jueves, 14 de febrero de 2013

Irregularidades en la piscina de Campanillas obligan a la clausura de la misma

 Pedimos la reprobación del concejal del distrito de Campanillas,Luis Verde y la resolución del contrato del ayuntamiento con la empresa a la que concedió la gestión,por las innumerables irregularidades que ha cometido y que han terminado con la orden de clausura de la piscina, por parte del Departamento de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento. Os trascribo la moción que trasladaremos el próximo martes 19 de febrero a la Comisión de Cultura, Deportes y Turismo.


"Tras el informe emitido por los técnicos del Departamento de Arquitectura y Conservación de Urbanismo, el Ayuntamiento de Málaga ha clausurado la piscina de Campanillas (situada en la calle Fausto).

En este informe se recogen los graves desperfectos que sufre la piscina :grietas en cerramiento indicativas de asientos de la cimentación, elementos sueltos en la cubierta, oxidación general, incluyendo los anclajes de la cubierta, que amenazan con caer sobre la piscina, etc

Esta absoluta dejación de la empresa concesionaria el cumplimiento sus obligaciones contractuales no es nueva. Izquierda Unida ya denunciaba en 2007 las importantes irregularidades en la gestión y explotación de la piscina, que ya por aquel entonces habían sido denunciadas por los vecinos al equipo de gobierno si que este tomara ninguna medida al respecto.

En 2007 Izquierda Unida pidió la resolución de la concesión porque por aquel entonces incumplía el pliego de condiciones y se tenía que pagar con el erario público las facturas de luz y agua de las instalaciones, y ya advertíamos entonces de que las instalaciones se encontraban en mal estado y no existían controles suficientes que asegurasen la salud y la seguridad de los usuarios.

El adjudicatario ha sido sancionado en múltiples ocasiones: En la primera sanción municipal se ordenó la suspensión de las obras que se estaban realizando por carecer de licencia municipal, después se volvió a sancionar al adjudicatario por la ocupación de una parcela colindante a las instalaciones que estaban destinadas a otro proyecto, y la última infracción fue por la construcción completamente irregular de un nuevo edificio de 450 metros destinado a restaurante.

A todo esto se une que en el recinto de la piscina, de propiedad municipal, el adjudicatario construyó sin licencia cuatro apartamentos para que puedan ser utilizados como vivienda.

Por estas ultimas irregularidades el concesionario de la piscina municipal de Campanillas fue sancionado por la Gerencia de Urbanismo en 2009 con 251.764 euros. Tras preguntar en 2011 supimos que dos años después todavía no había abonado esta sanción. Desconocemos si lo ha hecho a día de hoy.

Como puede comprobarse en este breve resumen el concesionario la actual clausura de la piscina de Campanillas no es más que el ultimo capítulo de un incumplimiento continuado desde el inicio de la concesión, y que podría haberse evitado si se hubiese rescatado la gestión municipal del espacio en 2007 cuando la situación era esperpéntica.

Estos cinco años de incumplimientos continuados y desidia municipal finalizan con una piscina clausurada, a pesar de que cuando preguntamos en 2012,tras las numerosas protestas vecinales, por las condiciones de la piscina la respuesta fue “cumple los requisitos conforme a la normativa”

Por todo ello, proponemos la adopción del siguientes

A C U E R D O S

1.- Que se inicien los trámites para la resolución de la concesión administrativa de la piscina municipal de Campanillas, para que la explotación de la misma sea de gestión pública directa por parte de Ayuntamiento.

2.- Exigimos que se asuman responsabilidades políticas y proponemos la reprobación del Concejal Delegado del Distrito de Campanillas.





Antonia Morillas González
En Málaga a 13 de febrero de 2012

sábado, 9 de febrero de 2013

El Metro:ética o estética

El futuro del Metro de Málaga está protagonizando el debate público en la ciudad. No creo, sinceramente, que ocupe el mismo protagonismo en las preocupaciones con las que los malagueños se levantan y acuestan cada día. Cosas que pasan, y no por casualidad. En pleno centro del maremoto de desmantelamiento de los servicios públicos, del paro galopante,del empobrecimiento masivo y de la anulación de derechos fundamentales en un escenario de corruptelas y crisis del régimen, el debate del Metro surge en la ciudad con una relevancia y vehemencia inquietantes. Y no digo que no sea un debate importante, en el que es imperiosa la máxima participación de la ciudadanía en la toma de decisiones al respecto,pero sin duda, que ocupe la centralidad que está ocupando,solo puede ser consecuencia de una estrategia partidaria a la que le es más rentable conflictivizar sobre el Metro, que hacerlo sobre las pensiones, el paro y la precariedad, la carestía de la vida, la dependencia o la sanidad.

Sin embargo, tomar partido es una obligación y una responsabilidad social, en general para la vida, y también en el debate del Metro. Que un grupo político no tome posición solo puede ser consecuencia de tibieza, mediocridad o de un interés "soterrado" bajo cálculos electorales desfavorables.

A la pregunta de ¿cómo te gustaría que fuera el Metro? Se puede responder desde varias premisas. La más común:la estética. El PP está convirtiendo el debate del Metro en un debate estético sustentado en la leyenda popular de que el Metro, para ser un metro de verdad, tiene que ir por abajo, soterrado. Normal, teniendo en cuenta que la referencia que tenemos todos, es el Metro de Madrid, probablemente el primer metro que todos hemos conocido y la imagen que viene a nuestra cabeza, cuando aparece la palabra “metro” en una conversación. Sin embargo, basta con bucear por google, para apreciar que la realidad siempre es más diversa y amplia de lo que nuestros ojos han visto o conocido, y que la utilidad social de un medio de transporte colectivo como el metro,no está condicionada por su tránsito por arriba o por abajo. Estrasburgo, Zaragoza, Amsterdam, Frankfurt, Marsella, Lyon...todas ellas,ciudades europeas con metros que compatibilizan tramos soterrados con tramos en superficie, sin que ello haya provocado efectos dramáticos entre la población.

Sobre la estética, podríamos tener un amplio debate, y como siempre, en lo referente a la estética “hay gustos para todo”. Sobre el impacto en el diseño urbano del centro de la ciudad,también podríamos tener un amplio debate entre un centro ocupado por los 40.000 coches que cada día atraviesan la Alameda principal o un centro recuperado por los peatones para su paseo y disfrute. Recuerden los debates sobre la peatonalización de la Calle Larios. Sin embargo, no voy a valorar estos aspectos, porque creo que el debate central es sobre la ética en el gasto público. La ética y la responsabilidad sobre el gasto realizado, la ética y la responsabilidad sobre el destino futuro de los impuestos de los malagueños,en un escenario de recorte presupuestario.

Más de 500.000.000 de euros lleva gastados la Junta de Andalucía en el Metro de Málaga. 500 millones de euros invertidos,unas obras largas y con enormes imprevistos que conllevaron en la etapa anterior de gobierno del PSOE en solitario en la Junta,el incumplimiento de plazos de ejecución y la paralización de las obras, con los consiguientes perjuicios para vecinos y comerciantes. Una inversión de más de 500 millones de euros bien vale ser rentabilizada socialmente. Es una irresponsabilidad política enorme plantear como posibilidad,tal y como está haciendo el PP y el gobierno local, la paralización de las obras y que estas no lleguen a su término, augurando un escenario económico futurible más favorable. ¿Acaso alguien quiere que el Metro de Málaga acabe siendo el particular aeropuerto de Castellón de los malagueños?

Lo que queda por hacer y lo que nos costaría. Ni más ni menos que 430 millones más costaría la solución soterrada,cuatro veces más que la solución en superficie. Y esta estimación económica se queda corta, ya que si finalmente se para la puesta en funcionamiento en Renfe, no solo afectaría a la utilidad social de metro, ya que el mismo sería menos usado que otros medios de transporte públicos que llegan hasta el centro,sino que implicaría pagar a la empresa concesionaria año a año millones de euros por el déficit de explotación. Hablamos de millones de viajeros previstos,millones de malagueños que no se van a poder beneficiar de la obra que están pagado. En el caso del de Sevilla, y aunque no nos guste compararnos, cada año la Junta paga más de 50 millones de euros a la empresa. ¿Estamos dispuestos los malagueños a que nuestros exiguos recursos vayan a parar a una empresa, sin sacar ningún beneficio alguno por ello?

Más sobrecostes. Una solución en superficie permitiría poner en 2013 en funcionamiento las líneas hasta Renfe, en 2014 hasta el Guadalmedina, en 2015 hasta la Malagueta y en 2016 la línea 3 hasta el Palo. Una solución soterrada del Guadalmedina a la Malagueta tendría un tiempo mínimo de obra de 3 años (el doble que la solución en superficie),ampliables indefinidamente, teniendo en cuenta el previsible hallazgo de restos arqueológicos bajo la Alameda. Recuerden el drama de la paralización de las obras en los callejones del Perchel por esta razón. Cada año de retraso en la obra, significa mayor desembolso de recursos públicos, de unos recursos públicos que no existen ni en las arcas de la Junta ni en las del ayuntamiento, y cuya búsqueda a través de la generación de deuda está limitada, como todos sabemos, por la ley de estabilidad presupuestaria del PP. Por poner un ejemplo de sobrecostes en una obra pública sufragada por los malagueños: Cuando la remodelación de la Plaza de la Marina, se preveía una obra de 20 meses de duración con un coste de 350 millones de pesetas. Finalmente se ejecutó en 36 meses, con un coste de 1.500 millones de pesetas. ¿Estamos dispuestos a gastar lo que no tenemos en un medio de transporte que va a estar infrautilizado por la demora previsible de las obras y por la incapacidad para sufragar los sobrecostes?

Para cerrar la cuadratura del círculo, una solución soterrada requeriría de la ocupación parcial para las obras del aparcamiento de la plaza de la Marina. Menos aparcamientos en el centro y nuevo desembolso de dinero público a la empresa del aparcamiento, en concepto de indemnización por cese del uso del mismo durante el periodo que dure la obra. Insisto, periodo incierto. Y todo ello, justo cuando se está recortando en ayudas sociales, en servicios sanitarios y educativos, en políticas de empleo. No parece ser de justicia,aunque a muchos les resulte más bonita estéticamente, optar por una solución soterrada que significaría la ruina económica para las administraciones que nos gobiernan y prestan los servicios públicos que aún nos quedan, los que aún no han desmantelado, a duras penas.

Ni que decir tiene que la ética en el gasto público no ha sido la dominante en años anteriores. A todos se nos vienen a la cabeza un puñado de inversiones millonarias, a cargo de la hacienda pública, con nulo uso social. En Málaga tenemos unos cuantos casos:la gerencia de urbanismo, las obras y canon del fallido Museo de las Gemas, la compra por 21 millones de los edificios del Astoria y Victoria, que continúan siendo un hervidero de ratas y escombro, y un largo etcétera que los malagueños conocen. Sin embargo, defender la posibilidad de que una infraestructura de transporte que ya ha arañado una inversión millonaria, quede paralizada e infrautilizada y por tanto, generando más gasto inútil socialmente, por una razón estética, por el ánimo de echar candela a la batalla entre instituciones gobernadas por diferentes opciones políticas o en el mejor de los casos, por un modelo de ciudad anacrónico,no parece justificable en los tiempos austericidas que corren. Prioridades, preguntemos a los malagueños cuales han de ser las prioridades en el gasto público.

Sinceramente. Preferimos un metro que ofrezca una nueva alternativa de transporte público y colectivo a cuantos más malagueños, mejor. Preferimos un medio transporte menos contaminante, y estamos dispuestos a ello, aunque signifique ver pasar un tren por la Alameda cada 5 minutos. Preferimos que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento prioricen el mantenimiento de los servicios sociales, de la educación y la sanidad, a que atendiendo a un capricho estético, gasten los recursos públicos en una obra inviable económicamente, que hipotecaría nuestros impuestos durante décadas. Y sí, Prefiero un metro en superficie, aunque ello signifique perderme la gran satisfacción visual de apreciar el tránsito de 40.000 vehículos al día por la Alameda principal, con el agradable olor que desprenden.




Castiel,López Nieto y el reparto de los dineros públicos

Semana convulsa en la Diputación. A la preocupación palpable entre los dirigentes del PP malagueño por los papeles de Bárcenas,se añade una dirección política errónea que está convirtiendo la Diputación de Málaga en un polvorín.

Los fichajes estrella de Bendodo vienen provocando críticas:a saber, cargos de confianza del Presidente que cobran más de 90.000 euros y para los que se crean estructuras ex profeso para su mayor gloria, con una utilidad social más que cuestionable.Cuatro breves apuntes de las últimas semanas en la Diputación provincial que esbozan el perfil del gobierno provincial

Salomón Castiel:de compatibilidades y pluriempleo

Tras un año y medio ingresando de la hacienda pública la friolera de 90.000 euros anuales, Bendodo, en un ataque de austeridad estética le reduce el salario a la nada desdeñable cantidad de 59.900 euros. Sin embargo, en pocos días, conocemos intención del Unicaja para contratarlo como asesor de imagen y marketing.No solo despierta dudas la legalidad de la compatibilidad entre ambas actividades profesionales,sino que suscita certezas en cuanto a la ética de la misma. Finalmente y tras el revuelo generado, el Unicaja desmiente y Castiel se queda compuesto y sin compatibilidad.Por ahora.

López Nieto y la Oficina del Alcalde

Bendodo obsequia a este asesor con un proyecto peregrino, "sinsentido", en el que a López Nieto se le atribuye la responsabilidad de intermediar entre alcaldes y diputados.No parece tener mucho sentido,sobre todo, vacía de contenido el trabajo, por el que cobramos, todos los diputados provinciales. Una Oficina que iba a tener coste cero y que finalmente cuenta con un presupuesto de 1.977.000 euros anuales. Los primeros gastos para dotar esta oficina nos dejan perplejos:un sillón ergonómico que ha costado 1.700 euros.No sabemos si este sillón tendrá cualidades extraterrestres.Quizá permita el teletransporte a los ayuntamientos de la provincia.Todo sea por facilitar el trabajo a los alcaldes y alcaldesas de la provincia.

Sagrado Corazón, incertidumbre y marketing previsible

No tiene ningún reparo el PP en generar la incertidumbre entre los usuarios y sus familias de un centro de discapacitados severos que viene financiando la Diputación provincial desde hace 28 años, si ello es por una buena causa: tirar piedras a la Junta Andalucía y presentarse como la institución salvadora aunque "incompetente". Primero dicen que no continuarán financiando las plazas porque la consideran una competencia impropia, con el consiguiente desasosiego entre las familias afectadas.Después atribuyen a la Junta de Andalucía la responsabilidad de su mantenimiento:si los usuarios quedan desprotegidos será por culpa del "bipartito socialcomunista".Finalmente dicen que harán un sobreesfuerzo y cubrirán de manera temporal las plazas. Ya está la campañita hecha,la Diputación elevada a las alturas y satisfecha de haber generado la sensación de que esta no es su responsabilidad, pero como son tan tan "sensibles" la asumen,a pesar de la Junta. No importa la incertidumbre generada entre las familias durante los días que ha durado la campañita de imagen:lo importante es la batalla partidaria.

Partidismo en el reparto de los dineros públicos

El uso de la subvención directa, que es un tipo de subvención que por la urgencia,exclusividad o especificidad del proyecto, se otorga sin concurrencia pública, y que es útil y justificada en muchos casos, se ha convertido en el procedimiento hegemónico en la Diputación provincial. Ha pasado a ser un procedimiento ordinario. Revisando los decretos de 15 días, vemos que el 94,26% de las subvenciones directas repartidas, han ido a parar a ayuntamientos gobernados por el PP.No parece estar muy justificado, teniendo en cuenta que la Diputación ha de financiar prioritariamente a los municipios menores de 25.000 habitantes y que, entre estos, el PP no es el partido mayoritario.