lunes, 18 de noviembre de 2013

Su democracia es "paripé" y "postureo"

 El ayuntamiento dice NO! a la Democracia Participativa

Esta tarde, en la misma comisión de Derechos Sociales en las que el ayuntamiento de Málaga se ha adherido a una campaña de IDEAS,para promover una ciudad sostenible que impulse y desarrolle la democracia participativa, han votado en contra de la práctica totalidad de propuestas que hemos presentado desde el grupo municipal de IU, para el desarrollo de la democracia participativa en la ciudad.Por si a alguien le quedara alguna duda: su modelo de participación no es más que "paripé" y "postureo"

>PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.EL AYUNTAMIENTO DICE NO!

El PP se niega a poner en marcha un proceso de participación ciudadana,universal y vinculante para decidir en qué se gastan los recursos del ayuntamiento.Su argumento es aplastante:como hay poco dinero,no se puede abrir a la participación.La democracia consiste en lo contrario, en que independientemente de los recursos que haya,sea la ciudadanía la que decida las prioridades de gasto y su forma de gestión.

>CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD PARA APORTAR A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2014.EL AYUNTAMIENTO DICE NO!

Se niegan a una acción tan sencilla y mínima como que el Consejo Social de la Ciudad pueda conocer, valorar y elaborar propuestas para su incorporación en el presupuesto de 2014.

> DEBATES DEL ESTADO DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD.EL AYUNTAMIENTO DICE NO!

Proponemos que se puedan celebrar Asambleas vecinales en las Juntas de Distrito de cada uno de los 11 distritos en que se organiza la ciudad, para evaluar la situación de los mismos,fiscalizar la acción del equipo de gobierno,aplicar el principio de rendición de cuentas que han de cumplir los representantes públicos con la ciudadanía representada.Para el PP no es necesario que lxs vecinxs participen del diagnóstico y definición del futuro de los barrios que habitan.

> CONSULTAS CIUDADANAS VINCULANTES SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS SOCIAL.EL AYUNTAMIENTO DICE NO!

El Reglamento de participación ciudadana del ayuntamiento de Málaga que aprobó el PP incluye como instrumento de participación las consultas ciudadanas.Sin embargo,en cada uno de los temas en torno a los que IU ha propuesto realizar una consulta ciudadana para determinar la decisión del gobierno municipal, el PP se ha opuesto tajantemente.En esta ocasión ha vuelto a hacerlo:una cosa es lo que dice el papel que se aprueba, otra muy distinta lo que se hace y se está dispuesto a hacer.

No es de extrañar que el partido que gobierna incumpliendo su propio programa electoral en contra de los intereses de la mayoría social, el mismo que apoyó y desarrolla con mano de hierro el artículo 135 de la Constitución que obliga al pago de la deuda a los bancos sobre los servicios públicos, y el que está a punto de aprobar una Reforma de la Administración Local que privatizará lo que quede por privatizar y convertirá a los ayuntamientos en sociedades mercantiles,se oponga a este tipo de propuestas que pretenden transformar  el poder local en poder popular.Sin embargo, sí es significativo que el PP malagueño que tanta verborrea "participativa" utiliza y tantos órganos estériles de participación impulsa,se quite la careta y visibilice de manera tan clara y contundente su ADN político, que dista un océano de la democracia a secas. 


miércoles, 13 de noviembre de 2013

Nos matan por ser mujeres.

  Hoy hemos vuelto a concentrarnos en Málaga en repulsa de un nuevo asesinato patriarcal,que suma dos en la provincia, cuatro en Andalucía en la última semana. Y no puedo reprimir expresar la preocupación por la escasa movilización social ante un fenómeno que solo puede ser calificado de feminicidio:Nos matan por ser mujeres. Todas las vidas valen lo mismo,pero en este momento político, en el que los recursos,servicios públicos y derechos que las mujeres,y en particular las feministas, habíamos conquistado para la consecución de la igualdad, para la prevención, la protección frente a la violencia patriarcal están siendo recortados,eliminados,cuestionados permanentemente,es aún más perentorio que la movilización social frente al feminicidio, por la igualdad y la preservación de nuestros derechos se acentúe, se intensifique, se socialice, se organice.

Organizar la ofensiva feminista urge.
Urgente que seamos conscientes de que cualquiera de nosotras,independientemente de nuestra clase,cultura, afiliación o edad, por el hecho de ser mujeres,podemos ser víctimas de violencia patriarcal y de hecho, todas lo somos,de una u otra forma, a lo largo de nuestra vida.En el corto plazo,defender la prioridad absoluta de las políticas para la igualdad,la protección,la autodefensa,la concepción de la violencia como expresión máxima de una sociedad patriarcal que tiene para nosotras un papel subalterno.En el medio plazo,la necesidad inaplazable de construir una sociedad sin clases y sin dominación patriarcal.Y entre tanto,como medio fundamental e imprescindible:organización, organización y organización feminista.Solo con organización feminista,en el reconocernos las unas en las otras, venceremos el miedo.Pongámonos a tejer las redes y a amplificarlas.
Os traslado la iniciativa que el grupo de IU defenderemos el viernes en el pleno de la Diputación provincial exigiendo:
> que no se recorte ni un céntimo en políticas de igualdad en ninguna de las administraciones públicas. Desde 2008 el gobierno central ha recortado un 24% en políticas para la prevención de la violencia de género.La Diputación ha recortado en los dos últimos años un 32% en los presupuestos para la igualdad.
> Que se defienda y preserve el Servicio de Igualdad provincial frente al ataque que supone la Reforma de la Administración Local, que elimina la igualdad de la cartera de competencias de los ayuntamientos.
MOCIÓN DE IU AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Cada vez más sectores califican la violencia de género como feminicidio o terrorismo patriarcal, en tanto responde a un fenómeno de generación de terror masivo entre las mujeres, por el simple hecho de serlo. Esto es, por unaS relaciones de poder asimétricas que atribuyen a las mujeres un papel de subalternidad con respecto a los hombres.
La máxima expresión de la violencia de género son las muertes producto de esta. 44 han sido las mujeres asesinadas durante el año 2013. Sin embargo, esta solo es la punta del iceberg, la que es imposible de ocultar y silenciar. Bajo esta, tienen lugar múltiples expresiones de violencia que en la mayor parte de las ocasiones, ni siquiera son denunciadas ni visibilizadas.
La lucha contra la violencia de género requiere de políticas integrales que pasan necesariamente por la promoción de la igualdad en todos los ámbitos sociales, por el fortalecimiento de los servicios públicos tales como la dependencia, la sanidad y la educación y por la construcción de condiciones materiales de existencia igualitarias, que permitan la independencia económica (igualdad salarial, condiciones de acceso al empleo, políticas de conciliación, pensiones…).Por tanto, la lucha contra la violencia de género por parte de los poderes públicos no puede concebirse con un departamento estanco aislado, sino que muy al contrario, ha de impregnar las políticas públicas en todas sus dimensiones.
El proceso de desmantelamiento de los servicios públicos está dando al traste con los avances producidos en materia de igualdad de género, provocando una situación de indefensión y desprotección para la mayoría de las mujeres que está repercutiendo negativamente en el número de denuncias. Los recortes presupuestarios, la eliminación de la competencia de igualdad que prevé la Reforma de la Administración Local y las reformas legislativas que amparan la violencia sexual contra las mujeres, están creando un escenario de profunda regresión en materia de igualdad de género, y por extensión, creando un caldo de cultivo propicio para la expresión máxima de la desigualdad, que es la violencia.
Asistimos a un recorte generalizado de los recursos y servicios destinados a la promoción de la igualdad de género. De hecho, un año más, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 reinciden en el recorte en políticas de igualdad. El Fórum de política feminista ofrece un informe detallado de cómo el PP ha aplicado dichos recortes en los presupuestos de 2014.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recorta su presupuesto en un 35,6%, siendo las comunidades autónomas las que recortarán 8.000 millones de euros entre 2014 y 2015 según el plan presupuestario remitido a Bruselas. Asimismo, la exclusión sanitaria de los mayores de 26 años que no hayan cotizado, afectará especialmente a mujeres mayores, a la vez que se recorta la detección sanitaria de la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos.
El programa 232B “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” tiene una dotación de 19 millones de euros, experimentando un insignificante incremento del 0,6% respecto a 2.013, que fue recortado un 24%. El recorte acumulado en estas partidas desde 2.008 asciende al 56%.
Según el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, en 2012 hubo 128.477 denuncias y existe una tendencia decreciente que no se corresponde con el decrecimiento de las agresiones.
El programa 232C “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género” tiene una dotación de 21,8 millones de euros, un 1,6% menos que en 2013, acumulando un recorte con respecto a 2008 del 22,5%.
Si a dichos recortes, sumamos el impacto de la reforma laboral en la precarización del empleo femenino, el pensionazo, los procesos de feminización de la pobreza, los recortes en la dependencia que están significando de facto la asunción por parte de las mujeres del trabajo de cuidados de familiares dependientes, podemos decir sin errar que la brecha de género está ampliándose a un ritmo acelerado.
Los recortes en materia de igualdad también han llegado a la propia Diputación provincial. De hecho en el año 2011 el presupuesto de igualdad ascendía a 561.618,84 euros, en 2012 se recortó, contando con 397.100 euros y en 2013 volvió a experimentar un nuevo recorte, contando con 384.120 euros. A este recorte económico, lo han acompañado medidas tales como el cierre de la guardería laboral de la Diputación provincial que era un instrumento para la conciliación de la vida laboral y personal de las y los trabajadores de la Diputación.
La reforma de la administración local vuelve a sembrar una nueva incertidumbre en relación al futuro del Servicio de Igualdad de la Diputación provincial, ya que la competencia de igualdad era concebida como una competencia complementaria de ayuntamientos y diputaciones, cuestión esta que es eliminada en la Reforma de la Administración Local.
Desde el grupo provincial de IU entendemos que el Servicio de igualdad de la Diputación viene prestando servicios esenciales a los municipios de la provincia que han de contar con el compromiso político y presupuestario por parte de la Diputación provincial. Asimismo, rechazamos la eliminación de la igualdad de la cartera de competencias municipales, en tanto la igualdad ha de ser una política transversal a implementar por parte de todas las administraciones públicas y especialmente por los ayuntamientos, entendidos estos como la administración de proximidad y por tanto, más cercana a las problemáticas de la ciudadanía.
Por todo ello, el grupo de IU propone los siguientes ACUERDOS:
  1. En el marco de la elaboración de los presupuestos de la Diputación provincial para 2014, la Corporación provincial se compromete a incrementar las partidas destinadas a igualdad de género en el presupuesto de 2014, hasta alcanzar los niveles de 2011.
  2. La Corporación provincial se compromete a mantener y preservar el Servicio de Igualdad de la Diputación provincial en el año 2014.
  3. La Diputación provincial rechaza la Reforma de la Administración local por eliminar la competencia de igualdad de la cartera de servicios de los ayuntamientos.
  4. La Diputación provincial insta al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía al mantenimiento de los recursos económicos y de las políticas de igualdad en los presupuestos de 2014.



miércoles, 16 de octubre de 2013

#EncierroDipuMLG La Diputación viene ensayando la reforma de la administración local

Esta semana se celebra la Semana Europea de la Democracia Local, coincidiendo con la semana de lucha que IU está desarrollando frente a la Reforma de la Administración Local. Hay poco que celebrar cuando propuestas como las de la citada reforma,el pensionazo o los Presupuestos Generales del Estado para 2014 consolidan a España como un país súbdito de la Troika,con una soberanía secuestrada y unas políticas que amplían la brecha entre el poder económico y político y las mayorías ciudadanas.

Las decisiones políticas que afectan a nuestras vidas se están cuajando en espacios de poder que no elegimos y no controlamos democráticamente.Y la Reforma de la Administración Local, cuyo objetivo ultimo es privatizar servicios públicos y alejar aún más los espacios de toma de decisiones de la ciudadanía, forma parte de este paquete de políticas que vienen a desarrollar la bochornosa inclusión del artículo 135 en la Constitución, previo pacto entre el PSOE y el PP. 

Por ello, desde IU aspiramos a construir un nuevo proceso constituyente, en el que la ciudadanía recupere para sí la soberanía y teng el derecho a determinar las prioridades y las políticas del Estado, en todos sus niveles, y también los espacios e instrumentos políticos para esa toma de decisiones. No solo nos oponemos a esta Reforma de la Administración Local,sino que aspiramos a que el desarrollo de la autonomía local vaya de la mano del desarrollo de instrumentos para el poder popular. Por ello nuestra apuesta es propositiva,porque frente a esta Reforma recentralizadora y privatizadora, las alternativas no pueden ser conservadoras y de mantenimiento de lo existente. Las alternativas, necesariamente han de pasar por ese proceso constituyente que ponga a disposición de la ciudadanía instrumentos reales de democracia directa, protagónica y en red, que asocien el poder local y el poder ciudadano, frente a la Troika, sus súbditos y su lógica antidemocrática. 

A continuación os transcribo la moción que vamos a defender hoy en el pleno de la Diputación de Málaga,durante el cuál protagonizaremos un Encierro,porque con esta reforma, quieren echar el cerrojazo a nuestros pueblos.

#EncierroDipuMLG #DemoLocal #PPrivatiza


"Con motivo de las graves consecuencias que para los ciudadanos y ciudadanas va a acarrear, si prospera, la reforma del Gobierno Central para la modificación del Régimen Local, el grupo provincial de Izquierda Unida plantea lo siguiente:

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el pasado día 6 de Septiembre El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ataca de manera directa e implacable a los Ayuntamientos de toda España, basándose en la reforma del artículo 135 de la Constitución Española que aprobaron sólo los dos grupos mayoritarios del Congreso de los Diputados y que antepone el pago de la deuda de los bancos al bienestar de la ciudadanía.

Se trata de desmantelar el sistema público que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos con la II República en primer término y con la transición de 1979 después.

El proyecto supone la demolición, al margen de los propios Ayuntamientos, de la administración que trata directamente los problemas de las gentes de nuestros pueblos y ciudades e implica:
  1. Disminuir y vaciar de competencias a los Ayuntamientos, algunas de ellas fundamentales, como los Servicios Sociales que hacen que hoy, muchas familias puedan seguir adelante pese a la terrible situación que estamos padeciendo.
  2. Intervenir a los Ayuntamientos menores de 5000 habitantes y arrancar las competencias que tradicionalmente han desarrollado los menores de 20.000 concediéndolas a las Diputaciones Provinciales, cuyos representantes no ha elegido nadie directamente como sucede con los Alcaldes y Alcaldesas.
  3. Privatizar servicios públicos de interés fundamental para los Ayuntamientos como el Agua o los Servicios de Recogida de Residuos.
  4. Suprimir las competencias en promoción de viviendas públicas.
  5. Eliminar la competencia de los Ayuntamientos en Educación: el mantenimiento y la limpieza de los colegios, las guarderías infantiles, y entregarlas a no sabemos quienes ni con qué resultados.
  6. Anular la capacidad de los Ayuntamientos que hoy son el motor del desarrollo de la economía local, y que lo han sido tradicionalmente por su papel decisivo en la dinamización de la economía local.
  7. Imponer el pago de la deuda y el equilibrio financiero sobre los criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.


La Diputación provincial de Málaga, durante este mandato se ha amparado en los argumentos reiterados por parte del Partido Popular, para anticiparse a la aprobación de la Reforma de la administración local e iniciar un proceso de desmantelamiento de servicios,destrucción de empleo público y empeoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos que garantizan la prestación de servicios.


Con el argumento de la duplicidad de competencias en el ámbito de los servicios sociales y educativos, el equipo de gobierno ha desmantelado el Centro Básico de Acogida,la Residencia de Colmenar y la Escuela de Enfermería. Al mismo tiempo y en la línea marcada por la Reforma que ahora pretenden aprobar en las Cortes,han puesto en marcha otros servicios de carácter social, cuya gestión está externalizada.

Con el argumento de reducir los costes en personal y equiparar las condiciones laborales del sector público a las del sector privado, se ha aprobado un convenio colectivo que elimina derechos y prestaciones adquiridas por parte de los trabajadores,tales como la Guardería laboral,cuyo cierre da en la línea de flotación de las políticas de conciliación de la vida laboral y personal que han de promocionar todas las administraciones y que ahora, a partir de la aprobación de la Reforma de la administración local, también dejarán de ser competencia de la administración más próxima. 
 
Con el argumento de la estabilidad presupuestaria, se han iniciado EREs en las empresas públicas de la Diputación provincial,SOPDE y EMPROVIMA,afectando ambos a 41 empleados públicos. Además de la destrucción de empleo, la extinción de ambas empresas significará la eliminación de servicios a los municipios que, o bien dejarán de prestarse o pasarán a prestarse por parte de empresas privadas. 
 
Podemos decir que el equipo de gobierno que preside el Sr.Bendodo es un alumno aventajado del Gobierno de la Nación,acometiendo reformas, extinguiendo servicios y destruyendo empleo público,tal y como marca la hoja de ruta trazada en la Reforma de la Administración local. 
 
Asimismo,el desprecio a los municipios menores de la provincia, puesto de manifiesto en el recortazo en la Concertación y en la priorización de inversiones millonarias en los municipios mayores de la provincia, sintoniza con el recorte de competencias que plantea la Reforma de la Administración local a los municipios más pequeños y el poder absoluto que se le confiere a las diputaciones provinciales, que vienen a constituirse como administración que tutela y dirige los designios de los municipios más pequeños de la provincia. La Diputación provincial pasa de ser una administración intermunicipal a una administración supramunicipal,tal y como venía defendiendo a través de su práctica política el PP en la provincia. 
 
Por todo lo cual, con el objetivo de hacer prevalecer la rentabilidad social sobre la rentabilidad económica, el Grupo de IU propone la adopción de los siguientes ACUERDOS :
  1. La Corporación provincial muestra su rechazo a toda reforma de las competencias de los Ayuntamientos que vulneren el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en concreto, su rechazo al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
  2. La Corporación provincial defiende la legitimidad del trabajo de los Ayuntamientos como representantes directos del pueblo frente a las Diputaciones, que son órganos de representación indirecta.




lunes, 23 de septiembre de 2013

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales

Os traslado la moción que hemos preparado para presentar desde los grupos municipales de IU en la provincia de Málaga, con motivo del 28 de Septiembre,Día Mundial de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Con esta,solo pretendemos acompañar y trasladar a la institución las demandas que los días 28 y 29 defenderemos junto a los movimientos feministas en las calles. 

El próximo 28 de Septiembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Sexuales y Reproductivos y es por tanto necesario reafirmar el compromiso político de todas las instituciones, también las locales, con el desarrollo de los mismos. En tanto estas últimas son también corresponsables en todo lo relativo a la concienciación y sensibilización en torno a la salud sexual y reproductiva.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos fueron reconocidos como Derechos Humanos fundamentales en la “Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo” de las Naciones Unidas en 1.994, haciendo referencia al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación/elección sexual, a la libre elección del número de hijos y a la protección de la maternidad.

Con posterioridad, fue la “IV Conferencia Mundial sobre la Mujer” de las Naciones Unidas celebrada en 1.995 en Beijing la que reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva y la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad como base fundamental para el disfrute de otros derechos. El Estado español suscribió los compromisos emanados de ambas plataformas de las Naciones Unidas.

En 2008 fue el Consejo de Europa el que reconoció el derecho al aborto e instó a los estados miembro a garantizar la accesibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, el Gobierno de España, está comprometido a respetar, proteger y garantizar su ejercicio real.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos y su incorporación a través de diversos instrumentos, como Derechos Humanos Fundamentales son el resultado de las luchas y reivindicaciones que los movimientos feministas lideraron especialmente en las décadas de los 60,70 y 80, poniéndolos como  eje central para el proceso emancipatorio de las mujeres desde una perspectiva múltiple: la soberanía sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad sexual y reproductiva. Si el derecho a la salud reproductiva fue incorporado como un derecho fundamental, fue precisamente porque la práctica de abortos clandestinos era una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres y por la identificación por parte del movimiento feminista del sexo y la reproducción como uno de los  mecanismos más poderosos de control patriarcal.

El control de la sexualidad y la maternidad  implica el control sobre la vida de las mujeres, sobre su capacidad para emitir juicios, sobre su derecho a definir y decidir su proyecto de vida, y en definitiva, sobre su dignidad como seres humanos. La tradición e influencia católicas, la conceptualización de una maternidad idealizada, como destino universal de las mujeres y una sexualidad femenina construida desde la subalternidad, obligan a situar el derecho a una maternidad libremente decidida y a la libertad sexual como reivindicaciones centrales, en tanto estas, además, condicionan el desarrollo de otros derechos reconocidos.

España fue de los primeros países que aprobaron una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 1.936, que con la Dictadura fue derogada y tendríamos que esperar hasta 1.985 para tener una despenalización parcial del IVE en tres supuestos, conquista parcial, aunque conquista, de las campañas feministas que tuvieron como hitos las primeras elecciones municipales y el procesamiento de las “11 de Bilbao”.Sin embargo, la ley aprobada distaba mucho de la reivindicación feminista de despenalización total del aborto, y del derecho al ABORTO LIBRE Y GRATUITO. 

La ley 2/2010 supuso un avance notorio en cuanto al derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, incluyendo el aborto libre durante las primeras 14 semanas, eliminando la pena de cárcel para aquellas mujeres que interrumpieran su embarazo fuera del marco legal y ampliando el derecho a las mujeres de 16 y 17 años. Asímismo, significó un avance significativo porque por primera vez se incluían en la misma el acceso a la anticoncepción, la formación a los profesionales sanitarios y la educación afectivo sexual, en salud sexual y reproductiva como materias a incluir en el cuerpo curricular de la enseñanza.

Sin embargo, esta ley no satisfizo todas las expectativas que había en torno a la misma, ya que seguía siendo de las más restrictivas de la UE, no proporcionaba seguridad jurídica plena y no garantizaba su prestación a través del sistema de sanidad pública, ni equidad en su prestación en todas las comunidades. De hecho, comunidades autónomas como Navarra no dispusieron hasta 2012 de ningún centro ni público ni privado que praticara la IVE.

Consideramos desde el grupo de IU, que el debate que habría que estar abordando en este momento en relación a los derechos sexuales y reproductivos tendría que ser de avance respecto a la Ley 2/2010, equiparándola a otros países de la UE como Francia y Alemania, más avanzados en este sentido. Sin embargo, la entrada del PP en el Gobierno y la asunción del Ministro Gallardón de la cartera de Justicia, que cogió el testigo de su padre, ha introducido un debate que nos retrotrae a tiempos pretéritos en materia de derechos sexuales y reproductivos.

La vuelta a la ley de supuestos, y la eliminación del supuesto de malformación del feto, solo es equiparable en Europa a países como Malta o Polonia. Un proceso involucionista, que cuestiona la capacidad de decisión sobre sus cuerpos de las mujeres y su derecho a la salud. De aprobarse la contrarreforma del PP estaríamos ante una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, vulnerando y desatendiendo las recomendaciones e indicadores expresados por las Naciones Unidas desde el año 1.994 y por la propia Comisión Europea.

Asimismo, decisiones como la salida de determinados anticonceptivos de la financiación pública o la exclusión de los colectivos homosexuales del acceso a la fecundación artificial redundan en un recorte sustantivo de los derechos sexuales y reproductivos que han costado siglos de lucha de los movimientos feministas y LGTB. 

Es por ello que desde IU proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:

1.       La Corporación municipal se suma a los actos organizados en la ciudad de Málaga con motivo del 28 de Septiembre Día Mundial de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

2.       La Corporación municipal desarrollará actividades formativas orientadas a promover la salud sexual y reproductiva y en concreto sobre la Ley 2/2010 y los derechos sexuales y reproductivos recogidos en la misma, de modo que la ciudadanía sea plenamente consciente de los derechos y recursos de que disponen en la actualidad.

3.        La Corporación municipal, entendiendo que un embarazo forzado, tal y como subraya el Estatuto de la Corte Penal Internacional, es expresión de violencia sexual, equiparable a los crímenes más atroces contra la humanidad, desarrollará acciones formativas centradas en el derecho a la  maternidad  libremente decidida.

4.       La Corporación municipal no colaborará bajo ningún mecanismo con organizaciones y colectivos que cuestionen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por suponer esto un atentado contra la dignidad de las mismas

5.       La Corporación municipal muestra su profundo rechazo a la Reforma de la Ley 2/2010 por significar una vulneración de los derechos humanos y del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo.

6.       La Corporación municipal insta al Ministerio de Justicia a paralizar la reforma de la ley 2/2010 e iniciar un proceso de diálogo con los colectivos sociales y feministas, de modo que se amplíen los derechos recogidos en la ley 2/2010, garantizando su prestación en la sanidad pública, la seguridad jurídica plena y el no tutelaje a las mujeres y su capacidad de decisión sobre sus cuerpos.

Nos vemos el 29S a las 12h en la Plaza de la Marina!!! 



viernes, 31 de mayo de 2013

#lasLuchadoras #BuenaVentura #LaEsperanza

Os transcribo la moción que defenderemos en el próximo pleno del lunes 3 de junio apoyando los realojos ciudadanos de "la Esperanza", "La Buenaventura" y "las Luchadoras".

Frente a una ley injusta que permite a las entidades financieras echar a las familias de sus casas al mismo tiempo que les sigue reclamando buena parte de la deuda de por vida. Ante la creciente oleada de desahucios; ante la dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias; ante unas administraciones públicas sin voluntad política para dar respuesta a una  situación de auténtica emergencia habitacional; ante un Estado fallido incapaz de garantizar los derechos más elementales  y de atajar la sangría de desahucios que se producen cada día; ante unos poderes públicos que anteponen los beneficios de la banca a la solvencia y supervivencia de las personas; ante el rechazo en el Congreso de la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y  alquiler social promovida entre otras organizaciones por la PAH y CCOO; ante a los nuevos dispositivos que pretenden desactivar las concentraciones ciudadanas contra los desahucios, distintos colectivos, movimientos y ciudadanos han iniciado en todo el estado una campaña que persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. De manera que en aquellos casos en que las concentraciones ciudadanas no consiguen paralizar los desalojos se  apoya y da cobertura a las familias para que no se queden en la calle.

El movimiento de realojos nace para hacer efectivo el Derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la C.E., en el artículo 25 de la Declaración Universal de los DDHH así como en el artículo 11 del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) y sistemáticamente vulnerado por el Estado Español, pero consigue a la vez tres objetivos: recuperar la función social de una vivienda vacía  para garantizar que la familia no quede en la calle; agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago y forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.

En la provincia de Málaga ya hay más de 600 personas se han realojado en inmuebles vacíos tras ser desahuciadas. En la mayoría de los casos se trata de bloques de nueva construcción, muchos sin terminar, sin tener la cédula de habitabilidad, que pertenecen a constructoras y promotoras o a entidades financieras y que, tras la obra, con la paralización de los créditos, no se han podido vender. Edificios abandonados que se iban ido degradando y que en la mayoría de las ocasiones iban siendo poco a poco siendo desvalijados por personas que iban desmantelando sus piezas para venderlas, o empezaban a ser usados por toxicómanos provocando problemas de convivencia en los barrios donde se situaban.

En nuestra ciudad ya se han realizado tres experiencias de realojo: el 16 de febrero nació la Corrala BuenaVentura en el barrio de la Trinidad; 17 de abril la Corrala las Luchadoras en la Goleta y el 19 de abril la Comunidad de la Esperanza en Capuchinos.
La Corrala Buena Ventura se sitúa en un edificio de nueva construcción, de cuatro plantas, que se encontraba vacío y abandonado desde que finalizó su construcción has más de dos años. Tal era la situación que, según declaran los vecinos de la zona, el edificio ya había empezado a ser desvalijado para chatarra. En él se han realojado doce familias, formadas por unas 40 personas, que habían sido desahuciadas durante los últimos meses en Málaga y Torremolinos. En las familias realojadas hay una docena de menores.

La Corrala las Luchadoras se sitúa en un inmueble  formado por nueve viviendas de un dormitorio  y desde su construcción, en el año 2005, ha permanecido inhabitado. La historia de este edificio es una historia mil veces repetidas desde estallido de la burbuja inmobiliaria: La inmobiliaria que construyó las viviendas -CLM Inmobiliaria S.A. - entró en concurso de acreedores y ahora está en proceso la subasta del edificio entre las entidades bancarias acreedoras. Las vecinas de la Corrala las Luchadoras son 8 mujeres con sus 9 hijos, vecinas todas del barrio La Goleta. Apoyadas por los vecinos y vecinas del barrio han iniciado a rehabilitar el edificio que se encontraba enormemente degradado y se han puesto en contacto tanto con la inmobiliaria como con la entidad bancaria que concedió el crédito para explicarles los motivos de la ocupación y se han ofrecido a pagar un alquiler social.

La Comunidad la Esperanza nace en un edificio construido y abandonado desde su construcción hace más de 2 años en la zona de Capuchinos y que encontraron abierto y con usos inadecuados para su conservación. En él se han realojado once personas de cinco familias con seis menores de edad, desde una bebé con tres semanas hasta una niña de 13 años Desde entonces han limpiado y acondicionado el espacio para su habitabilidad, se han organizado como comunidad, establecido redes de contactos y apoyos entre los vecinos y vecinas del barrio.

En medio de la emergencia habitacional que vive el país,  las administraciones públicas deben tener como prioridad el poder garantizar el derecho constitucional a la vivienda, velando por que el inmenso stock de viviendas vacías existente en nuestro país  - solo en la provincia de Málaga hay 120.000 viviendas sin uso- sirva para poder garantizar un derecho humano fundamental. 

Nos parece imprescindible que el Ayuntamiento de Málaga se implique en el caso para poder ayudar a encontrar una solución consensuada entre todos los agentes implicados en estos casos, que evite el peligro de tener de nuevo a estas familias malagueñas en la calle.
Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS


1.- El Ayuntamiento de Málaga muestra su apoyo a las familias que han sido realojadas en la Corrala las luchadoras del barrio de la Goleta, la Corrala Buena Ventura en el barrio de la Trinidad y la Comunidad de la Esperanza en el barrio de Capuchinos en estos difíciles momentos.

2.- El Ayuntamiento de Málaga mediará entre las partes implicadas en estos casos para intentar llegar a una solución de compromiso que tenga como resultado la cesión en uso por un tiempo determinado de las viviendas vacías a estas familias, para que las gestionen, mantengan y eviten su deterioro.



domingo, 19 de mayo de 2013

Mandar obedeciendo



Cuando el viernes tuve la oportunidad de participar en el III Encuentro malagueño para la elaboración de la ley andaluza de participación ciudadana, organizado por la dirección general de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, reconozco que me emocioné. Y que como hecho inusual,hasta me resbaló alguna lagrimilla. Volver a encontrar a gentes con las que tanta intensidad compartí, en discusiones,idas y venidas, en definitiva, en el tajo, cuando andábamos experimentando, investigando, alentando procesos locales de participación popular al calor de la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación provincial,cuando en su gobierno participaba Izquierda Unida. Todo aquel proceso,volvió a pasar por el corazón, se hizo presente y se hizo presente de la mejor manera, poniendo de manifiesto los hilos conductores, en un escenario político y social diferente a todas luces, de procesos planteados con el mismo propósito:democratizar la vida.

Armar aquella arquitectura fue fruto de muchas horas de trabajo de muchas gentes, de tejer poquito a poco redes de trabajo, de grandes dosis de cariño y de la convicción de una organización política, Izquierda Unida, que tenía, como hoy tiene, bien claro, que para transformar este sistema que desprecia a la gente,su sabiduría colectiva y su soberanía, la clave estratégica pasa por construir una arquitectura de poder popular que desborde al poder instituido y transgreda sus lógicas,haciendo uso de todas sus fisuras y requiebros,apropiándose de sus herramientas para parir otras nuevas,democráticas y sostenibles. Desde esa convicción y determinación política fue posible pergeñar una red de instituciones locales que a ratos con incertidumbres, a ratos con miedos y resistencias, pero con tremenda valentía,marcaron en su agenda política la necesidad de construir nuevos marcos de relación entre representantes y representados,nuevos espacios para la construcción de opinión, de propuestas colectivas y lo más relevante, espacios nuevos de toma de decisiones sobre lo común, sobre aquello que hoy como ayer, se haya secuestrado por instancias antidemocráticas que marcan los designios de nuestras vidas.

Ese fue el motor que hizo converger multiplicidad de redes, asociativas, universitarias, cooperativistas, iniciativas sociales, redes ciudadanas,minúsculas la mayoría de ellas, atomizadas, que fueron encontrándose, convergiendo,no sin tiras y aflojas, y encontrando en los procesos locales de presupuestos participativos un instrumento para la repolitización, para la recuperación de la política en su sentido etimológico. Quizá hoy, con la perspectiva de todo lo acontecido después, pueda parecernos insignificante, pero es interesante vislumbrar los vasos comunicantes entre unos y otros procesos y sabernos parte de un acumulado histórico, de una historia que no comenzó ayer.

Archidona, Alameda, Teba, Humilladero, El Burgo, Casabermeja, Sayalonga, Ardales, Pizarra, Campillos, Cuevas de San Marcos, Benalauría, Benarrabá y tantos otros municipios, la red de presupuestos participativos, que se sumaron a aquello de “Algo se mueve en Málaga” , que más que un lema, fue un motivo común, con una pregunta cargada de incertidumbres, que iban salteándose al caminar, sabedores de que cualquier resultado esperado era eclipsado y abrumado por las derivas y saltos del proceso en sí. Con la mirada humilde y ojiplática puesta en los movimientos populares de Latinoamérica, las experiencias de los foros sociales mundiales, el movimiento de los sin tierra de Brasil, Porto Alegre como brújula, las experiencias de Uruguay y Argentina, las misiones y consejos comunales en la República Bolivariana de Venezuela, los procesos de concientización de Paulo Freire, los aprendizajes con Marco Marcioni...La mirada puesta en aquellos procesos donde han confluido y superado a sí mismos, movimientos populares y organizaciones políticas de la izquierda transformadora,donde unos y otros han sido capaces de marcar no solo las prioridades, sino otras maneras de hacer, con la capacidad de aquellos de “mandar” a los representantes, y el compromiso de algunos de estos de “mandar obedeciendo”.Desde una dialéctica compleja, contradictoria, pero apasionante.

Recuerdo cuando en los innumerables encuentros y talleres de evaluación,abundábamos en el quejido: “la gente no quiere, no demanda más democracia”, “la gente no está esperando en su casa la invitación a participar del común”; “¿cómo hacemos para que los sectores sociales excluidos se apropien de los procesos y condicionen las prioridades?”, “hay que desbordar el proceso,hay que conseguir que el presupuesto participativo dé lugar a nuevas potencias y espacios ciudadanos autoorganizados”...Teníamos prisa.

En 2011 se produjeron cambios sustanciales en direcciones antagónicas. Surgió con una fuerza imprevisible el 15M,la resignificación de las plazas y del concepto mismo de ciudadanía. Una nueva generación saltó a la plaza pública y puso en la primera línea del debate político la existencia de una democracia descafeinada que no atendía, ni atiende, a los intereses ni las voluntades de la mayoría social. Una democracia que carece de instrumentos efectivos que hagan prevalecer los intereses de las mayorías expulsadas del sistema por encima del interés de acumulación de una minoría que constituye la oligarquía económica y ejerce el poder más despiadado. Ahora sí, “la gente demanda Democracia para sí”. A los pocos días vino el 22M, unas elecciones municipales que encumbraron al PP otorgándole representación absolutísima, y que provocó que IU saliera del gobierno de la Diputación provincial, dando al traste con todas y cada una de las iniciativas puestas en marcha. Contradictorio,sí.

Ahora, la repolitización de amplios sectores sociales, la organización en movimientos de algunos de ellos y su presencia pública, así como la presencia de IU en el gobierno andaluz, nos ofrece una oportunidad que no podemos desperdiciar. El proceso de elaboración de la ley andaluza de participación es una oportunidad,una oportunidad más, no solo para construir un instrumento que pretende generar derechos políticos que atiendan precisamente a esa necesidad de que la democracia sea real, participativa y protagónica. Si no también, una oportunidad en un triple sentido trascendente:

> El proceso propiamente abre espacios de discusión y elaboración, a los que estamos poco habituados, entre representantes políticos con capacidad real de tomar decisiones, ciudadanos sin organizar ,tejido asociativo con trayectorias múltiples y disociadas y movimientos de nuevo tipo surgidos al calor del 15M. Más allá del resultado legislativo, la oportunidad de construir un nuevo marco político en Andalucía, en el que los representantes políticos “manden obedeciendo” y la ciudadanía esté dispuesta en trinchera a asumir su papel, su responsabilidad como sujeto histórico.

> La oportunidad de una vez aprobada la ley, construir una arquitectura nueva de poder popular,flexible,abierta,transparente, diversa y plural, que propicie procesos universales de toma de decisiones que vinculen la acción política del gobierno andaluz. Levantar un Faro en Andalucía, que siendo conscientes de sus limitaciones estructurales, pueda abrir en la sociedad debates fundamentales para articular una alternativa de poder a nivel estatal: acumular fuerzas para ganar hegemonía e impulsar un proceso constituyente que aborde con claridad la planificación democrática de la economía y del acceso a los medios de producción. Un proceso constituyente que nos provea de instrumentos para defender el interés de las clases populares.

> La oportunidad de avanzar, en el sentido apuntado por procesos revolucionarios como el de Venezuela, en la construcción de espacios unitarios de convergencia entre movimientos populares, sindicales e IU que construyan un programa de mínimos común y que, con la mirada limpia y el reconocimiento mutuo, sean capaces de dibujar una estrategia compartida para trazar una alternativa de poder, que es urgente.

Quizá las expectativas nos desborden. La certeza: que nos va la vida en ello.

martes, 14 de mayo de 2013

En defensa de los Servicios Sociales en uno de los distritos más poblados y populares de la ciudad:Carretera de Cádiz


Tras la visita que el pasado 10 de mayo realizamos al Centro de Servicios Sociales del Distrito de Carretera de Cádiz, conociendo y charlando con las trabajadoras, hemos elaborado esta iniciativa que trasladaremos a la próxima comisión de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga.Un nuevo centro de servicios sociales para el distrito, que se ubique en Tabacalera, y una dotación extraordinaria para ayudas de emergencia social. 

El Distrito de Carretera de Cádiz es el más poblado de la ciudad de Málaga, con un total de 115.874 habitantes, destacando por la gran densidad de población , ya que tiene 259 hab/Ha.

Este distrito siempre ha estado ligado a las capas populares de la ciudad: surge como barrio obrero de la Málaga industrial del sXIX y va creciendo durante el sXX por las barriada nacidas bajo el amparo de la Ley de Viviendas de Protección Oficial y Promoción Pública y las creadas para alojar a las familias de pescadores que vivían en chabolas en las playas de San Andrés, a finales de los 60. El boom urbanístico de los 70,unido al éxodo rural, propició un crecimiento mayor aún del distrito.

Esta singular historia ha convertido Carretera de Cádiz en un distrito con una configuración urbana, unas características sociodemográficas y unas necesidades sociales particulares: En el barrio conviven bloque de viviendas pluramiliares, de VPO, con 30 de antigüedad, de más de 10 plantas de altura (localizados en Jardín de la Abadía, San Andrés, Nuevo San Andrés...) construidos de forma desorganizada, lo que hace que no existan prácticamente espacios libres, Bloques de edificios plurifamiliares de VPO y de VPP con una antigüedad hasta 40 años (Dos Hermanas), con una altura de cuatro plantas sin ascensor; Casas matas unifamiliares con un estado de conservación variado y núcleos de chabolas en Puente de los Morenos y en playa de la Misericordia, aislados del resto de las barriadas.

El entorno de la Barriada de la Candelaria y del bloque de San Patricio en el Ayamonte, ambos en Puerta Blanca, son los que más déficit presentan en el medio urbano, mobiliario, infraestructura...

En Carretera de Cádiz nos encontramos ante una población regresiva, que tiende al envejecimiento, debido al descenso de la natalidad, presentando la población infantil el mismo porcentaje que la perteneciente a tercera edad y con un índice de dependencia se sitúa en torno al 41%.

La 40% de la población de Carretera de Cádiz solo tiene un nivel elemental de instrucción (por encima de la media de la ciudad) y el 34% no posee estudios (34%). Tan solo un 2% tiene estudios de grado superior (la mitad de la media de Málaga). El porcentaje de analfabetismo en la zona es de un 7% (6% en Málaga).

Los servicios sociales han localizado en el distrito múltiples zonas y grupos de riesgo social, principalmente:
  1. Las viviendas sociales en C/ Leopoldo Alas Clarín, en la U.T.S. Nº 1 y Blq. de La Almudena en la Avda. De Molière, en la U.T.S Nº 8. La población que reside es, en su gran mayoría, de la raza gitana con un nivel socioeconómico y cultural muy bajo.
  2. Las viviendas sociales de las Bdas. Dos Hermanas, 25 Años de Paz y Vistafranca. La población residente tiene un nivel socioeconómico bajo.
  3. Núcleos chabolistas de la Playa de La Misericordia, Puente de Los Morenos y caravanas frente a bloques de S. Patricio en C/ Ayamonte, en los que se alojan familias de raza gitana, con un nivel socioeconómico y cultural muy bajo.
  4. Familias con ingresos económicos escasos en los bloques de viviendas de la Bda. La Luz (Plaza Limeño), San Patricio(Pirámides) y Bda. San Andrés y Nuevo San Andrés.
  5. Volumen de población mayor de 65 años en la Bda. Girón.


A pesar de estas necesidades sociales y de ser el distrito más poblado de la capital solo cuenta con un Centro de Servicios Sociales Comunitarios , ubicado en la Plaza Tres Cruces.

La demanda recibida en este centro se centra en la carencia de los medios económicos para la adquisición de alimentos, la falta de medios económicos para abonar gastos relacionados con la vivienda familiar, (luz, agua, alquiler...). la carencia de medios económicos para gastos de farmacia (medicinas, leche, pañales...) y el desahucio de la vivienda.

Las ayudas otorgadas para estos problemas en el distrito hasta abril ponen de manifiesto la imposibilidad de poder responder a esta demanda, ya que las ayudas económicas familiares ejecutadas hasta abril han sido ya 10.818 de un presupuesto total para el año de 15.464. También se han ejecutado ayudas inserción social por 33.160 € de 111.22 € y de ayuda a necesidades básicas por 73.601 de 168.00 €

Hay que tener en cuenta además que estos datos se dan a pesar de que el diagnóstico social del distrito del año 2011, realizado por las profesionales de los servicios sociales municipales, destacan que hay una gran desinformación sobre el acceso a estas ayudas.

Esta insuficiencia de recursos para atender las necesidades sociales se repiten en toda Málaga, una ciudad en la que –según los datos del OMAU- un 22,58% de la población está en riesgo de pobreza.

Las partidas que se han dedicado al Gasto Social del Ayuntamiento, se han recortado un 10% desde el 2010 al 2013, años muy duros de crisis. La situación presupuestaria confirma la parálisis en que se encuentra el Área de Bienestar Social ante los problemas sociales que existen, no se puede olvidar que aumentaron las atenciones directas y usuarios que acuden a los Servicios Sociales no ha hecho sino aumentar.

Han aumentado las necesidades y la dotación presupuestaria se suele agotar hacía la mitad de ejercicio económico, lo que provoca que a muchas personas que acuden a los servicios sociales que reúnen los requisitos y se les concede una ayuda, se les pueda denegar alegando falta de disponibilidad presupuestaria.

El presupuesto de 2013 para gasto social se ha recortado de forma importante, así un 49,5% la partida de Programas para Mayores de 1.013.407 euros en 2012 a 511.865 para 2013. Desciende por recortes en el capítulo de personal, un 9,1% la partida del Área de Bienestar Social de 5.118.006 euros en 2012 a 4.651.319 para 2013 y un 6,3% desciende la partida para la empresa Mas Cerca dedicada a la Ayuda a Domicilio, entre otros servicios, de 5.260.243 euros a 4.927.012 para 2013.


Hay que tener en cuenta que además estos recortes del presupuesto municipal se dan en el marco de un país en el que gobierno está aprobando unas políticas austericidas que no harán sino aumentar más y más el número de malagueños en riesgo de exclusión. Hay que recordar que, tal y como señala la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, uno de cada tres euros de los recortes del Plan Nacional de Reformas de 2013 del PP, afectarán a dependientes. El gobierno recorta 1.108 nuevos millones al desarrollo de la ley de dependencia lo que afecta directamente a 775.000 españoles, 200.000 andaluces y 30.000 malagueños. Su impacto se dejaría sentir en el acceso a un derecho subjetivo reconocido, mermando la capacidad de los poderes públicos en su obligación de garantizar el derecho efectivo al cuidado y la autonomía, y también en términos de empleo, en un sector especialmente feminizado. En el caso de la provincia de Málaga, las estimaciones realizadas sitúan en 1.000 trabajadoras de ayuda a domicilio las que podrían quedarse sin empleo con la aplicación de los nuevos recortes.

Sin duda, estos nuevos recortes vienen a situar en los márgenes de la exclusión social precisamente a los sectores más vulnerables de la población, aquellos cuya vida depende de los demás, que van a ver cómo el PP de nuevo vuelve a cargar las tintas contra los más desfavorecidos, haciendo que un sistema no consolidado, como el de la dependencia, sea bloqueado en la práctica y pospuesto su desarrollo sine die.


En la misma línea, el anteproyecto de reforma de la administración local plantea la eliminación de los servicios sociales comunitarios del ámbito competencial de los ayuntamientos, cuando el desarrollo histórico de aquellos está estrechamente ligado al desarrollo democrático de los ayuntamientos. Dicha reforma equipara proximidad con despilfarro y sustituye rentabilidad social por equilibrio financiero, eliminando la atención de proximidad en los servicios sociales como un valor a potenciar desde una perspectiva mlnicipalista, que apueste por la descentralización como premisa democrática. Realmente sorprendente es el hecho de que en las 104 páginas de alegaciones a la reforma de la administración local presentadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, no aparezca ni una sola enmienda en el ámbito de los servicios sociales.


Ante esta situación de emergencia social, en la que año a año asistimos a un incremento del número de usuarios de los servicios sociales, la actuación de las distintas administraciones está siendo dispar. De un lado, encontramos administraciones como la Junta de Andalucía que, desde un planteamiento de resistencia al recorte “duro” del gobierno central en materia social y priorizando la atención a los sectores más vulnerables a la actual situación económica, ha puesto en marcha el Decreto de medidas urgentes y extraordinarias frente a la exclusión social, que entre otras medidas, contempla 12,3 millones de euros destinados a paliar las situaciones de exclusión social en la Provincia de Málaga, de los cuales, 7,78 millones de euros se destinarán a los ayuntamientos de la provincia para la contratación de desempleados de larga duración. Se podrán generar entre 8.000 y 16.000 contratos en los municipios de nuestra provincia. De otro lado, se encuentra, como ya hemos visto, un Ayuntamiento de Málaga que año a año recorta su presupuesto en servicios sociales.



Para hacer frente a esta situación proponemos la creación de un Fondo de Emergencia, con carácter extraordinario y urgente, complementario al programa de ayudas de emergencia, para las familias en situación de pobreza y exclusión social, dotado de 5 millones de euros, que nos permita atender las actuales necesidades sociales, las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, aumentando especialmente la eficacia del apoyo a los mayores.




Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes


ACUERDOS





1º.- Instar al equipo de gobierno a reforzar la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, desarrollando de manera participada un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad social dotado con un fondo extraordinario de emergencia de cinco millones de euros.




2.- Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para reponder a la demanda social de crear un nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios en el Distrito de Carretera de Cádiz,estudiando como posible ubicación la Tabacalera.






lunes, 15 de abril de 2013

No al desalojo de la Corrala Buenaventura

Proponemos al Ayuntamiento de Málaga que se ponga a disposición de las 12 familias realojadas en la Corrala de la Buenaventura y medie con la entidad bancaria Bankinter para que no ejecute el desalojo y se pueda llegar a un acuerdo que haga valer el derecho fundamental a la vivienda. Os transcribo la iniciativa que durante esta mañana defenderemos desde IU en la Comisión de Derechos Sociales del ayuntamiento de Málaga. 

El pasado 16 de febrero doce familias que habían sido desahuciadas de sus viviendas, se realojaron en un edificio vacío en la Calle Ventura Rodríguez del Barrio de la Trinidad.
El edificio donde estas familias se han realojado se trata de un inmueble de nueva construcción, de cuatro plantas, que se encontraba vacío y abandonado desde que finalizó su construcción has más de dos años. Tal era la situación que, según declaran los vecinos de la zona, el edificio ya había empezado a ser desvalijado para chatarra.
La historia de este edificio es una historia mil veces repetidas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria: la constructora quebró antes de vender los pisos, que fueron embargados por una entidad bancaria (en este caso bankinter) pasando así formar parte de esta absurda historia en la que, mientras cientos de miles de familias son desahuciadas, provocando una situación de emergencia habitacional, los bancos mantienen un ingente stock de viviendas vacías sin sacarlas al mercado.
Las personas que se han realojado en el edificio son doce familias, formadas por unas 40 personas, que habían sido desahuciadas durante los últimos meses en Málaga y Torremolinos. En las familias realojadas hay una docena de menores.
Las familias realojadas no se han limitado a usar el edificio para vivir, sino que además han decidido usar un local del edificio para ayudar y asesorar a otras familias con problemas del barrio de la Trinidad, montando la denominada “oficina precaria” donde se atiende a otras familias con amenaza de desahucio para prestarla apoyo a asesoramiento
A pesar que desde el primer momento Bankiter anunció que no pediría el desalojo de las familias de la corrala, el pasado 25 de febrero llegó una notificación emitida por el juzgado de primera instancia nº 19 de Málaga que otorgaba la posesión del inmueble a Bankinter y fijaba el lanzamiento para el 9 de abril a las 9:30.
Los asesores legales de la corrala recurrieron sin éxito el lanzamiento y han recurrido ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Los residentes del inmueble, junto con 33 colectivos, malagueños, han pedido a Bankinter que negocie con una solución con las familias, en vez de desalojarlas para mantener el edificio vacío.
Auque el desalojo previsto para el día nueve ha quedado por ahora en suspenso, debido a problemas de forma, la amenaza de desalojo sigue sobre la cabeza de estas familias.
En medio de la emergencia habitacional que vive el país, las administraciones públicas deben tener como prioridad el poder garantizar el derecho constitucional a la vivienda, velando por que el inmenso stock de viviendas vacías existente en nuestro país sirva para poder garantizar un derecho humano fundamental , así lo ha entendido la Oficina de Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha decidido mediar con Bankinter para que se intente llegar a un acuerdo con estas familias.
Del mismo modo que la Junta de Andalucía ya está mediando con la entidad financiera, nos parece imprescindible que el Ayuntamiento de Málaga se implique en el caso para poder ayudar a encontrar una solución consensuada entre todos los agentes implicados que evite el peligro de tener doce nuevas familias malagueñas en la calle.
Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS



1.- El Ayuntamiento de Málaga muestra apoyo a las doce familias que han sido realojadas en la denominada Corrala Buena Ventura del barrio de la Trinidad en estos difíciles momentos.


2.- El Ayuntamiento de Málaga mediará ante Bankiter, actual propietario del edificio, para intentar llegar una solución de compromiso que tenga como resultado la cesión en uso por un tiempo determinado de las viviendas vaciás a estas familias, para que lo gestionen, mantenga y eviten su deterioro


sábado, 13 de abril de 2013

¿Dónde están las guarderías que el PP prometió en 2007?

18 años de gobierno municipal del PP dan para mucho. Para muchas promesas y también para muchos incumplimientos. Este es uno de ellos: el famoso PLAN MUNICIPAL DE GUARDERÍAS. 
Desde 2007 lleva Paco de la Torre prometiendo una red de guarderías que cubriría todos los distritos de la capital, así como el Parque Tecnológico y el Polígono Industrial del Guadalhorce. 12 guarderías municipales que atenderían la demanda existente en la capital. Sin embargo, las palabras se las lleva el viento y el contrato programático con la ciudadanía malagueña, parece ser que también. Tras 5 años de promesas, de las 12 solo una está en funcionamiento, la de c/ Los Negros. 
Pero lo más dramático no es esto, lo más incomprensible es que hayan construido cuatro, invirtiendo un montante interesante de dinero público, y que de esas cuatro, solo una está abierta, permaneciendo las restantes cerradas a cal y canto.   
 El Ayuntamiento construyó las guarderías del PTA y del Polígono del Guadalhorce, haciendo uso del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local de 2010, cediendo su construcción y su gestión a empresas privadas. Este modelo de gestión privada ya fue censurado por Izquierda Unida, y hoy se manifiesta como un despropósito más del gobierno municipal en manos de la derecha. Los continuos problemas para la adjudicación de concursos, incluso eximiéndolas del pago de un canon para la explotación de las instalaciones, llegando al punto de tener que incluir a empresas de la construcción en los acuerdos para poder gestionarlas a cambio de su construcción, ponen de manifiesto que este modelo de gestión privada ha sido un fraude y un fracaso absoluto, pues el resultado ya lo conocemos: 4 guarderías construidas, de las cuales solo una está en funcionamiento.
Al tiempo que Paco de la Torre dilapida el dinero público en infraestructuras que luego duermen el sueño de los justos, al tiempo que incumple su compromiso electoral reiterado desde 2007, de poner en funcionamiento 12 guarderías municipales, su homólogo en Diputación, Bendodo, echa el cerrojo a la Guardería provincial, que durante más de 30 años ha permanecido abierta en la ciudad. Una guardería que cuenta con disponibilidad cercana a las 300 plazas y que bien podría ser una alternativa para las familias malagueñas. Sin embargo, el PP opta por cerrar la guardería y trasladar a sus profesionales a otras unidades organizativas de la Diputación que nada tienen que ver ni con su formación, ni con el servicio que venían prestando a la ciudadanía. 
Lo que proponemos desde IU es de sentido común: que las guarderías que están cerradas a cal y canto se abran a la ciudadanía y que la Guardería provincial de la Diputación sea conveniada, de modo que sus plazas puedan ser ofertadas a las familias malagueñas. Lo propondremos el próximo martes en la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento. Hagan sus apuestas sobre cuál será su respuesta. 
 




jueves, 11 de abril de 2013

Defendemos el Decreto de la Función Social de la Vivienda


Os trasladamos la moción que hoy defenderemos en la Diputación provincial de Málaga y que vamos a presentar en los ayuntamientos de la provincia, en defensa del Decreto de la Función Social de la Vivienda, exigiendo el compromiso de ayuntamientos y diputaciones a contribuir en su desarrollo, que no es otra cosa que contribuir a la defensa del derecho a la vivienda frente al derecho a la estafa, consagrado en la legislación hipotecaria. 

"La Diputación provincial ha adoptado en el último año diversos acuerdos en relación a la situación de emergencia social y habitacional que atraviesa el país, y en particular, los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de málaga. La Diputación provincial mediante acuerdo unánime se posicionó de manera favorable a la Iniciativa Legislativa Popular que se debate en estos días en el Congreso de los Diputados. Asimismo, acordó la puesta en funcionamiento de un servicio provincial de intermediación y atención a las familias con riesgo de desahucio, para cuyo desarrollo firmó un convenio con el Colegio de Abogados y manifestó su voluntad de coordinarse con iniciativas similares de otras administraciones.
Sin embargo, el llamamiento unánime de esta Diputación y de otros tantos ayuntamientos de la provincia a que el Congreso de los diputados, con mayoría parlamentaria del PP, aprobase la propuesta de mínimos contemplada en la ILP, y que cuenta con el aval de 1,5 millones de firmas ciudadanas, de poco ha servido. Pues el PP ha decidido dejar sin efecto las propuestas realizadas, y ello, a pesar de que en este periodo han tenido lugar diversos acontecimientos, a saber: un proceso de movilización ciudadana creciente y apoyo masivo a la ILP propuesta por las plataformas de afectados por las hipotecas; una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegales los desahucios, abusiva y contraria a los derechos humanos la actual legislación hipotecaria.
Mientras el Congreso de los diputados obvia la situación de emergencia habitacional, aprobando medidas descafeinadas, que tal y como la propia portavoz de la PAH, Ada Colau, ha señalado, generarán un caos social, económico y jurídico, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado martes 9 de abril el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la consejería de Fomento y Vivienda.
Este decreto consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía, suponiendo un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda como mercancía, a la vivienda como derecho, dando una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional en un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas y Apuntando directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas.

Con él Andalucía se sitúa a la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda. Frente a otros gobiernos autonómicos o el gobierno central, estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social, de las que destacan:

  • La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada.

  • No es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler.

  • Expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión….) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional. Ante la incapacidad del Gobierno central de asumir su responsabilidad y terminar con los desahucios ilegítimos, IU en el gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los desahucios.

  • Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías.

  • Incentivos al alquiler para personas físicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos; medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda.

El Decreto-Ley tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los DDHH, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, etc ya que hemos de recordar que el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, que establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda; el Artículo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho que ahora mismo es papel mojado. el Artículo 33 de la Constitución, también, que establece la “función social” del derecho de propiedad; el Artículo 40 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán “una distribución de la renta más equitativa”; el Artículo 128 de la Constitución, que señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”; el Artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que ha evidenciado que en España se ha violado el derecho a la vivienda y el derecho a la tutela judicial efectiva durante 20 años.

El Decreto-Ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con muchas más garantías el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.

Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes


ACUERDOS





1.- La Oficina de intermediación hipotecaria de la Diputación provincial coordinará sus actuaciones con la Empresa Provincial de la Vivienda y la Junta de Andalucía, en aras de garantizar en el ámbito de la provincia y muy especialmente, en los municipios menores de 20.000 habitantes, la función social de la vivienda.


2.- La Oficina de intermediación hipotecaria presentará en el pleno de mayo un balance del trabajo realizado hasta el momento, que contemple el número de ciudadanos atendidos, las actuaciones emprendidas y el resultado obtenido en cada proceso de intermediación acometido.


3.- La Diputación provincial reitera su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Málaga y censura la campaña de difamación y criminalización que está sufriendo.


4.-Manifestar el apoyo de la Diputación provincial a la medidas contempladas en el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda.


5.- Manifestar la total disposición de la Diputación de Málaga para colaborar en lo que sea necesario, dentro de sus competencias, para facilitar la aplicación del decreto en la provincia, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes.




6.- La Diputación de Málaga muestra su contrariedad por la decisión del Gobierno de España de no respetar el texto de la ILP hipotecaria, tal y como le pidió el Pleno de la Corporación provincial.










Antonia Morillas González

Málaga, 9 de abril de 2013