jueves, 24 de enero de 2013

´#MálagaQuiereParticipar

 Desde Izquierda Unida lanzamos una recogida de firmas para que el Ayuntamiento de Málaga no suprima los Presupuestos Participativos y apueste por una distribución de los recursos públicos justa,democrática, con participación universal y vinculante de la ciudadanía. En el último pleno de diciembre de 2012, el concejal Francisco Pomares, anunció su supresión.Y aunque desde Izquierda Unida siempre hemos mantenido y mantenemos que el modelo de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Málaga era un paripé, consideramos que es imprescindible atender la demanda mayoritaria que reclama DEMOCRACIA y SOBERANíA, y en ese sentido unos presupuestos participativos en los que la ciudadanía malagueña realmente decida a que se dedican los recursos de su ayuntamiento, contribuye a la construcción de la málaga democrática.Por ello lanzamos el manifiesto al que os podeis adherir en el enlace de change.org.

Las personas y colectivos que firmamos este manifiesto queremos elevar nuestra protesta al Ayuntamiento de Málaga, por la supresión del proceso de Presupuestos Participativos en nuestra ciudad anunciada el pasado mes de diciembre.

Los Presupuestos Participativos puestos en marcha por el Ayuntamiento, a pesar de las limitaciones que todos conocemos, suponían abrir por primera vez en nuestra ciudad el proceso de decisión sobre en qué gastamos los malagueños nuestro dinero.

Sabíamos que el camino para ampliar y democratizar la forma en que se toman las decisiones en nuestra ciudad iba a ser lento, pero no sospechábamos que podía imponerse este retroceso.

El argumento dado para dar este hachazo a la participación “la escasez de presupuesto sobre el que decidir debido a las políticas de austeridad” nos parece contradictorio, ya es en estos momentos de crisis cuando es más importante abrir el proceso abrir el proceso de toma de decisiones sobre en qué gastar el poco dinero disponible.
Nos ha parecido especialmente doloroso el hecho de que esta decisión se haya sin ningún tipo de consulta a las personas y colectivos que nos hemos implicado con el Ayuntamiento en sacar adelante los presupuestos participativos, hurtando a la ciudadanía la posibilidad de debatir sobre los problemas que pudiesen haber surgido y proponer soluciones.

La profundización democrática sólo será posible reformando las formas de hacer política y apostando por la democracia participativa tendente a conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético desde la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público, únicas dos vías posibles para prevenir la corrupción y la consecuente degradación de la imagen de La Política.

Por ello pedimos al Ayuntamiento de Málaga que devuelva a la ciudadanía la capacidad decidir y tome las medidas necesarias para que los presupuestos municipales de los próximos años sean aprobados de manera participativa, poniendo en marcha todos los mecanismos que requiere desarrollar unos “presupuestos participativos” autorreglamentados; deliberativos; vinculantes; universales; con un sistema de seguimiento, control social del proceso y rendición de cuentas.

Pon tu firma en el siguiente enlace:
 
http://www.change.org/es/peticiones/ayuntamiento-de-m%C3%A1laga-no-queremos-que-se-supriman-los-presupuestos-participativos?utm_source=share_petition&utm_medium=url_share&utm_campaign=url_share_after_sign#


miércoles, 23 de enero de 2013

¿Para qué fantasean con la subida de la entrada de la Alcazaba?

El 26 de abril de 2011 el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz presentó una proposición no de ley, en la que se acordaba la creación de la Alcazaba-Gibralfaro como conjunto monumental,una vez que el ayuntamiento solicitase la aplicación de esta figura de protección y presentara el correspondiente Plan director del Monumento. 

Tras esta iniciativa parlamentaria había un extenso trabajo de colectivos de la ciudad que recogieron firmas,así como avales como el de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA.En innumerables ocasiones ha presentado el grupo municipal iniciativas en este sentido,contando con la negativa del gobierno municipal.Negativa que no entendemos,porque la utilización de este tipo de protección,permitiría la puesta en valor del principal monumento y atractivo turístico de la ciudad y permitiría la rehabilitación y promoción del conjunto,en el que el ayuntamiento lleva años sin ejecutar inversiones. 

Monumentos del calibre de la Alhambra tienen este tipo de protección, que permite además tener un órgano de gestión propio,así como que los ingresos de la Alcazaba y Gibralfaro reviertan directamente en líneas de rehabilitación, investigación y promoción en el propio conjunto. Por poner un ejemplo, la necesaria recuperación de la coracha terrestre, el pasillo amurallado cuya apertura al público permitiría la comunicación directa entre la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro.

Sin embargo, el ayuntamiento no ha apostado por este modelo, ha dejado de invertir en la mejora de su entorno y ha preferido dedicar los recursos del área de cultura a proyectos inconclusos como el de Art Natura, a proyectos privados como el CAC,único centro museístico de la ciudad al que el ayuntamiento ha incrementado su presupuesto, a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, con la Fundación Picasso

Ni Plan director, ni tampoco plan de accesibilidad tiene la Alcazaba-Gibralfaro.Eso sí desde el equipo de gobierno fantasean con duplicar el precio de la entrada,no sabemos si como estrategia para "fomentar" el turismo cultural o como medio para universalizar el acceso a la cultura y la historia de nuestra ciudad.En ambos casos, patinan...






lunes, 21 de enero de 2013

Inclusión en el debate de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana

Os transcribo iniciativa que debatiremos hoy en la Comisión de Derechos Sociales, con el objetivo de que el ayuntamiento se implique en el proceso de debate y elaboración de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, impulsada desde la Consejería de Administración Local y relaciones institucionales. 

La Junta de Andalucía ha iniciado una proceso participativo para la elaboración de la la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. El propósito que persigue es regular la participación ciudadana definida como un derecho político. Esta ley pretende proteger este derecho, promoverlo y desarrollarlo.

En el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se explicita de forma clara y precisa:
Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.
Punto 19º. La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político en aras de una democracia avanzada y participativa.

Partimos de una carencia, los límites de la actual democracia, para que podamos ejercer una participación efectiva en los asuntos públicos; y de una oportunidad, que las ciudadanas y los ciudadanos puedan decidir y tomar parte en los asuntos públicos que acaban afectando a la vida cotidiana.

Esta Ley por sí sola puede que no sea suficiente para mejorar la salud democrática de las instituciones, pero puede suponer un avance, una apuesta, para construir espacios de diálogo, comunicación y co-decisión.

La elaboración participada de esta ley establace multiples vías de participación: cualquier persona puede opinar, contribuir, revisar y controlar el contenido del texto de la Ley a través de este sitio web de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en su acceso a Ley de Participación Ciudadana.
Además existen otras vías para realizar aportaciones y seguimiento del texto, con el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada y sus instituciones públicas.
La información será sistematizada (puesta en orden y resumida) y devuelta al conjunto de la ciudadanía para su reflexión y debate. Las vías previstas para participar en el proceso de recogida de aportaciones son las siguientes:


  • Encuentros Provinciales. Dirigidas a entidades sociales, entidades de voluntariado, grupos ciudadanos no constituidos formalmente (foros, plataformas, etc.) y a la ciudadanía en general, que se realizarán en todas las provincias..
  • Reuniones y/o talleres a iniciativa de organizaciones y plataformas ciudadanas. Desde la Junta se ha invitado a las organizaciones sociales a realizar un proceso interno de reflexión acerca del contenido y alcance de la Ley.
  • Recepción de Informes/Ponencias a la Ley. Aquellas entidades que quieran participar en el proceso de elaboración de la Ley, tendrán la posibilidad de remitir un informe, que a modo de ponencia, recoja los aspectos y contenidos a tener en cuenta en el proceso de elaboración de la Ley.
  • Cuestionario. Las personas a título individual, así como los grupos y entidades ciudadanas que así lo deseen, podrán realizar aportaciones a la Ley de Participación a través de un cuestionario

El resultado de este proceso establecerá el marco de participación en toda Andalucía, por lo que es imprescindible que todas las administraciones se impliquen en su elaboración, y en la difusión entre sus ciudadanos de las vías de participación existentes para la elaboración de esta ley.

ACUERDO



UNICO.- Instar al Ayuntamiento de Málaga a colaborar con la consejería de administración local y relaciones institucionales en la difusión de las formulas de participación en la elaboración de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana entre ciudadanía malagueña


sábado, 19 de enero de 2013

La luz es un derecho básico para la vida

El próximo lunes, en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento, defenderé, en nombre de Izquierda Unida, la iniciativa que a continuación os reproduzco, reclamando una moratoria de los cortes de luz por impago a las personas con insolvencia económica sobrevenida y proponiendo al ayuntamiento un paquete de ayudas económicas para garantizar los suministros básicos a la ciudadanía malagueña. 

 El recibo de la luz registró el pasado 1 de enero una subida anual del 8,3% para el usuario medio, lo que representa 6,48 euros por recibo mensual y 77,76 euros anuales, según un estudio de la asociación de consumidores Facua.
Facua ha analizado esta subida basándose en un usuario con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatio hora (kWh), la media en España, según un análisis de la asociación sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas.
Así, el recibo habrá pasado de los 73,99 euros (59,6 más impuestos indirectos) que pagaba en enero de 2012 a 80,47 euros mensuales (63,2 más impuestos indirectos).
Esta subida viene a complicar más la situación vital de miles de familias que tienen verdaderos problemas para poder asumir el coste de los servicios básicos como la luz o el agua.
La memoria presentada por Cáritas Diocesana recoge que una de cada cuatro de las 25.000 familias atendidas durante 2011 solicitaban ayuda precisamente para poder pagar los suministros básicos de luz y agua.
Según datos de la comisión nacional de a energía (CNE) las desconexiones por impagos del luz eléctrica fueron de 600.000 durante 2006. Desde el inicio de la crisis esas cifras comenzaron a subir hasta situarse en 2009 en 1.300.000 al año, de las cuales unas 200.000 familias no vuelven a abonar el servicio de reenganche. Por otra parte los cortes por impago del suministro de Gas Natural, fueron de más de 65.000 durante 2010.
Esta situación pone los poderes públicos en una situación de responsabilidad para con sus ciudadanos, que ven negada por una compañía servicios básicos para la vida. Algunos ayuntamientos, como el de Nanterre, han decidido realizar poner la vida de sus ciudadanos por encima de todo y han proclamado, a través de sus empresas municipales, una moratoria en los cortes de suministro por impago (previo informe de servicios sociales).
Actualmente el Reglamento de Prestaciones de los Servicios Sociales comunitarios recoge dentro su tipología de prestaciones una “Prestación económica de apoyo a la convivencia y autonomía personal” definidas como “prestaciones de tipo económico, dirigidas a cubrir situaciones de necesidad de carácter extraordinario y coyuntural, destinadas a unidades familiares o de convivencia, en grave riesgo de crisis o desestructuración, debido a una situación de carencia de recursos económicos". Estas prestaciones no cubrirán déficit económicos estructurales. Dentro de esta tipología podrían establecerse ayudas especificas para el pago de servicios básicos, que actualmente no realizan.
El pago de servicios básicos para la vida como la luz y el agua es solo un ejemplo de nuevas necesidades que la crisis han extendido, por lo que es imprescindible revisar la tipología de ayudas que ofrecen los servicios sociales del Ayuntamiento.
Por todo ello proponemos la asunción de los siguientes ACUERDOS:  

.- Instar al Gobierno Central a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los cortes por impagos de servicios necesarios para la vida como son la luz y el gas de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. 
2º.- Instar al equipo de gobierno local a establecer una tipología de ayuda extraordinaria para sufragar servicios básicos para la vida, como la luz o el agua a personas con situación de insolvencia sobrevenida, previo informe de los servicios sociales.
3º.- Crear una mesa técnica que revise y actualice la tipología de prestaciones que actualmente prestan los servicios sociales comunitarios.




viernes, 18 de enero de 2013

El PP se niega a firmar Convenio con la Junta para frenar desahucios

Tras presentar desde nuestro grupo una iniciativa en la Comisión de Derechos Sociales para que el ayuntamiento cumpla los compromisos que adquirió en el Consejo Social de la ciudad, que incluían medidas concretas a promover desde distintas instituciones para parar la sangría de desahucios, proteger y ofrecer alternativas a lxs afectadxs, el PP ha manifestado que no firmará el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.Tras el teatro ofrecido en el día de ayer por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el PP local se suma, anteponiendo los intereses partidarios a los ciudadanos. Os transcribo la moción que debatiremos el próximo lunes en la Comisión de Derechos Sociales, aunque ya nos han anticipado cuál será voto.
Vemos como en España innumerables familias son despojadas de su vivienda por la insolvencia sobrevenida tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. Sabemos que mientras existen medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el gobierno central, una sola medida que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias que lo necesitan.
El número de desahucios durante el primer trimestre de 2012 alcanzó una nueva cifra récord de 18.424 desahucios, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2011. En total, el dato de ejecuciones hipotecarias (proceso previo al desahucio de la vivienda) marcó 24.792 procedimientos entre enero y marzo de 2012, un 14,1% más que en 2011.
La ejecución hipotecaria por impago provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además supone una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos intereses de demora y costas judiciales.
Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda. La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, además de totalmente desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.
Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Uno de los indicadores más visibles del uso especulativo y anti-social del parque de viviendas es la proporción de viviendas vacías. La ratio española es de 160 viviendas secundarias o vacías por 1.000 habitantes. Esta proporción dobla la media europea.
Lo terriblemente injusto de esta situación ha provocado una enorme presión social hacia los poderes públicos. Fruto de esta presión el PP y el PSOE decidieron escenificar un intento de pseudo pacto de estado contra los desahucios, e iniciaron una negociación de la que excluyeron al resto de fuerzas políticas, a los propios afectados...y a todo lo que no fuesen ellos mismos.

Durante una semana nos han mareado con el anuncio de negociaciones, pero PP-PSOE no solo llegan tarde y mal, sino que no han sido capaces de llegar a un acuerdo.

El jueves 15 de noviembre, el Gobierno ha decidido escurrir el bulto de una forma casi macabra aprobando un Decreto Ley llamado “anti-desahucios”, el cual paralizaría los desahucios durante dos años al estilo del célebre -por fracasado- Decreto “De Guindos”. Un Decreto Ley basado en  una artimaña con el único fin de contentar a la banca y excluir por segunda vez a la mayoría de gente que está sufriendo este drama.

El Decreto ha eludido establecer una moratoria de desahucios eficaz, una exigencia ciudadana unánime. Ni siquiera se han adoptado medidas como la que ya se ejecuta en Francia, donde cada año decretan moratoria invernal generalizada de los desahucios. Tal vez ni los tristemente fallecidos entrarían en los criterios de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y De Guindos. Tampoco entrarían otros centenares de miles de familias: por ejemplo una pareja con dos hijos menores de 4 y 6 años con un subsidio por desempleo de 420 euros cuyo desahucio se producía al día siguiente.

Además, para esconder una de las claves, la retroactividad (¿qué pasa con las 350 mil familias desahuciadas?) anuncian la creación de un Fondo Social de viviendas de alquiler que se nutriría de las viviendas “robadas” a las familias. Se hace el anuncio, pero no se dice ni cuántas, ni cómo se crearía ese parque de vivienda social.

Ni una palabra sobre la ILP hipotecaria, que esa misma semana recibía la validación de la Oficina del Censo Electoral de 614.246 firmas presentadas hasta hoy. Ni una palabra de la PAH, ni un gesto para incluir a los afectados en las posibles soluciones, ni caso a las propuestas que desde 2008 llevan exigiendo: dación en pago reatroactiva, Stop desahucios y parque de vivienda de alquiler social (sujeto a renta).

Los afectados y la mayoría de la sociedad lo tiene claro: todo era puro teatro. La patronal de la banca dictó el decreto y el Gobierno redactó. Una vez más, el Gobierno es el brazo armado de la banca, todo lo otro son daños colaterales de la guerra del 1% contra el 99%. Las prisas por adjudicarse la exclusiva nos hace nuevamente ver cómo los intereses de muchos son usados en beneficio de unos pocos, sin cambiar la situación.

Pero también tenemos claro que si hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15M y muchas otras.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ya ha anunciado que continuará presionando y movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora, es así como ha conseguido paralizar más de 500 desahucios frente a los 400.000 impulsados por las leyes injustas de PP-PSOE. Seguiremos exigiendo que la moratoria se aplique a todas las familias, siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual.
Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de una forma especial en el ámbito municipal, y al ámbito municipal ha bajado el triste teatro del Partido Popular con los desahuciados: El pasado de mes octubre la Diputación de Málaga aprobó, a propuesta de Izquierda Unida, una serie de medidas para realizar desde los Ayuntamientos de la provincia en apoyo a los desahuciados. Tras aprobarse por unanimidad en la Diputación, Izquierda Unida trasladamos estos acuerdos a la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga para poder materializarlos. Cual no sería nuestra sorpresa al comprobar que, exactamente los mismos acuerdos que el Partido Popular había votado en Diputación ahora eran rechazados.
La cosa no quedó ahí, la misma tarde en la que el Partido Popular vetaba desarrollar en Málaga los acuerdos que había votado en diputación se reunía el Consejo Social de la ciudad. En esta reunión la submesa de intermediación hipotecaria presentaba una resolución en la que se recogían varios de los acuerdos contra los que  PP  había votado por la mañana... por la tarde votó a favor. Cuando Izquierda Unida llevamos al siguiente Pleno los acuerdos del Consejo Social de la Ciudad el PP volvió a votar en contra.
Como vemos la estrategia del PP ha sido votar a favor de las medidas en los órganos en los que no hay que aplicarlas y votar en contra en los que debería realizarlas. Es imprescindible poner fin a este doble juego, hay que  abandonar la “apariencia de hacer cosas” y decidir si se quieren hacer o no. El drama social de la crisis, con los desahucios como una de sus caras más visibles, ya ha provocado demasiado dolor en nuestra ciudad.

         En base a lo anterior proponemos la adopción del siguiente:


ACUERDOS


1.- Aprobar las medidas contra los desahucios propuestas por el Consejo Social de la Ciudad de Málaga.
2.- Instar al equipo de gobierno local a firmar el convenio de colaboración con el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda propuesto por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

miércoles, 16 de enero de 2013

El ayuntamiento de las "maquinitas" polvorientas

La ciudad de las máquinas inútiles, de las infraestructuras culturales millonarias sin uso, vuelve a manifestarse:esta vez, con un hecho que pudiera parecer anecdótico, comparado con el desastre de Art Natura o de los edificios del Astoria y Victoria,pero que ejemplifica la política cultural del PP en el ayuntamiento de Málaga y pone la cereza a un modelo de gestión agotado. El fotomatón adquirido para la campaña de Málaga 2016 suma su destino al de los opinómetros:coger polvo.Os transcribo la iniciativa que sobre este asunto llevaremos el próximo martes a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento.


En junio de 2008 el Ayuntamiento de Málaga presentaba, por medio del antiguo delegado del Área de Cultura, Miguel Briones, una máquina que compró para recoger adhesiones para la fallida candidatura de  la capitalidad cultural europea de Málaga 2016.

Esta máquina, que tiene como nombre "Estrella Málaga 2016", fue adquirida por 11.600 euros. Es una especie de fotomatón donde se podían grabar mensajes audiovisuales de apoyo a la ciudad en su aspiración de convertirse en capital cultural europea en 2016, título que finalmente recaló en San Sebastián como ciudad ganadora.

Además de dejar grabado sus mensajes en la máquina los ciudadanos también podían dejar su firma escrita en hojas dispuestas para ello. Desde la presentación de la máquina en junio de 2008 hasta la creación de la Fundación Málaga 2016 en febrero de 2010, el Área de Cultura contabilizó las adhesiones a la Estrella, que fueron 2.318 entre los folios de firmas recogidos y los videos con mensajes grabados.

Durante la presentación de la máquina se señalo que esta serviría para la  edición de un DVD de apoyo con todas las voces de Málaga y el respaldo de personajes relevantes malagueños, video del que no sabemos nada.

Otro de los objetivos que se señalaron es que la máquina realizaría un recorrido por la provincia y por otras ciudades españolas, así como que estaría en las principales ferias nacionales y en los eventos del Palacio de Congresos de Málaga, sin embargo tan sólo sabemos que del Museo Interactivo de la Música pasó al Archivo y luego a un almacén en el Auditorio, y es que según la respuesta a una pregunta de Izquierda Unida, contestada por el edil de Cultura, Damián Caneda, la máquina, tras el fracaso de la candidatura, se guardó en un almacén, y ahora está arrumbada en el auditorio municipal.

Hay que destacar que el Área de Cultura, consiguió esta máquina a través de una adjudicación directa, con un procedimiento negociado sin publicidad por motivos de exclusividad, a la empresa Idecua Arte Urbano, la misma que entre 2005 y 2009 recibió más de 450.000 euros en contratos adjudicados de forma directa por el Área de sostenibilidad dirigida por la concejala Teresa Porras.

Es evidente el derroche que ha supuesto comprar una máquina que ha funcionado tan sólo durante un año y medio y que se ha gastado más de 5 euros en cada adhesión recogida, sobretodo teniendo en cuenta que gran parte de ellas fueron recogidas en folios de firmas que se podrían haber dejado simplemente sobre una mesa.


Por todo ello, proponemos la adopción del siguiente


A C U E R D O


UNICO.- Instar al equipo de gobierno local a dar alguna utilidad a la maquina conocida como “Estrella Málaga 2016”, o si no es capaz de darle una utilidad que estudie la posibilidad de recuperar parte de la inversión a través de su venta.

sábado, 12 de enero de 2013

¿La Térmica?

La que fuera la antigua Casa de la Misericordia y desde 1.988 el Centro Cívico Provincial ha mutado, dando lugar a La Térmica, proyecto de centro cultural con el que el PP ha cambiado el nombre del continente y el contenido de un edificio histórico de la ciudad y de la provincia, sin dar más explicaciones que una somera tarjeta de invitación a su inauguración.

La falta de transparencia que viene caracterizando al equipo de gobierno se ha multiplicado en relación a este proyecto dirigido por el Director del Área de Cultura Salomón Castiel, antaño director del Teatro Cervantes y el Festival de Cine, dependientes del Ayuntamiento de Málaga. Las preguntas sobre el proyecto de la Térmica han sido reiteradas desde el mes de octubre de 2012 por parte del grupo provincial de Izquierda Unida, recibiendo una y otra vez la callada por respuesta y las evasivas. Hasta el punto, de llegar el día de su inauguración sin que tuviéramos más información que la publicada por la prensa local.

Las dudas sobre este proyecto están fundadas y buena parte de ellas continúan inconclusas: ¿Cuál es el proyecto cultural del centro a medio y largo plazo? ¿Con qué dotación de recursos económicos y humanos va a contar? ¿Desde qué premisas y procedimientos de contratación va a desarrollarse su gestión? ¿Mediante qué mecanismos de colaboración se establece la relación con otros centros culturales como La Fábrica o El Matadero? ¿Qué grado de compatibilidad existe entre dicho proyecto y la actividad del Centro Cívico Provincial? ¿En qué medida dicho proyecto solapa, distorsiona o sustituye el papel del Centro Cultural Provincial de C/Ollerías? ¿Van a estar orientadas sus actividades a los municipios de la provincia? Estas son algunas de las preguntas realizadas y que aún siguen sin respuesta dos meses después de su inauguración a bombo y platillo.

Hemos tenido que esperar a la aprobación del presupuesto provincial para el año 2013 para disponer de algunos datos. La Térmica contará con 10 trabajadores, desplazados de diversas unidades de la diputación provincial y muy especialmente del Centro Básico de Acogida de menores desmantelado por el equipo de gobierno. Asimismo, dispondrá, sin contar el capítulo de personal en el que se incluye el salario de su coordinador, que asciende a 90.000 euros , de 395.000 euros, que se distribuyen entre el capítulo 2 de gasto corriente y el capítulo 6 de inversiones directas. 260.000 euros en concepto de “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”, 22.000 euros para “Estudios y trabajos técnicos” y 13.000 en concepto de reuniones, conferencias, atenciones protocolarias y otros gastos diversos. Igualmente enigmática resulta la partida de 100.000 euros cuya denominación indica “Proyectos Complejos” y cuyo destino, reiteramos, desconocemos. Esta dotación contrasta con el recorte de 500.000 euros que ha sufrido el Área de Cultura en comparación con lo presupuestado en 2012, el recorte a la UNED o la no asunción por parte de la Diputación provincial del personal administrativo adscrito al refuerzo de los servicios sociales comunitarios.

No parece tener mucho sentido político que dicho proyecto destinado a la exhibición, la creación y la formación, con el objetivo de ser “un faro cultural” en palabras del propio presidente de la Diputación provincial, esté desvinculado orgánicamente del Área de Cultura y de la dirección política y gestión técnica de la misma. La Térmica, ya instituida como unidad organizativa de la Diputación provincial depende de la Vicepresidencia IV de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, que ostenta Francisco Oblaré y cuyo cometido, apunta a ser el cajón de sastre de los proyectos de Bendodo y de los cargos de su más absoluta confianza, carece de proyecto cultural conocido tras los rótulos que rodean su continente y los flashes que ha suscitado.

Más allá de la cuestión organizativa que desde Izquierda Unida entendemos como poco razonable, está el planteamiento estratégico. No es concebible un proyecto de centro cultural que no esté inserto en la política cultural de la Diputación provincial, si es que esta existe, ni esté sujeto a los objetivos prioritarios de una Diputación provincial, en tanto que ente supramunicipal, cuyo objetivo principal es dotar de servicios a los pequeños municipios de la provincia. En un contexto de duro recorte a los ayuntamientos, a los que se ha recortado los fondos económicos incondicionados y los cuales se están viendo obligados a recortar y reducir las actividades culturales y festivas de sus municipios, entre otras, no parece tener mucho sentido apostar por un proyecto de este tipo, que se solapa con el papel que viene jugando el Centro Cultural Provincial y que en poco o nada va a contribuir a la mejora de la oferta cultural a la ciudadanía en los municipios menores de la provincia.

Hemos podido conocer a través de la página web de la organización prevista para 2013 del Festival La Térmica, para el que ya existen criterios de valoración (abstractos y difusos) y comité de valoración de los proyectos, compuesto por miembros de la Térmica y de la Fábrica,y cuyo “veredicto será definitivo” tal y como reza la página web. En la misma línea se prevén ayudas a creadores, con posibilidad de residencia durante 6 meses en el centro cívico, por un importe máximo de 3.600 euros. Además de no haber pasado ninguna de estas cuestiones por comisión informativa ni pleno de la corporación, haciendo gala de nuevo de “gobierno abierto” y “transparencia”, se desconoce cómo se van a gestionar estas ayudas, quienes van a poder optar, qué tipo de proyectos se van a acoger, financiar y promocionar, y en definitiva, las clásicas preguntas: ¿Para qué? y ¿Para quienes?

Disponemos de poco elementos para poder valorar si este proyecto responde o no a las necesidades culturales de la provincia, y esto es así, por la falta de transparencia que viene caracterizando su gestión desde sus inicios, pero sí podemos discutir dos premisas: la primera, la viabilidad y priorización de un proyecto de este tipo, cuando ya existe un centro cultural provincial y cuando el equipo de gobierno está recortando a los municipios los recursos para la organización de actividades locales que promuevan la democratización del acceso y la producción cultural. La segunda, la opacidad en el modelo de gestión que ha caracterizado el proyecto tanto en su diseño inicial, como en la contratación para el diseño de la imagen de marca de la consultora madrileña Erretres, o la programación del primer trimestre de 2013.

Por todo ello, hemos propuesto que se adopten en la Diputación los siguientes acuerdos políticos:

Que se eliminen las partidas presupuestarias con las que se financia La Térmica, dedicándolas a la creación de un Fondo de Emergencia Social destinado a los municipios de la provincia

Que el equipo de gobierno de la Diputación provincial actúe con la mayor transparencia, dando respuesta a las preguntas efectuadas por los grupos de la oposición, que permanecen sin respuesta.

Que la Diputación provincial ponga en marcha un Consejo Social de Políticas Culturales como órgano de participación vinculado al Área de Cultura con dos objetivos a desarrollar durante 2013:
> El diagnóstico y planificación estratégica, junto a colectivos, profesionales del sector y otras administraciones, del sector de las industrias culturales en la provincia y de las actuaciones institucionales de impulso provincial
> El diagnóstico, la planificación y coordinación de las acciones públicas de la Diputación provincial encaminadas a la democratización del acceso y producción cultural en los municipios menores de la provincia de Málaga.