sino que confisca tierras palestinas que Israel anexiona a su estado, separa a la población de sus campos de labor, centros educativos, sanitarios, etc., y rompe la contigüidad territorial de Cisjordania impidiendo la creación de un Estado palestino. El Muro supone un castigo colectivo para la población palestina, algo prohibido expresamente por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra.

El Muro de Cisjordania ha sido condenado por Naciones Unidas (resolución de la Asamblea General de 21 de octubre de 2003 con el voto a favor de España) y la Corte Internacional de Justicia dictaminó el 9 de julio de 2004 su ilegalidad, instando a Israel a demolerlo. El Gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos de la Unión Europea –incluido el Gobierno español- se han manifestado en contra de esta barrera, así como las principales organizaciones humanitarias (Cruz Roja, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Human Rights Watch o Médicos sin Fronteras).

Más de sesenta años de ocupación han dado como resultado un rico tejido organizativo palestino que lleva a cabo una resistencia no violenta contra la presencia del Ejército israelí en Cisjordania.

La resistencia no violenta contra la ocupación israelí es mayoritaria entre la población palestina, a pesar de que los focos mediáticos habitualmente sólo prestan atención a la resistencia armada. Sin embargo, cualquier persona implicada en el apoyo a la lucha del pueblo palestino puede atestiguar que la gran mayoría de organizaciones llevan a cabo acciones no violentas, amparadas por el derecho internacional.

Las organizaciones que trabajan en la resistencia contra la ocupación cubren los más diversos aspectos: presos políticos, población refugiada, género, infancia, robo de tierras, asentamiento, ocupación económica, robo de recursos básicos –agua, principalmente-, comunidad beduina, etc.

En los últimos años Málaga se ha significado en el apoyo al pueblo palestino en su lucha por la libertad, la justicia y los derechos humanos básicos. Este apoyo se ha canalizado a través de diversas organizaciones de la sociedad civil, como la asociación de solidaridad con el mundo árabe Al-quds, la Asociación Europea de cooperación con Palestina y la recientemente creada Asociación Vittorio Arrigoni.

La este tejido asociativo trabaja en diferentes ámbitos como la sensibilización, a través de charlas, conferencias, seminarios y proyecciones; acciones de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel (campaña BDS, lanzada en 2005 por 170 organizaciones palestinas que piden el boicot al Estado de Israel en tanto que no cumpla con la legislación internacional y los principios generales de los Derechos Humanos) y actuaciones coordinadas con organizaciones palestinas, estatales (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) y regionales.

En el pasado curso 2010/2001 el movimiento malagueño de solidaridad con Palestina centró sus esfuerzos en la campaña Rumbo a Gaza. El objetivo era recaudar los fondos suficientes para incorporar un barco español a la Segunda Flotilla de la Libertad, que tenía previsto zarpar en julio para romper el bloqueo a la Franja (la Segunda Flotilla de la Libertad era heredera de la Primera Flotilla de la Libertad, abordada por el Ejército de Israel en aguas internacionales el 31 de mayo de 2010; en dicho abordaje, los militares israelíes asesinaron a nueve activistas).
A bordo de la flotilla iban tres cooperantes malagueños que recibieron la solidaridad de este Ayuntamiento, que además se Adhirió a la Campaña “Un cuaderno, un lápiz y un euro” , campaña de recogida de material escolar cuyo objetivo era dotar de material escolar básico a los niños y niñas de la Franja de Gaza, siendo este trasladado por la Iniciativa Rumbo a Gaza y entregados a su llegada a la UNRWA para su posterior distribución.
BIL’IN, UN EJEMPLO DE LUCHA NO VIOLENTA

Bil’in es una población de unas 2.000 personas situada a 12 kilómetros al oeste de Ramala, en la zona central de Cisjordania. La mayoría de su población trabaja en la agricultura y la ganadería, aunque cada vez es más frecuente que personas que trabajan en Ramala se instalen en este municipio, dado el menor coste de la vida. Esta conversión en ciudad dormitorio está haciendo que el número de habitantes se incremente vertiginosamente.

Desde el año 1991 el Estado de Israel ha robado miles de hectáreas de terreno de Bil’in para la construcción de asentamientos ilegales. Como consecuencia de este robo, el desempleo ascendió al 60% de la población activa. En la actualidad, Bil’in está rodeada por ocho grandes asentamientos. A finales de 2004 se hicieron públicos los planes para la construcción del Muro alrededor de la población. La obra suponía la confiscación del 48% de las tierras que aún le quedaban a Bil’in.

En enero de 2005, los habitantes del municipio crearon el Comité Popular de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, que aglutina prácticamente a toda la población y a sus organizaciones. Desde el primer momento se decidió que la resistencia sería no violenta y que ésta se llevaría a cabo a través de dos cauces, el judicial y las acciones de calle.

En el plano judicial, el Comité Popular, basándose en la legislación internacional, ha conseguido que el Tribunal Supremo de Israel paralice la construcción del Muro y ordene al Gobierno de Israel que demuela lo levantado hasta el momento. Sin embargo, el Gobierno israelí no ha hecho caso a los requerimientos del Tribunal.

En cuanto a las acciones sobre el terreno, el Comité organiza cada viernes una manifestación pacífica en la zona en la que Israel construye el Muro. A estas manifestaciones se suman activistas de todo el mundo y también activistas israelíes que trabajan por los derechos del pueblo palestino. El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, la premio Nóbel de la Paz irlandesa Mairead Maguire o la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Luisa Morgantini. Las manifestaciones son un alarde de imaginación en su puesta en escena, tal y como se puede comprobar en los numerosos vídeos subidos a Internet. Sin embargo, la respuesta del Ejército de Israel suele ser brutal, como atestiguan los cerca de diez muertos y casi un centenar de heridos registrados desde que las protestas dieron comienzo. Además, varios de los más destacados líderes de la comunidad han sido detenidos.

Otras actividades pacíficas que lleva a cabo la población de Bil’in son la construcción de casas en los terrenos confiscados (lo que llaman ‘asentamientos palestinos’, demolidos de inmediato por el Ejército israelí), la presentación de un proyecto simbólico de construcción de un hotel en las tierras robadas o la interposición de querellas contra las compañías multinacionales implicadas en la construcción de asentamientos israelíes.

Desde 2006 el Comité Popular celebra cada año una Conferencia sobre la Resistencia No Violenta de Bil’in, a la que acuden personas y organizaciones de todo el mundo. Bil’in es un ejemplo para el resto de comunidades palestinas que se enfrentan a la amenaza de un Muro que convierte sus ciudades en cárceles. La estrategia de Bil’in ha sido copiada por otras poblaciones palestinas como Beit Ummar, Al Walaja o Nil’in.

Si bien los hermanamientos muchas veces sirven como un espejo donde mirarnos, el Ayuntamiento de Málaga, ya en otras ocasiones – Como con la ciudad de El Aaiún- a usado la figura del hermanamiento como instrumento de cooperación internacional, hermanándose con ciudades de zonas en conflicto, cuya hermanamiento con Málaga les supone un apoyo importante de cara a su visibilidad pública. Porque en estos momentos de crisis no queremos encerrarnos, y los hermanamientos pueden servir para mantener una conciencia global de la situación urbana de la mayor parte de la gente.

La sociedad civil malagueña siempre ha estado activa en su solidaridad con el Pueblo Palestino, y el Ayuntamiento de Málaga ha sabido recoger este sentimiento mostrando en múltiples ocasiones su apoyo a este pueblo: declarándose en contra del muro de la vergüenza, apoyando la recogida de materiales para la campaña de “Rumbo a Gaza”, poniendo su nombre a calles de la capital, etc.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pensamos que el hermanamiento de la ciudad de Málaga con Bil´in, una ciudad que represente el ejemplo de la resistencia no violenta del Pueblo Palestino , sería una formula ideal para poner un broche de oro a estos años de cooperación, y asegurar su continuidad en el futuro.

Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguiente:

A C U E R D O


UNICO.- Iniciar los tramites para hermanar la ciudad de Málaga con la ciudad palestina de Bil’in

Antonia Morillas
Concejala grupo municipal IULVCA