martes, 17 de enero de 2012

En defensa de los servicios públicos municipales

La adopción por parte de la Diputación provincial de la Concertación como mecanismo de gestión y relación de la Diputación con los municipios de la provincia ha ido materializando año a año, el compromiso con un cambio de modelo basado en la concepción de la Diputación como ente instrumental que gestiona y facilita el desarrollo de competencias atribuidas a los ayuntamientos, aportando apoyo técnico y económico imposible de financiar por los propios ayuntamientos menores de manera aislada. Por tanto, este modelo aspira a consolidar un modelo de gobierno en red, cuyos principios motores son la descentralización y democratización de la toma de decisión sobre la gestión de los recursos públicos, basado en una relación de igual a igual, en la cooperación y actuación conjunta y dialogada entre ayuntamientos y Diputación provincial.

Los principios de la Concertación se sustentaban en la voluntad política de incrementar la capacidad de acción y gestión por parte de los ayuntamientos, reforzando la autonomía local y la solidaridad entre los municipios, teniendo la firme convicción de que son los ayuntamientos los poderes públicos más cercanos a la ciudadanía y por tanto, los que se hayan en mejores condiciones para garantizar el desarrollo del “Estado social y democrático de Derecho”.

La Concertación ha ido ganando año a año en proporción en relación al presupuesto total de la diputación provincial, habiéndose dedicado en 2011, 35.288.000 euros, y habiéndose adquirido en el mismo año, por parte de los tres grupos políticos de la Corporación, el compromiso de dedicar en la anualidad de 2012, 41.236.000 euros en concepto de asistencias económicas a los municipios. Sin embargo, el presupuesto de 2012 aplica el mayor recorte precisamente en las partidas destinadas a la Concertación, que se reducen en aproximadamente 20 millones de euros en relación a lo previsto.

Dicho recorte no solo significa una reducción sustancial de los recursos de los que los ayuntamientos dispondrán en 2012, con lo que ello implica en relación a la viabilidad económica de los servicios municipales que se venían prestando, sino que genera una enorme incertidumbre que dificulta sobremanera la tarea de planificación presupuestaria por parte de los ayuntamientos menores. Hoy, tras la aprobación del presupuesto para 2012, los ayuntamientos desconocen el grado y la forma en las que el recorte en Concertación les afectará de manera particular. Desconocen también si se mantendrá el criterio aprobado y público en la distribución de los recursos, tanto por finalidades y delegaciones como por municipios, así como la normativa que regulará la Concertación en el presente ejercicio.

La distribución acordada establecía el siguiente reparto: 70% infraestructuras y obras; 8,50% Cultura y Educación; 8% Turismo; 8,5% Juventud y Deportes; 5% Asistencia material. Asimismo, la distribución por municipios aprobada significaba que un 87,25% de las asistencias económicas era destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Ambas cuestiones han quedado, tras la aprobación del presupuesto, en suspenso.


La Base de ejecución 60ª del presupuesto de 2012 regula:

“ 1º Para la ejecución de la asistencia económica se fija una cuantía inicial de 10.640.672,09 euros en la aplicación presupuestaria….. “Concertación. Concertación Económica con Entidades locales. Transferencias a Ayuntamientos”, quedando fuera de esta regulación la actuación correspondiente del PPOS.

2º El desarrollo del procedimiento de gastos de dicha asistencia económica, así como de la asistencia técnica y material, se fijará en la normativa que los regule o en los acuerdos de desarrollo de dicha normativa, facultándose a la presidencia para que mediante decreto, que se fiscalizará previamente por la Intervención, se regule de forma detallada el procedimiento de ejecución del gasto, de conformidad con la normativa plenaria a que se refieren los artículos 12, 13 y 14 antes citados”.”

Dicha base pone de manifiesto que a diferencia del método seguido en otros ejercicios, en esta ocasión las Bases de Ejecución no regulan el procedimiento de gestión de gasto de los programas derivados de la “la Concertación”, lo que exige, de manera imperiosa, que dicha regulación sea acometida, y que además lo sea, en un marco de diálogo y negociación entre los grupos políticos que conforman la Diputación provincial y los ayuntamientos de la provincia.

Por todo ello, proponemos los siguientes

ACUERDOS

1. Abordar las modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al acuerdo plenario de 2011 en base al cuál se establece la cuantía, criterios y distribución de “La Concertación” para el ejercicio de 2012, cuestión imprescindible para garantizar la prestación de servicios en los municipios menores de la provincia.

2. Convocar de manera urgente, y en el plazo de un mes, la Mesa de Concertación, con la participación de los ayuntamientos, con los siguientes cometidos:
a. Rendición de cuentas por parte del equipo de gobierno de los acuerdos adoptados en relación a la Concertación de 2012
b. Debate sobre la normativa reguladora de “La Concertación” 2012 que marcará el procedimiento de gastos de la asistencia económica, técnica y material a los municipios.

sábado, 14 de enero de 2012

El recorte del PP a la ley de dependencia significa violar el derecho subjetivo a ser cuidadx

A continuación reproduzco la iniciativa que presentaremos la próxima semana en el Ayuntamiento y en la Diputación de Málaga, en defensa del mantenimiento de la financiación a la "Ley de dependencia" y en contra del recorte del gobierno del PP, que significa dejar a más de 40.000 andaluces y 7.000 malagueñxs sin los servicios que garantizan su derecho a ser cuidados. El recorte del PP implica vulnerar gravemente la Ley de dependencia, según la cuál, el derecho a ser cuidado es subjetivo, y por tanto, reclamable ante los tribunales.

En España existen ya más de un millón de personas reconocidos como dependientes. En Andalucía ha habido desde que entró en vigor la ley 543.151 solicitudes, de las cuales ha habido 473. 963 dictámenes positivos y 358.057 personas beneficiarias.

Actualmente el Sistema de Atención a la Dependencia ofrece en la provincia de Málaga 37.840 prestaciones a 29.126 personas beneficiarias de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley ha creado en la provincia 10.000 puestos de trabajo, en los que el 86 por ciento de los casos se trata de mujeres, que cobran en torno a 500 euros mensuales. En el 69 por ciento de los casos no realizan ninguna otra actividad laboral más que los cuidados destinados a una persona querida.

La aplicación de esta ley no está exenta de criticas (falta de universalidad; feminización y precarización de los cuidados; privatización de la gestión...) pero los datos demuestran el enorme impacto para el bienestar de las personas dependientes y sus familiares que ha tenido esta ley tanto en Málaga como en el resto del estado, y que la ayuda a la dependencia se ha convertido ya en un pilar del Estado de Bienestar en España, y por tanto en un derecho irrenunciable.

Las distintas declaraciones del nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, poniendo en cuestión el mantenimiento de este derecho, llevó a Izquierda Unida a presentar una iniciativa al ultimo Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que fue aprobada por unanimidad, para instar al Gobierno a que aportase la financiación necesaria para el desarrollo pleno de esta Ley.

El pasado 30 de diciembre se cumplían las amenazas, y la nueva Vicepresidenta, Soraya Saenz de Santa María, anunciaba los primeros recortes a la Ley de dependencia, dentro un paquete de medidas que supone el mayor recorte de gasto social de la democracia.

En concreto, el Gobierno ha anunciado que durante 2012 no se admitirán nuevos beneficiarios de grado moderado, ello supone que 162.000 dependientes, cuya dependencia ya está reconocida y están a la espera de la concesión, se queden sin recibir la ayuda que por derecho les corresponde.

Entre estas 162.000 personas, según estimaciones de la Junta de Andalucía, se encuentran 40.000 andaluces y 7.300 malagueños dependientes reconocidos como tales, y cuya calidad de vida y la de sus familias está pendiente del desarrollo de esta ley.

Hace menos de un mes, a propuesta de IU, el Ayuntamiento instó al Gobierno a mantener su financiación, por lo que, siendo coherentes, este Ayuntamiento debería erigirse en defensor de estas miles de familias malagueñas a las que se les ha retirado su derecho e instar al Gobierno a rectificar.

En base a lo anterior proponemos la adopción del siguiente:


A C U E R D O


Único- Instar al Gobierno Central a que dé marcha atrás en su proyecto de bloquear durante 2012, la entrada de nuevos beneficiarios en ciertos grados de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y aporte la financiación necesaria para que esta pueda desarrollarse plenamente.

jueves, 12 de enero de 2012

El PP recorta más de 3 millones de euros a la comarca de Antequera

Izquierda Unida inició ayer una ronda de reuniones con los grupos municipales de la provincia, con el objetivo de poner en marcha una estrategia común que presione al equipo de gobierno popular para que dé marcha atrás a los acuerdos adoptados en materia presupuestaria, que significan un recorte del 40,62% en las transferencias directas a los ayuntamientos menores de la provincia, siendo unos acuerdos profundamente lesivos para los intereses de la provincia.

En relación a las transferencias directas a los ayuntamientos, que son aquellas que garantizan la prestación de los servicios municipales, estas se han visto reducidas de los 30.293.000 euros previstos a 10.640.000 euros. Este recorte, que asciende a la cantidad de 19.653.000 euros tendrá un enorme impacto negativo en términos de generación de empleo y prestación de servicios en los municipios menores de 20.000 habitantes.

La primera visita que hemos realizado ha sido a la ciudad de Antequera, donde hemos presentado la estimación realizada por el grupo provincial de IULVCA, en relación al recorte que sufrirán cada uno de los ayuntamientos de la comarca antequerana. En total, la comarca se verá afectada con un recorte de 3.551.050 euros, pasando de 8.742.124,58 euros a 5.191.073,98 euros.

Paso a relacionar el recorte que el PP va a aplicar a los ayuntamientos de la comarca:

Municipio Recorte PP Aportación a percibir en 2012

Cuevas Bajas 130.160,28 190.273,7
Villanueva de Tapia 173.682,23 253.896,06
Almargen 173.682,23 253.896,06
Ardales 427.578,29 173.682,23 253.896,06
Fuente de Piedra 173.682,23 253.896,06
Valle de Abdalajís 173.682,23 253.896,06
Humilladero 190.217,41 278.067,71
Vva Concepción 190.217,41 278.067,71
Sierra Yeguas 190.217,41 278.067,71
Vva del Rosario 190.217,41 278.067,71
Cuevas San Marcos 190.217,41 278.067,71
Teba 190.217,41 278.067,71
Vva Algaidas 190.217,41 278.067,71
Mollina 192.824,43 281.878,75
Vva Trabuco 192.824,43 281.878,75
Alameda 192.824,43 281.878,75
Campillos 192.824,43 281.878,75
Archidona 192.824,43 281.878,75
Antequera 229.749,26 335.856,74
Consorcio Guadalteba 13.542,93 19.797,64
Consorcio Zona Norte Antequera13.542,93 19.797,64

Total Comarca 3.551.050,6 5.191.073,98

miércoles, 11 de enero de 2012

IU propone que el Ayuntamiento de Málaga se hermane con la ciudad palestina de Bil'in

El pueblo palestino sufre la ocupación militar más prolongada de la historia contemporánea. En junio de 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó los territorios de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, situación que se mantiene hasta la actualidad impidiendo la constitución de un Estado palestino.

Ningún país del mundo, incluida España, reconoce la legitimidad de la ocupación. Naciones Unidas ha exigido en varias ocasiones la retirada de Israel de los territorios ocupados (resolución del Consejo de Seguridad 242, de 22 de noviembre de 1967, y resolución del Consejo de Seguridad 338, de 22 de octubre de 1973).

El Estado de Israel no sólo ha hecho caso omiso de las resoluciones del Consejo de Seguridad, sino que continúa con la colonización del territorio palestino mediante la construcción de asentamientos ilegales y la ubicación en estos de su población. Estas acciones vulneran el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe que las potencias ocupantes trasladen a su población civil al territorio ocupado. La población colona israelí asentada en territorio palestino asciende a 500.000 personas.

Naciones Unidas ha exhortado a Israel a desmantelar los asentamientos mediante la resolución del Consejo de Seguridad 446, de 22 de marzo de 1979. El texto de la citada resolución considera que los asentamientos vulneran la legalidad internacional y que constituyen “un grave obstáculo para el logro de una paz justa, completa y duradera en Oriente Medio”.

En el año 2006, Israel impuso un bloqueo por tierra, mar y aire a la Franja de Gaza. Dicho bloqueo es un castigo colectivo, algo prohibido expresamente por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, y ha provocado una gravísima situación económica. Según Naciones Unidas, el 80% de la población de Gaza –millón y medio de habitantes- depende de la ayuda humanitaria para su alimentación; el 70% de las familias sobrevive con un euro al día por cada uno de sus miembros y el 50% de la población activa está desempleada (la tasa de paro más alta del mundo).

Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Europea y las principales organizaciones humanitarias han pedido a Israel, sin éxito, que levante el bloqueo.

En junio de 2002, el Gobierno de Israel comenzó a construir el Muro de Cisjordania. Se trata de barreras de hormigón para recluir a la población palestina dentro de los núcleos urbanos, que quedan sin posibilidad de comunicación entre ellos. La construcción del Muro no sólo separa a unas ciudades de otras, sino que confisca tierras palestinas que Israel anexiona a su estado, separa a la población de sus campos de labor, centros educativos, sanitarios, etc., y rompe la contigüidad territorial de Cisjordania impidiendo la creación de un Estado palestino. El Muro supone un castigo colectivo para la población palestina, algo prohibido expresamente por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra.

El Muro de Cisjordania ha sido condenado por Naciones Unidas (resolución de la Asamblea General de 21 de octubre de 2003 con el voto a favor de España) y la Corte Internacional de Justicia dictaminó el 9 de julio de 2004 su ilegalidad, instando a Israel a demolerlo. El Gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos de la Unión Europea –incluido el Gobierno español- se han manifestado en contra de esta barrera, así como las principales organizaciones humanitarias (Cruz Roja, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Human Rights Watch o Médicos sin Fronteras).

Más de sesenta años de ocupación han dado como resultado un rico tejido organizativo palestino que lleva a cabo una resistencia no violenta contra la presencia del Ejército israelí en Cisjordania.

La resistencia no violenta contra la ocupación israelí es mayoritaria entre la población palestina, a pesar de que los focos mediáticos habitualmente sólo prestan atención a la resistencia armada. Sin embargo, cualquier persona implicada en el apoyo a la lucha del pueblo palestino puede atestiguar que la gran mayoría de organizaciones llevan a cabo acciones no violentas, amparadas por el derecho internacional.

Las organizaciones que trabajan en la resistencia contra la ocupación cubren los más diversos aspectos: presos políticos, población refugiada, género, infancia, robo de tierras, asentamiento, ocupación económica, robo de recursos básicos –agua, principalmente-, comunidad beduina, etc.

En los últimos años Málaga se ha significado en el apoyo al pueblo palestino en su lucha por la libertad, la justicia y los derechos humanos básicos. Este apoyo se ha canalizado a través de diversas organizaciones de la sociedad civil, como la asociación de solidaridad con el mundo árabe Al-quds, la Asociación Europea de cooperación con Palestina y la recientemente creada Asociación Vittorio Arrigoni.

La este tejido asociativo trabaja en diferentes ámbitos como la sensibilización, a través de charlas, conferencias, seminarios y proyecciones; acciones de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel (campaña BDS, lanzada en 2005 por 170 organizaciones palestinas que piden el boicot al Estado de Israel en tanto que no cumpla con la legislación internacional y los principios generales de los Derechos Humanos) y actuaciones coordinadas con organizaciones palestinas, estatales (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) y regionales.

En el pasado curso 2010/2001 el movimiento malagueño de solidaridad con Palestina centró sus esfuerzos en la campaña Rumbo a Gaza. El objetivo era recaudar los fondos suficientes para incorporar un barco español a la Segunda Flotilla de la Libertad, que tenía previsto zarpar en julio para romper el bloqueo a la Franja (la Segunda Flotilla de la Libertad era heredera de la Primera Flotilla de la Libertad, abordada por el Ejército de Israel en aguas internacionales el 31 de mayo de 2010; en dicho abordaje, los militares israelíes asesinaron a nueve activistas).
A bordo de la flotilla iban tres cooperantes malagueños que recibieron la solidaridad de este Ayuntamiento, que además se Adhirió a la Campaña “Un cuaderno, un lápiz y un euro” , campaña de recogida de material escolar cuyo objetivo era dotar de material escolar básico a los niños y niñas de la Franja de Gaza, siendo este trasladado por la Iniciativa Rumbo a Gaza y entregados a su llegada a la UNRWA para su posterior distribución.
BIL’IN, UN EJEMPLO DE LUCHA NO VIOLENTA

Bil’in es una población de unas 2.000 personas situada a 12 kilómetros al oeste de Ramala, en la zona central de Cisjordania. La mayoría de su población trabaja en la agricultura y la ganadería, aunque cada vez es más frecuente que personas que trabajan en Ramala se instalen en este municipio, dado el menor coste de la vida. Esta conversión en ciudad dormitorio está haciendo que el número de habitantes se incremente vertiginosamente.

Desde el año 1991 el Estado de Israel ha robado miles de hectáreas de terreno de Bil’in para la construcción de asentamientos ilegales. Como consecuencia de este robo, el desempleo ascendió al 60% de la población activa. En la actualidad, Bil’in está rodeada por ocho grandes asentamientos. A finales de 2004 se hicieron públicos los planes para la construcción del Muro alrededor de la población. La obra suponía la confiscación del 48% de las tierras que aún le quedaban a Bil’in.

En enero de 2005, los habitantes del municipio crearon el Comité Popular de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, que aglutina prácticamente a toda la población y a sus organizaciones. Desde el primer momento se decidió que la resistencia sería no violenta y que ésta se llevaría a cabo a través de dos cauces, el judicial y las acciones de calle.

En el plano judicial, el Comité Popular, basándose en la legislación internacional, ha conseguido que el Tribunal Supremo de Israel paralice la construcción del Muro y ordene al Gobierno de Israel que demuela lo levantado hasta el momento. Sin embargo, el Gobierno israelí no ha hecho caso a los requerimientos del Tribunal.

En cuanto a las acciones sobre el terreno, el Comité organiza cada viernes una manifestación pacífica en la zona en la que Israel construye el Muro. A estas manifestaciones se suman activistas de todo el mundo y también activistas israelíes que trabajan por los derechos del pueblo palestino. El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, la premio Nóbel de la Paz irlandesa Mairead Maguire o la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Luisa Morgantini. Las manifestaciones son un alarde de imaginación en su puesta en escena, tal y como se puede comprobar en los numerosos vídeos subidos a Internet. Sin embargo, la respuesta del Ejército de Israel suele ser brutal, como atestiguan los cerca de diez muertos y casi un centenar de heridos registrados desde que las protestas dieron comienzo. Además, varios de los más destacados líderes de la comunidad han sido detenidos.

Otras actividades pacíficas que lleva a cabo la población de Bil’in son la construcción de casas en los terrenos confiscados (lo que llaman ‘asentamientos palestinos’, demolidos de inmediato por el Ejército israelí), la presentación de un proyecto simbólico de construcción de un hotel en las tierras robadas o la interposición de querellas contra las compañías multinacionales implicadas en la construcción de asentamientos israelíes.

Desde 2006 el Comité Popular celebra cada año una Conferencia sobre la Resistencia No Violenta de Bil’in, a la que acuden personas y organizaciones de todo el mundo. Bil’in es un ejemplo para el resto de comunidades palestinas que se enfrentan a la amenaza de un Muro que convierte sus ciudades en cárceles. La estrategia de Bil’in ha sido copiada por otras poblaciones palestinas como Beit Ummar, Al Walaja o Nil’in.

Si bien los hermanamientos muchas veces sirven como un espejo donde mirarnos, el Ayuntamiento de Málaga, ya en otras ocasiones – Como con la ciudad de El Aaiún- a usado la figura del hermanamiento como instrumento de cooperación internacional, hermanándose con ciudades de zonas en conflicto, cuya hermanamiento con Málaga les supone un apoyo importante de cara a su visibilidad pública. Porque en estos momentos de crisis no queremos encerrarnos, y los hermanamientos pueden servir para mantener una conciencia global de la situación urbana de la mayor parte de la gente.

La sociedad civil malagueña siempre ha estado activa en su solidaridad con el Pueblo Palestino, y el Ayuntamiento de Málaga ha sabido recoger este sentimiento mostrando en múltiples ocasiones su apoyo a este pueblo: declarándose en contra del muro de la vergüenza, apoyando la recogida de materiales para la campaña de “Rumbo a Gaza”, poniendo su nombre a calles de la capital, etc.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pensamos que el hermanamiento de la ciudad de Málaga con Bil´in, una ciudad que represente el ejemplo de la resistencia no violenta del Pueblo Palestino , sería una formula ideal para poner un broche de oro a estos años de cooperación, y asegurar su continuidad en el futuro.

Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguiente:

A C U E R D O


UNICO.- Iniciar los tramites para hermanar la ciudad de Málaga con la ciudad palestina de Bil’in

Antonia Morillas
Concejala grupo municipal IULVCA