sábado, 14 de enero de 2012

El recorte del PP a la ley de dependencia significa violar el derecho subjetivo a ser cuidadx

A continuación reproduzco la iniciativa que presentaremos la próxima semana en el Ayuntamiento y en la Diputación de Málaga, en defensa del mantenimiento de la financiación a la "Ley de dependencia" y en contra del recorte del gobierno del PP, que significa dejar a más de 40.000 andaluces y 7.000 malagueñxs sin los servicios que garantizan su derecho a ser cuidados. El recorte del PP implica vulnerar gravemente la Ley de dependencia, según la cuál, el derecho a ser cuidado es subjetivo, y por tanto, reclamable ante los tribunales.

En España existen ya más de un millón de personas reconocidos como dependientes. En Andalucía ha habido desde que entró en vigor la ley 543.151 solicitudes, de las cuales ha habido 473. 963 dictámenes positivos y 358.057 personas beneficiarias.

Actualmente el Sistema de Atención a la Dependencia ofrece en la provincia de Málaga 37.840 prestaciones a 29.126 personas beneficiarias de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley ha creado en la provincia 10.000 puestos de trabajo, en los que el 86 por ciento de los casos se trata de mujeres, que cobran en torno a 500 euros mensuales. En el 69 por ciento de los casos no realizan ninguna otra actividad laboral más que los cuidados destinados a una persona querida.

La aplicación de esta ley no está exenta de criticas (falta de universalidad; feminización y precarización de los cuidados; privatización de la gestión...) pero los datos demuestran el enorme impacto para el bienestar de las personas dependientes y sus familiares que ha tenido esta ley tanto en Málaga como en el resto del estado, y que la ayuda a la dependencia se ha convertido ya en un pilar del Estado de Bienestar en España, y por tanto en un derecho irrenunciable.

Las distintas declaraciones del nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, poniendo en cuestión el mantenimiento de este derecho, llevó a Izquierda Unida a presentar una iniciativa al ultimo Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que fue aprobada por unanimidad, para instar al Gobierno a que aportase la financiación necesaria para el desarrollo pleno de esta Ley.

El pasado 30 de diciembre se cumplían las amenazas, y la nueva Vicepresidenta, Soraya Saenz de Santa María, anunciaba los primeros recortes a la Ley de dependencia, dentro un paquete de medidas que supone el mayor recorte de gasto social de la democracia.

En concreto, el Gobierno ha anunciado que durante 2012 no se admitirán nuevos beneficiarios de grado moderado, ello supone que 162.000 dependientes, cuya dependencia ya está reconocida y están a la espera de la concesión, se queden sin recibir la ayuda que por derecho les corresponde.

Entre estas 162.000 personas, según estimaciones de la Junta de Andalucía, se encuentran 40.000 andaluces y 7.300 malagueños dependientes reconocidos como tales, y cuya calidad de vida y la de sus familias está pendiente del desarrollo de esta ley.

Hace menos de un mes, a propuesta de IU, el Ayuntamiento instó al Gobierno a mantener su financiación, por lo que, siendo coherentes, este Ayuntamiento debería erigirse en defensor de estas miles de familias malagueñas a las que se les ha retirado su derecho e instar al Gobierno a rectificar.

En base a lo anterior proponemos la adopción del siguiente:


A C U E R D O


Único- Instar al Gobierno Central a que dé marcha atrás en su proyecto de bloquear durante 2012, la entrada de nuevos beneficiarios en ciertos grados de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y aporte la financiación necesaria para que esta pueda desarrollarse plenamente.

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