lunes, 26 de noviembre de 2012

Romper el miedo y tener dinero

A ocho años de la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género, podemos decir que la violencia continua constituyendo un instrumento de control patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La violencia de género aparece en nuestra cabeza como un recordatorio cotidiano, que nos sitúa en una posición de inferioridad y subalternidad en las complejas relaciones de poder que conforman el marco de relaciones económicas y sociales.

Las mujeres conocemos de primera mano la violencia, y aunque no todas hemos sufrido la violencia física, todas hemos experimentado en multitud de ocasiones la violencia estructural contra nosotras,en tanto que mujeres. BrownMiller decía que “todas somos víctimas de violación” en tanto la amenaza funciona como instrumento de coacción de impacto incalculable en el quehacer cotidiano de cualquier mujer. Algunas teóricas y activistas feministas como Ana de Miguel, hablan del proceso de “intimidación masculina”.El efecto multiplicador de saberse amenazada por el hecho de ser mujer y que contribuye sobremanera a la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres en todas y cada una de las esferas de la vida: en el acceso y condiciones en el mercado laboral,en los modos de vivir las relaciones sexuales y afectivas, en nuestro ocio,también en nuestra militancia. Hasta en nuestra forma de pasear la calle, de experimentar el espacio público y privado, en la “actitud”, que muchas nos esmeramos en deconstruir, aunque no siempre con éxito. Con más contradicciones y conflictos que sonrisas.

La violencia de género es un problema político de primer orden, y ese paso, de ser abordado como un asunto personal,de pareja, del ámbito privado, al ámbito público,ha costado décadas,décadas de lucha de los movimientos feministas y sus aliados, de las feministas que han intervenido en los poderes públicos. “Lo personal es político” continua sintetizando y atravesando buena parte de las reivindicaciones feministas actuales. Sin embargo,esa consideración de la violencia patriarcal como problema político y colectivo, de las mujeres y de la sociedad estructurada sobre la base de multiplicidad de “desigualdades” (de género, de clase, étnica, generacional...), enfrenta hoy distintas tensiones que dificultan su superación. Por citar solo algunas de ellas:

Hay un discurso público “normalizado” de rechazo de la violencia de género, si bien es cierto, que convive con discursos de la élite y populares coincidentes, que aún justifican,sirviendo de caldo de cultivo,unos más evidentes y abiertos, otros, la mayoría, más sutiles. Estos últimos no ocupan titulares de periódicos y no por ello son menos efectivos. Esta deslegitimación “pública”de la violencia de género, contrasta con un aumento de la presencia de la violencia en sus diferentes manifestaciones, como forma de relación en nuestra sociedad,como escena presente, ficticia o real, pero presente.

Se normaliza una consideración parcial de aquello que comprende la violencia de género. Hay acuerdo en el rechazo “público” a las formas más brutales de la violencia de género, sin embargo, se continua limitando su ámbito al de la pareja, invisibilizando otras formas de violencia de género,digamos por ejemplo el acoso sexual,este mismo en el ámbito laboral, la violencia simbólica o la obligación a ejercer la maternidad contra nuestra voluntad, que implican las restricciones que el PP ha planteado en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Acaso no es violencia obligar a ser madre a una mujer que no ha decidido serlo? Esa violencia no solo se invisibiliza, sino que se ejerce,legalmente, por parte del Estado, estigmatizando y negando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,personales e intransferibles, a las mujeres.

El conjunto de poderes públicos, unánimemente acuerdan “luchar contra la violencia de género, en tanto que lacra social” que diría cualquiera de las mociones aprobadas en los ayuntamientos en estos días que rondan el 25 de noviembre. Ese acuerdo unánime no tiene su justo traslado en forma de políticas y acciones concretas y efectivas. Si la violencia de género es “una de las mayores lacras de nuestra sociedad”, ¿por qué no es una prioridad política y presupuestaria? No es una prioridad presupuestaria,porque no es una prioridad:así de sencillo. Porque no es una prioridad, se han recortado en todos los niveles de la administración los presupuestos destinados para 2013 a la construcción de condiciones de vida igualitarias entre hombres y mujeres. Por ello se ha recortado un 15,67% de los presupuestos para la igualdad del gobierno central,representando con respecto al presupuesto consolidado un ridículo 0,0108%. Porque no es una prioridad, y porque en el fondo,muchos siguen pensando(actuando) que la violencia patriarcal responde a casos particulares y no a un problema social, colectivo, que se llama patriarcado.

El discurso de la igualdad se ha hecho institucional. Mejor dicho,los feminismos y sus activistas han conseguido que los presupuestos de la igualdad sean incorporados en la agenda política, en todas las declaraciones mundiales, locales, regionales. Son sin duda, objetivos de la década, del siglo y del milenio. Sin duda una conquista que lleva a sus espaldas años de luchas. Sin embargo, del dicho al hecho...ya se sabe. Frente al discurso de la igualdad institucionalizado, nos topamos con la realidad de la desigualdad. Y ahí andamos, “entre el techo de cristal y el suelo pegajoso”.

Saskia Sassen, socióloga norteamericana sostenía la tesis de la “feminización de la supervivencia” en su análisis sobre la globalización neoliberal y el impacto de esta en las mujeres. Su análisis es demoledor y nos es útil para entender cómo las políticas neoliberales perpetúan el papel subalterno de las mujeres, cuando provocan la situación actual de exclusión y desempleo y desmantelan los servicios públicos que cubren las necesidades sociales(la sanidad, la educación, los servicios sociales...),haciendo recaer con mayor peso, sobre estas, el trabajo de cuidados,invisible, no remunerado, que habría de estar socializado. Algunas compañeras hablan de la Revolución del Tupper, que con toda su carga simbólica, sitúa con extrema claridad, el rol central que adquiere la mujer trabajadora en el sostenimiento de las redes sociales y familiares en una situación económica y social de empobrecimiento masivo y de abandono por parte de los poderes públicos de aquel viejo principio de proveer de felicidad a lxs miembros de la comunidad.

La privatización o eliminación de los servicios de apoyo a las mujeres que sufren violencia, la situación económica que viven la mayoría de las personas y que opera como impedimento en la autonomía y libertad en la toma de decisión sobre el divorcio o la denuncia de violencia, o la nueva regulación de las tasas judiciales,que impedirá que las mujeres con menos recursos,la mayoría, se decidan a denunciar la violencia, son las acciones políticas concretas que se están desarrollando por parte del gobierno central, en connivencia con los mandatos de la Troika. Eso sí, han puesto en marcha una campaña de sensibilización, con su spot,sus famosos y todo.

Cierro esta breve reflexión, sobre el decir y el hacer, con tres pinceladas de la última medida de las tasas judiciales,porque violenta el principio de justicia universal, acentuando la existencia de una justicia para lxs pobres y otra para lxs ricos. Justicia, para la que pueda pagársela. El establecimiento de estas tasas vendrá a agravar la desigualdad entre las propias mujeres,entre las que puedan permitirse costearse la justicia y las que no. Los divorcios se pagarán a partir de 300 euros más el 0,5% de lo que se solicite. Si hay recurso posterior,lo cuál es bastante habitual, se pagará a partir de 800 euros. También se pagará si se recurre el régimen de custodia o cualquier otra medida. Que duda cabe que estas tasas judiciales actuarán de elemento disuasorio para que las mujeres denuncien situaciones de violencia. Mientras tanto, desde el gobierno continuarán diciéndonos a las mujeres que denunciemos, que no tengamos miedo.

viernes, 9 de noviembre de 2012

¿Qué pasa con la Guardería y el Centro Básico de Acogida


Os enlazo la nota de prensa de la rueda de prensa que hemos ofrecido el grupo provincial de IU y la presidenta de la Junta General de Personal de la Diputación de Málaga. Ante el futuro incierto del Centro Básico de Acogida y de sus trabajadorxs, así como las afirmaciones del Director General de Recursos Humanos en relación al futuro de la guardería provincial, el grupo de IU ha solicitado la comparecencia de Bendodo para que rinda cuentas sobre los planes que tiene en relación a ambos servicios públicos. 

IU solicita la comparecencia de Bendodo para que clarifique sus planes en relación al Centro Básico de Acogida y la Guardería

A la guardería dependiente de Diputación Provincial le espera el cierre inminente, según anunció el  director general de Recursos Humanos, Antonio Peñalver, en una reunión con representantes sindicales y que hoy ha hecho público la presidenta de la Junta General de Personal,  Mayte Rengel, durante la rueda de prensa junto a la portavoz del grupo provincial de IU, Toni Morillas.

Izquierda Unida ha pedido la comparecencia en el pleno del martes del presidente de Diputación, Elías Bendodo, a quien van a pedirle explicaciones sobre la situación en que se encuentran los centros especiales de Servicios Sociales, especialmente el Centro Básico de Acogida de Menores y la guardería.Morillas exigirá al Partido Popular  que abra un proceso de negociación con trabajadoras, representantes sindicales y oposición para elaborar un programa que de contenido al Básico y mantenga abierta la Guardería.

Rengel ha explicado que el Centro Básico lleva  un año sin contenido y sus trabajadores sin funciones, lo que está ocasionando incluso bajas por enfermedad a consecuencia de esta situación tan anómala.
Los representantes sindicales llevan dos años pidiendo al Gobierno un plan general de viabilidad para el Básico y sus empleados, pero no se les ha tenido en cuenta; se les pide que reubiquen y cambian a algunas personas sin criterio y los trabajadores están desorientados, angustiados e incluso de baja a consecuencia de todo ello.

Los sindicatos reclaman una negociación “seria y coherente”  y las propias trabajadoras “a la desesperada” han presentado un proyecto de trabajo que no se ha tenido en cuenta. Dicho plan de trabajo consistía en realizar los mismos servicios que una empresa privada está dando en las instalaciones del básico a las que Diputación ha cedido la infraestructura por un tiempo.

También se ha planteado que parte de la reubicación de las trabajadoras (buena parte de ellas puericultoras) en la guardería provincial, pero ahora han conocido el inminente cierre por boca del cargo de confianza, a pesar de que previamente la diputada de Educación había negado esta posibilidad, afirma la representante sindical.

Tanto Morillas como Rengel han acusado a Bendodo y a su equipo de no disponer de proyectos políticos para los servicios sociales de la institución y de practicar la misma política que ya tiene en marcha en el Ayuntamiento de la capital, ceder equipamientos públicos a la iniciativa privada.

IU exige que se garantice el empleo y el servicio público y recuerda que la guardería podría ofertar todas las plazas de las que dispone (ahora mismo están cubierta 80, pero pueden ser 200) a las familias que lo necesitaran. 

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El recortazo del PP en igualdad y prevención de la violencia de género

 
Hoy hemos defendido en la Diputación provincial la iniciativa que a continuación os reproduzco, con la firme convicción de que el desmatelamiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales y la precarización del mercado de trabajo, afecta en primer lugar y especialmente, a las mujeres.Mujeres,que no solo sostenemos las redes sociales que dan cobertura a lxs trabajadorxs expoliados de derechos y recursos, en ausencia de poderes públicos que protejan y defiendan los derechos conquistados, sino que además, quedamos absolutamente desprotegidas en un escenario cada vez más conflictivo y de mayor desigualdad, que sin duda repercutirá en los niveles de violencia de género, y en el que además, volvemos a ver como la perspectiva feminista y los recursos públicos destinados a la igualdad, pasan a mejor vida en las políticas del gobierno. 
Os reproducimos la iniciativa que, como viene siendo habitual, ha encontrado el rechazo contundente del PP en la Diputación de Málaga 
La violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista, no sólo no tiene tregua sino que, además, se va adaptando a los nuevos tiempos en los que, por desgracia, está encontrando mayor respaldo.
Uno de los peores males que puede padecer la sociedad, es la misoginia y ésta se está expandiendo a sus anchas. Los discursos que se escuchan desde todos los frentes políticos e institucionales están dirigidos a emprender medidas que supuestamente van a solucionar la crisis, sin que desde los gobiernos se plantee de forma decidida que en lo irrenunciable de sus políticas, debe encontrarse la igualdad entre mujeres y hombres y las políticas contra la violencia de género.
A nivel mundial las mujeres tenemos menores salarios en iguales trabajos, dobles y triples jornadas de trabajo, feminización de la pobreza, menos oportunidades, trabajos precarios, responsabilidad de los cuidados, menores tasas de actividad, tasas ínfimas de representación, somos asesinadas por defender la educación de las niñas, los burkas no caen, lapidan por defender la libertad, se usa el ácido para reprimir la corporalidad, aumentan los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual de mujeres y niñas para la satisfacción de prostituidores y enriquecimiento de las mafias, así como el encarcelamiento por defender el feminismo laico y sin fronteras, ...
Y en España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que incitan a la violación, amenazas de modificación regresiva de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sentencias judiciales a favor del acoso sexual, asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por falta de dinero, lenguaje institucional cada vez más machista, programas televisivos que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación segregada por sexos, y se continua con el desmantelamiento de organismos para la igualdad y el recorte de recursos destinados a esta.
Venimos denunciando el recorte que año a año se viene aplicando a las políticas de igualdad, quedando constatado que la igualdad entre hombres y mujeres no es una prioridad política para el gobierno del PP. Los PGE de 2013 dan buena prueba de ello. No solo se descarta un enfoque transversal que incorpore la consecución de la igualdad como objetivo político de todo el gobierno a través de sus distintos ministerios, sino que se aplica un recorte del 15,67 % respecto al presupuesto de 2012. De este modo, la propuesta presupuestaria del PP recorta en un 24,10% el programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y un 6,85% el programa de prevención integral de la violencia de género, representando en relación al presupuesto consolidado un 0,0108%, un ridículo porcentaje que dista mucho de las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Asimismo, el Ministerio de Empleo carece de partida específica dirigida a la igualdad, las transferencias corrientes a comunidades autónomas sufren un drástico recorte del 93,8%, así como las destinadas a las entidades locales, que sufren una reducción del 62,9%,eliminándose por ejemplo, los recursos destinados a políticas de conciliación desde los ayuntamientos y diputaciones, disminuyendo en un millón de euros los programas de asistencia social para víctimas de violencia de género o dejando en una testimonial partida de 30.000 euros el convenio con la FEMP para el impulso de acciones frente a la violencia de género en las entidades locales.
Este recortazo del PP viene a incidir en el desmantelamiento de los servicios, que sin ser suficientes, venían prestándose a los ciudadanos y ciudadanas que habitan la provincia de Málaga, afectando directamente la capacidad económica de ayuntamientos y de la propia Diputación provincial, que ya en el presupuesto de 2012 dejó las partidas destinadas a igualdad sustancialmente disminuidas (60,60%).
En este sentido, la dedicación del personal del Servicio provincial de la Mujer y del Área de igualdad y la acción social de buena parte del tejido asociativo de mujeres de la provincia, amortiguan la falta de impulso político y compromiso presupuestario del equipo de gobierno del PP en la Diputación provincial. Desde el grupo de Izquierda Unida, estamos convencidos de que el 25 de noviembre es una fecha de reivindicación que ha servir para revisar y renovar compromisos para trabajar desde la administración en la generación de condiciones de vida igualitarias, que superen el género, por ello, proponemos la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
  • Que frente a la crisis económica, la Diputación de Málaga centre sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos provinciales de 2013, incrementando las partidas destinadas a tal objeto de manera progresiva hasta alcanzar el 5%.
  • La Diputación de Málaga se compromete a que tanto a través de los objetivos que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través de las propias consignaciones presupuestarias, adoptadas de forma transversal desde todas las delegaciones provinciales, a poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos a nuestro alcance, para la prevención de la violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma.
  • La Diputación de Málaga se compromete a reunir la Red de Municipios por la Igualdad y al Consejo provincial de la Mujer con el objeto de informar a los municipios del impacto que tendrá el recorte de los PGE en materia de igualdad y prevención de la violencia y establecer un plan de acción común para reivindicar el mantenimiento de los partidas y servicios para la promoción de la igualdad y la prevención.




Diputación dedica 0 euros a frenar desahucios y 63.782 a asesoramiento sobre asuntos taurinos

La Diputación de Málaga aprobará hoy un Convenio con el Colegio de Abogados mediante el cuál se pretende prestar el servicio de intermediación hipotecaria a las familias afectadas por los desahucios. Sin embargo, dicha oficina no es más que un punto de recogida de datos que serán trasladados a Colegio de Abogados para su gestión. La dotación presupuestaria es inexistente, se excluyen los partidos judiciales de Antequera y Archidona y se excluye también la labor política de presión a las entidades bancarias, imprescindible para el resultado esperado en la intermediación, que no es otro, que la dación en pago y el alquiler social. Sin embargo, hoy mismo también, el PP aprobará una dotación de 20.000 euros, que viene a añadirse a la ya existente, para asesoramiento sobre asuntos taurinos. Frente a tal grado de frivolidad, el grupo de IU hemos presentado la moción en defensa del derecho a la vivienda que transcribo a continuación.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Vemos como en España, las familias despojadas de su vivienda lo son por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, que ha traído, como consecuencia, la pérdida de empleo, que en Andalucía alcanza cerca del 40% de la población activa, y sabemos que mientras existen medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el gobierno central, una sola medida que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias sobre-endeudadas.
Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza el dato de desahucios en viviendas libres, con 68.053 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011. Y los primeros datos de 2012 indican que la progresión aumenta de manera escandalosa.
El número de desahucios durante el primer trimestre de 2012 alcanzó una nueva cifra récord de 18.424 desahucios, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2011. En total, el dato de ejecuciones hipotecarias (proceso previo al desahucio de la vivienda) marcó 24.792 procedimientos entre enero y marzo de 2012, un 14,1% más que en 2011.
La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.
Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.
La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.
Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Por otro lado, Uno de los indicadores más visibles del uso especulativo y anti-social del parque de viviendas es la proporción de viviendas vacías. La ratio española es de 160 viviendas secundarias o vacías por 1.000 habitantes. Esta proporción dobla la media europea.
Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de una forma especial en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen las personas y familias afectadas en busca de ayuda.
La pérdida de la vivienda priva a las personas de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica.
Es necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo provincial IULVCA, somete para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.
2. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
3.- Acordar el apoyo de este pleno a la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago y el alquiler social que deberá ser entregada en antes del 25 de enero de 2013, para modificar las injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten la sangría de desahucios masivos que se producen en Andalucía.
4.- Suscribir convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para hacer efectivo el Programa en defensa de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda y de esta manera garantizar, hasta el cambio de ley estatal, que las administraciones más cercanas a la ciudadanía intermedien, a través de las oficinas de intermediación hipotecaria en las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda, con las entidades financieras para evitar los desahucios.
5.- Instar a las administraciones con competencias, Gobierno y Junta de Andalucía, a que hagan efectivo el uso social de la vivienda recogido en los tratados internacionales, Constitución española y Estatuto, y de esta forma deje de crecer el parque de viviendas vacías, a costa de quienes pierden sus viviendas en manos de los bancos. Se hace necesario que de manera urgente se habiliten normas esenciales para movilizar el parque de viviendas deshabitadas existentes en Andalucía y se fomente el alquiler adecuado.
6. Instar a los ayuntamientos de la provincia a adoptar las siguientes medidas a emprender a nivel municipal y comprometer a la Diputación provincial en la colaboración institucional, mediante la firma de acuerdos entre la Oficina provincial de intermediación hipotecaria puesta en marcha por la Diputación provincial, la Oficina de intermediación de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, que contemplen la asistencia técnica correspondiente en cada uno de los casos sobre los que tenga competencia:
6.1. Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.
6.2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
6.3. No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.
6.4. Interpelar a las entidades financieras que operan en los municipios para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. Y buscar alternativas como la dación con cancelación de deuda o un alquiler adecuado.
6.5. Colaboración de los servicios jurídicos del ayuntamiento en todos los casos que lo requieran.


Málaga a 31 de Octubre de 2012

lunes, 5 de noviembre de 2012

La democracia no es postergable

Os transcribo la moción que ha presentado el grupo de IU en Diputación en defensa de la Democracia Participativa

Asistimos a una crisis de la democracia, a una pérdida de soberanía que se hace patente en el recorte drástico de derechos y libertades de la ciudadanía. Se produce un distanciamiento cada vez mayor entre representantes y representados, en la medida que no existen compromisos que vinculen la acción de los primeros, ni mecanismos que regulen la rendición de cuentas cierta por parte de los primeros y el control por parte de los segundos. La ciudadanía percibe, con acierto, que los procesos electorales son un “cheque en blanco” a representantes que solo se someten al control social cada 4 años.

Decisiones que están transformando las condiciones de vida de la ciudadanía y el marco de relación económica y social, se adoptan en instancias no emanadas de la soberanía popular ni controladas por esta, contraviniendo los programas  electorales de aquellos que ganaron las elecciones. La Reforma Constitucional que introdujo como prioridad absoluta en la Constitución española el pago de la deuda, dejando en suspenso los restantes derechos reconocidos en la misma y sí refrendados por la ciudadanía mediante voto directo, fue una reforma express pactada por los dos partidos bisagra del sistema bipartidista, sin sometimiento de la misma al refrendo popular. La Reforma constitucional ha avalado las sucesivas reformas del modelo de prestación sanitaria, educativa, del sistema de los servicios sociales y de la atención a la dependencia, transformando radicalmente los derechos y el acceso efectivo a los mismos, y por tanto, dejando en suspenso todo aquello reconocido en la Constitución. Podemos decir que el artículo 135, es un artículo derogatorio de los demás, y todo ello, sin que la ciudadanía haya podido emitir opinión al respecto.

Asimismo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el anteproyecto de ley de la administración local, sentencian un modelo centralizador que recorta recursos a las administraciones más próximas al ciudadano y hasta ahora, garantes en cierta medida, de las políticas sociales atribuidas. Un modelo que en definitiva, recorta la democracia, dejándola en un hecho testimonial.

Todas estas cuestiones vienen siendo señaladas por parte de movimientos y colectivos que han situado la reivindicación de la democracia participativa y de la necesidad de un nuevo proceso constituyente en la agenda política del país. Expresiones como el 15M o el 25S denotan que el hartazgo social empieza a hacerse visible a modo de movilización, y que a pesar de los intentos de represión y criminalización por parte del gobierno del PP, representan una alternativa a un modelo de gobierno impermeable y ajeno a los intereses de las mayorías sociales.

Propuestas justas y con amplio apoyo social, como la dación en pago están siendo impulsadas desde la movilización ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular, proceso que ha puesto sobre la mesa los impedimentos normativos y restricciones legales que existen para que las propuestas que emanan de la ciudadanía prosperen en el Congreso de los diputados. La exigencia de que los recortes se sometan a Referéndum vinculante se abre paso de manera expansiva entre la ciudadanía, poniendo también de manifiesto los paupérrimos instrumentos políticos de los que la ciudadanía dispone para vincular la acción política de sus “representantes”.

En el caso de las iniciativas legislativas populares, recogidas en el art. 87.3 de la Constitución y reguladas mediante ley orgánica 3/1984, donde establece un mínimo de 500.000 firmas para su tramitación y excluye de su contenido la reforma de leyes orgánicas, leyes tributarias o leyes de carácter internacional. También excluye los parámetros de distribución de la riqueza, la planificación de la actividad económica o enmiendas relativas a los presupuestos generales del estado. Es evidente que este instrumento de intervención política de la ciudadanía está muy lejos de responder a las demandas de la ciudadanía en cuanto a la necesidad de un proceso de democratización real de la toma de decisiones públicas.

En cuanto al Referéndum, el artículo 92 de la Constitución lo recoge para
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”.

La Ley orgánica 2/1980  de 18 de enero regula las distintas modalidades de referéndum, teniendo estos un carácter meramente consultivo, a excepción de aquellos que pudieran ser convocados para reformar la constitución y los estatutos de autonomía. Desde la aprobación de la Constitución, solo dos referéndums han sido convocados, el primero con objeto de someter a consideración la adhesión de España a la OTAN y el segundo sobre la Constitución Europea. A pesar de la trascendencia de decisiones como la última reforma constitucional, esta no fue sometida a Referéndum y por tanto carece de la legitimidad democrática que cabría esperar en dicha decisión con implicaciones estructurales en el Estado y en la vida de la gente. Por tanto, y con objeto de evitar futuros atropellos democráticos, se vuelve necesidad imperiosa acometer los cambios legislativos pertinentes para ampliar el marco de convocatoria de referéndum vinculante y la voluntad política por parte del gobierno de devolver la soberanía “secuestrada” al pueblo.

Desde el Grupo de Izquierda Unida entendemos que la recuperación de la democracia ha de ser prioridad absoluta de todas las administraciones públicas, también de la Diputación provincial.  La Diputación provincial, en tanto que administración que provee de servicios a los municipios, siendo estos la institución más próxima al ciudadano, y por tanto, los que han de hacer de vaso comunicante de las necesidades y anhelos de sus habitantes al resto de administraciones públicas, ha de ser un agente dinamizador de modelos de gestión pública abiertos y participativos, tanto en lo que respecta a sí misma, como en lo que respecta a servicios técnicos e impulso político hacia y con los ayuntamientos de la provincia. Las diputaciones tienen la rémora de ser una institución cuyos cargos públicos no son elegidos de manera directa por la ciudadanía, y por ello, está aún más obligadas éticamente, si cabe, a construir modelos de gestión transparentes y participativos, en los que la ciudadanía sea el  sujeto protagónico, proponente, impulsor y beneficiario de sus políticas.  

El PP recortó un 98% el presupuesto destinado al impulso de la participación ciudadana en la provincia, eliminando programas que habían logrado situar la necesidad de radicalidad democrática en la agenda política de los ayuntamientos de la provincia. Con posterioridad aprobó un Reglamento de funcionamiento de la Diputación que ha restringido sobremanera los derechos de la oposición en sus tareas de control y acceso a la información. La restricción del número de iniciativas que puede presentar la oposición, la alteración de los plazos, fechas y horarios acordados para la celebración de comisiones y plenos, la demora injustificada de la atención a los alcaldes y alcaldesas por parte de la presidencia, respuestas vacías de contenido a las preguntas a las que la oposición tiene derecho a una respuesta, veraz y fundamentada, son algunos de los atropellos a los que venimos asistiendo.

A pesar de esto, el equipo de gobierno creó la Vicepresidencia de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, con el objetivo anunciado “de abrir la Diputación a la ciudadanía, y hacerla más transparente”. La disociación de la “participación ciudadana”  y del “gobierno abierto” en el organigrama de la Diputación parece a priori no tener mucho sentido político, menos aún si consideramos que el concepto de gobierno abierto contempla tres principios vinculados a desarrollar de manera integrada: la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana.

Tras conocer a través de la prensa de la creación de la Oficina del Alcalde en el Área de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, desde el Grupo de IU nos preguntamos a qué se dedicará el resto de la Diputación, teniendo en cuenta que el cometido principal de la Diputación es precisamente el atribuido a la Oficina del Alcalde; conocer las necesidades de los municipios para darles respuesta y agilizar los trámites en la gestión de los expedientes y temas pendientes.

Por todo ello, el grupo de IU considera prioritario que se construya de manera participada un modelo provincial de gestión abierto y participativo que desarrolle los principios de transparencia, acceso a la información y transversalidad de la participación ciudadana, sostenido por tres actores en igualdad: ciudadanía- ayuntamientos- diputación provincial. La construcción participada de este modelo y la clarificación de sus cauces, herramientas y vinculaciones en su desarrollo es condición imprescindible para la puesta en práctica de un modelo real de gobierno abierto, que supere la política de escaparate, construida a golpe de titular y vacía de contenidos implementada hasta el momento.

Proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

  1. Instar al Congreso de los Diputados al sometimiento de los recortes y de las reformas que alteran las condiciones de vida de la ciudadanía a un Referéndum vinculante
  2. Instar al Congreso de los Diputados a reformar la legislación que regula las iniciativas legislativas populares, de modo que estas puedan conformar un instrumento real de intervención y determinación ciudadana sobre los asuntos de lo público.
  3. Instar a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de la Ley de transparencia y la Ley de Participación Ciudadana contenidas en el acuerdo legislativo de cogobierno
  4. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a abrir un proceso de participación con las organizaciones y movimientos sociales de la provincia, con objeto de en el plazo de un año debatir y aprobar un Reglamento de Participación Ciudadana de la Diputación provincial que establezca los cauces y espacios de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de políticas por parte de la Diputación provincial.
  5. Instar al equipo de gobierno de la diputación provincial a la elaboración participada con ayuntamientos y ciudadanía de un Plan Estratégico de Participación Ciudadana de la Provincia que contenga los objetivos a corto, medio y largo plazo, así como los instrumentos que habrán de desarrollarse para su consecución
  6. Instar al equipo de gobierno a poner en marcha mecanismos de Open Data que faciliten el acceso a la información por parte de ayuntamientos y ciudadanía, así como los principios recogidos por Transparencia Internacional, estableciendo controles objetivables de evaluación en la implementación y desarrollo de los mismos.
  7. Instar al equipo de gobierno a incrementar en el Presupuesto provincial de 2013 los recursos  económicos que faciliten la labor de colectivos y movimientos de la provincia, y que su distribución esté sujeta a los principios de igualdad, transparencia y concurrencia pública.