viernes, 22 de marzo de 2013

Uso cultural y ciudadano para Tabacalera


Frustrante.Solo así se me ocurre calificar el resultado de la comparecencia que el grupo de IU realizó ayer sobre los futuros usos de Tabacalera.

Recordemos: Tabacalera, con un espacio de más de 20.000 metros cuadradados, con 5 edificios, 11 pabellones y 1.000 metros cuadrados de parque, fue entregada formalmente al ayuntamiento de Málaga en el año 2.004. Entonces el alcalde quedó maravillado con un proyecto loco, desconectado de las demandas de los malagueños y ajeno al proyecto cultural de una ciudad, que tiene una cuenta pendiente con su patrimonio, su historia y sus anhelos culturales. El proyecto de Art Natura, o Museo de las Gemas, dilapidó más de 30 millones de euros de las arcas municipales. Un fiasco en toda regla, que tal y como preveíamos, ha quedado en la nada y visto para sentencia.

Más de un año ha pasado desde aquel 17 de enero de 2012 en el que vivimos el esperpento de la apertura del Museo de las Gemas para su posterior e inmediato cierre, en un acto de pulso de la empresa al alcalde de la ciudad, quedando en evidencia los incumplimientos y unas condiciones enormemente beneficiosas para la empresa Royal Collections, que tras el primer idilio con el alcalde, acababa en los tribunales.

Desde aquel 17 de enero, mucho se ha hablado de los usos alternativos para el espacio que iba a ocupar el fallido Museo de las Gemas, que hoy, continua vacío y abandonado, sin que los habitantes del distrito con mayor población de la ciudad y con más carencia de equipamientos, puedan disfrutarlo y rentabilizar socialmente la inversión millonaria realizada.

Dos acuerdos políticos se han alcanzado en relación al uso de Tabacalera.el primero, que su uso debe ser cultural y responder a las necesidades de equipamiento del distrito; el segundo, que entre los proyectos culturales a ubicar, debía encontrarse el Museo del Patrimonio Industrial, que diversos colectivos llevan reivindicando desde hace años, y con los que el equipo de gobierno había contraído  compromiso. Sin embargo, las noticias que con cuentagotas nos van llegando, siempre a través de la prensa, y no en los órganos del ayuntamiento, apuntan que los proyectos que el PP baraja, poco o nada tienen que ver con el prometido uso cultural.

Sede de ESESA, escuela privada de negocios, a la que ya el ayuntamiento cedió hace 6 años una parcela en Torre Atalaya para que ubicara su sede.

Sede de ESAEM, escuela privada de artes escénicas, ubicada actualmente en el Plaza Mayor.

Sede del PROYECTO BOLT, sociedad de capital riesgo que implantará una aceleradora tecnológica, que con la participación de Telefónica, monitorizará 10 proyectos empresariales para encontrar inversores extranjeros y que en palabras de su socio fundador Rafael Aguado, “es un proyecto profundamente elitista” con el que se pretende afianzar la marca “Málaga Valley”.

Poco o nada tienen que ver estos usos anunciados por el alcalde con el prometido contenido cultural y abierto a la ciudadanía. Proyectos privados y privativos, de uso exclusivo para determinados sectores, pago mediante, que hacen que nos preguntemos sobre cuál va a ser el retorno al bienestar de la ciudad de esos 30 millones de euros de la hacienda pública invertidos en Tabacalera.

Del único proyecto que no se habla ni se cita por parte del equipo de gobierno, es del Museo del Patrimonio Industrial, el único comprometido y acordado de manera unánime en sesión plenaria y que responde a una demanda ciudadana. Un Museo que permitiría recuperar y poner en valor la historia industrial y del movimiento obrero en la ciudad, cuyo emplazamiento en Tabacalera, por razones obvias, es incuestionable.

Referentes de los sectores más diversos han coincidido en reclamar que este espacio fuese destinado a “un contenedor de actividades cercanas a los vecinos” (Agustín Benedicto, arquitecto), “un lugar de encuentro para los creadores malagueños” (Pablo garrido, músico), “un centro cultural y artístico que compatibilice usos culturales y sociales” (Mayte Méndez, profesora de la UMA), “un Museo de la Historia de Málaga” (Salvador Jiménez, presidente del colectivo cultural Zegrí), “un centro polivalente y participativo” (Salvador Moreno Peralta, arquitecto).

Tras el fracaso de Art Natura cobra aún más sentido que el futuro uso de Tabacalera no sea una decisión que resida única y exclusivamente en el equipo de gobierno. Su negligencia ha quedado en evidencia y lo menos que podemos exigir es que el conjunto de la ciudadanía podamos opinar y ser tomados en consideración sobre qué hacer con un edificio histórico, emblema de  la arquitectura regionalista y la historia industrial de la ciudad. Garantizar su uso público y cultural es prioritario: solo sea por rentabilizar socialmente una inversión de más de 30 millones de euros, que ha salido de nuestros bolsillos.   

viernes, 15 de marzo de 2013

Esperan que el Convento de San Andrés sea borrado de nuestra historia



Os traslado la iniciativa que defendimos el miércoles en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y que fue rechazada por el Partido Popular. En lo que a conservación y mantenimiento de patrimonio se refiere, el ayuntamiento lo tiene claro:antes que cumplir con su competencia, dejan que este convento del S.XVI, semiderruido en  algunas de sus partes, vaya cayéndose a pedazos,hasta que quede,definitivamente, borrado de nuestra historia.  

El Convento de San Andrés fue  fundado por la Orden de los Carmelitas Descalzos en el  siglo XVI. Fue motor de crecimiento del barrio del Perchel y entre sus muros pasó sus últimas horas el general Torrijos, defensor de la libertad y que sería fusilado en las playas de Málaga. 

Además de como convento de clausura, el Convento de San Andrés ha servido como hospital y como cuartel de tropas propias y enemigas.  Durante la Desamortización de Mendizábal los bienes de los carmelitas y del convento fueron requisados y sus miembros expulsados de Málaga; el convento fue vendido.

El Convento de San Andrés fue declarado por la Junta de Andalucía Bien de Interes Cultural en 2001.

El edificio es actualmente propiedad municipal, por lo que, como el titular del mismo es el Consistorio, a éste corresponde el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo, aunque a sus manos llegara ya en estado ruinoso. De hecho, en 1999 estuvo a punto de ser demolido por el Ayuntamiento, pero la acción vecinal lo impidió.

No obstante, lo cierto es que, y según ha denunciado el grupo municipal de IU en reiteradas ocasiones, la falta de una decidida actuación municipal ha propiciado su deterioro progresivo. Además, en 2005 la imprudencia de una constructora destruyó el 40% del refectorio. El Ayuntamiento como titular del edificio el responsable de su conservación y mantenimiento en condiciones optimas, por tanto es el responsable último del estado lamentable en que se encuentra.

En abril de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobaba por unanimidad una moción de Izquierda Unida en la que se pedía un ´proyecto integral´ de rehabilitación del convento y los estudios para situar en el edificio un museo sobre la historia de Málaga. 

A pesar de esta moción, en el año 2009 el Ayuntamiento de Málaga destinó 200.000 euros del Fondo Estatal de Inversión Local (el conocido como “plan Zapatero”) no para iniciar su rehabilitación integral, sino "para evitar que se cayera", aunque a la vista de su imagen, no parecen haberlo conseguido por la poca ambición de la actuación, tal como nosotros avisamos. De hecho, unos meses después de estas obras (en febrero de 2010) se derrumbó el muro medianero del convento.

Durante los últimos años se ha tenido la esperanza de que por fin iba a darse la definitiva rehabilitación del convento, de la mano de la idea del Colegio de Arquitectos de Málaga de instalar en este espacio  el Museo de Arquitectura y Diseño Contemporáneo (MAD). Aunque parece que esta idea ya ha sido descartada definitivamente por sus promotores, que actualmente estudian su instalación en el convento de la Trinidad de Marbella.

Por todo ello, proponemos la adopción del siguientes
 A C U E R D O S


1º.- Instar al Equipo de Gobierno a que dé cumplimiento a los acuerdos de 2008 para la redacción y ejecución de un Proyecto Integral de rehabilitación del Convento de San Andrés.
        
2º.- La realización de los estudios necesarios para dotar a este edificio de un uso ciudadano.

martes, 12 de marzo de 2013

La Contrarreforma de la administración local: privatizaciones, eliminación de servicios y recorte de la democracia


El anteproyecto de ley de reforma de la administración local lleva meses dando tumbos. Mucho se ha especulado sobre esta y muchas han sido las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, con el sonido de fondo del malestar generado entre fuerzas políticas como Izquierda Unida. Finalmente, el anteproyecto de ley llega sin consenso y conteniendo los extremos más radicales que temíamos, con la pretensión de reducir al mínimo la capacidad de acción y decisión política de los ayuntamientos, imponer la privatización de servicios y continuar desarrollando el artículo 135 de la Constitución y la sacrosanta ley de Estabilidad Presupuestaria.

 La reforma de la administración local forma parte de la ruta trazada para la  economía española por la Troika  con la connivencia del partido del gobierno. Viene a desarrollar los principios de la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría. En contra de lo mucho que se escucha en estos días entre las filas del PP, esta reforma no elimina duplicidades, lo que elimina es la posibilidad de que servicios esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados desde lo público y por ende, accesibles y universales. Su aprobación, significaría dejar a miles de ciudadanos privados del acceso a servicios públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios médicos, centros de información y prevención de violencia de género e incluso sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma: la eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas desde la administración más próxima y accesible, que representan los ayuntamientos.

El establecimiento de un coste estándar por cada servicio, coste mínimo, que condicionará la capacidad de prestación de servicios por parte de los ayuntamientos, muy especialmente entre los menores de 20.000 habitantes, implicará en unos casos la supresión de servicios  y en otros, su prestación por parte de las Diputaciones provinciales, que en cualquier caso, no podrán prestarlo desde lo público, pues no tienen estructuras administrativas adaptadas a las nuevas competencias municipales que van a asumir. Por tanto, privatizaciones y alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Casualmente el grueso de los gobiernos provinciales está en manos del Partido Popular: sobra decir el entusiasmo con el que están acogiendo esta reforma, que otorga a las diputaciones un poder desmedido, incluso en lo referente al establecimiento de tasas y precios públicos, por ejemplo, el del agua.

Desaparecen las competencias complementarias en materia de salud, educación, igualdad o participación, entre otras. En materia de servicios sociales, mantenimiento de centros sanitarios y mantenimiento y gestión de guarderías, las competencias quedan reservadas en exclusiva para las comunidades autónomas, que podrán delega  a los municipios mayores de 20.000 habitantes, no a los menores, siempre y cuando realicen la oportuna transferencia económica. Ahora bien, la transferencia económica se computará en base al coste estándar o coste mínimo, lo que en la práctica significa en la mayoría de casos, imposibilitar la prestación del servicio, y en cualquier caso, la prestación del servicio desde lo público. Competencias complementarias en materia de igualdad de género, que venían a desarrollar el articulado de la Ley de igualdad, que atribuye funciones concretas a las entidades locales, son eliminadas de un plumazo, pasando, de nuevo, la igualdad de género a la cola de la agenda política y provocando un problema existencial a los centros y servicios municipales en materia de igualdad y prevención,  que en su gran mayoría han venido a paliar el déficit de atención de otras administraciones, y que con esta reforma se verán abocados a su cierre.

Asimismo, la asunción de competencias municipales por parte de las Diputaciones provinciales, abocará a muchos servicios a su privatización e implicará el alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Sobra decir que las diputaciones provinciales no son precisamente la institución más transparente ni más accesible para la ciudadanía, ni siquiera sus diputados y diputadas son elegidos de manera directa por los ciudadanos. Hace apenas un año, el debate pivotaba en torno a la supresión de las diputaciones y la articulación de estructuras supramunicipales de proximidad comarcalizadas. Pues bien, con esta reforma, la Diputación va a tener más poder que cualquier ayuntamiento menor de 20.000 habitantes y en el caso de los menores de 5.000, que representan el 80% de los municipios andaluces, tendrá también la capacidad, por mayoría simple de sus miembros , de intervenir los ayuntamientos, con la retirada real de los cargos electos de los mismos. Es decir, lo que ponen los ciudadanos, lo podrán quitar las Diputaciones provinciales. Los ayuntamientos pasarán a ser oficinas administrativas de entes superiores. Un ejercicio absoluto de atropello democrático que sitúa en una clara situación de desigualdad e indefensión a los y las ciudadanos que habitan los municipios menores de 5.000 habitantes.

Ni que decir tiene, el impacto en términos de empleo que va a suponer. En los municipios mayores, la imposición del objetivo de déficit y la merma de competencias, implicará sin duda reestructuraciones, cuando no supresiones, de empresas y entes públicos de gestión, que repercutirán en la prestación de servicios, e irremediablemente en despidos de empleados públicos. El  personal laboral de los ayuntamientos pende ahora, más que nunca, de un hilo. La prestación de servicios que hasta ahora eran prestados por los ayuntamientos, por parte de las diputaciones, implicará también un ataque a la empleabilidad de los ciudadanos de los municipios más pequeños, cuestión que se suma a la eliminación de la capacidad de los municipios de emprender iniciativas económicas de desarrollo propias.

En síntesis, recentralización y por tanto alejamiento de la ciudadanía de los espacios de toma de decisiones sobre lo público, carrera desaforada hacia la eliminación y privatización de servicios esenciales para la ciudadanía (guarderías, bibliotecas, limpieza, agua…),destrucción de empleo público y control e intervención política de los ayuntamientos elegidos democráticamente por los ciudadanos. Esta reforma, bien vale una movilización, mil movilizaciones. Hay que pararla.



lunes, 11 de marzo de 2013

#NoAlCierreGuarderíaDipu



Os traslado la iniciativa que IU defenderá en el pleno de la Diputación provincial del próximo martes 12 de abril,día que los trabajadores de la Guardería provincial se manifestarán en contra de su CIERRE.

El equipo de gobierno del PP emprendió una carrera vertiginosa de desmantelamiento de los servicios sociales de la misma. Primero fue la Escuela de Enfermería, con posterioridad el Centro Básico de Acogida y el cierre de la Residencia de mayores de Colmenar, con amplia contestación social en el municipio. Ahora la amenaza acecha el futuro del Centro Infantil y de las residencias de mayores de Antequera y Archidona.

Hace meses que el equipo de gobierno, a través del que fuera Director del Área de personal, manifestó a la representación sindical de los y las trabajadoras la decisión de cierre del centro infantil provincial. Cuando en aquel momento desde el grupo provincial de IU se solicitó información al equipo de gobierno, obtuvo evasivas por respuesta y un campaña orquestada que respondía al firme propósito de desprestigiar al empleado público y señalar como privilegios, derechos adquiridos vía convenio colectivo.

No hemos vuelto a obtener información hasta el pasado 22 de febrero, día en el que se anunció a la representación sindical la voluntad de cierre, anuncio que vino acompañado de un reguero de declaraciones del presidente de la Diputación, en las que, sin sonrojo, decía que  “es más eficiente pagarle a cada trabajador un centro privado que mantener el centro público abierto”. En ese momento, se abrió un plazo de 10 días para que la representación sindical propusiera alternativas para su viabilidad. Propuestas que no han sido tomadas en consideración, pues tanto el 5 como el 8 de marzo, el equipo de gobierno ratificó su decisión de no admitir nuevas solicitudes y por tanto,  el cierre inminente del centro infantil provincial. Desoye así el PP las propuestas de sindicatos, trabajadores, AMPA del centro, así como de los grupos políticos de la oposición.

El Centro Infantil, desde su apertura en 1.981, hace ya 32 años, dispone de unas instalaciones inmejorables y de una trayectoria colectiva de profesionalidad y calidad en el servicio, ampliamente conocida y reconocida. En la actualidad, se encuentra infrautilizada, ya que solo hay 48 alumnos matriculados, cuando la capacidad de la misma supera el centenar de plazas. 33 son los trabajadores que prestan sus servicios en el centro provincial.

El acceso al Centro Infantil es una prestación social recogida en el convenio colectivo de la Diputación provincial, que en la actualidad se haya en proceso de negociación. No compartimos desde Izquierda Unida que se recorten derechos recogidos en Convenio colectivo, y menos aún, que esto se haga de manera unilateral, cuando el convenio está en vía de negociación. Con el cierre del Centro Infantil el PP apuntala un método ya conocido y sufrido por los y las trabajadoras de la Diputación provincial: el método de los hechos consumados y la toma de decisiones unilaterales sin negociación ni consenso con los trabajadores.

De este modo, el PP en la Diputación provincial pone de manifiesto su falta de compromiso con el objetivo de la conciliación de la vida laboral y personal, cerrando un instrumento fundamental para su desarrollo efectivo entre los y las trabajadoras de la Diputación provincial. La entrada en vigor de la Reforma Laboral ya supuso la puesta en suspenso de la Ley de igualdad, que señala como obligación de los poderes públicos la puesta en funcionamiento de mecanismos y servicios que garanticen el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal, con objeto de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, y en lo concreto, vuelven a poner de manifiesto esta ausencia de voluntad política para garantizar la igualdad, anunciando el cierre del centro infantil, cuestión que repercutirá negativamente en la capacidad de conciliación, muy especialmente de las trabajadoras de la Diputación que, como al resto de las mujeres, se les continúa exigiendo responsabilidades en materia de cuidados. Especialmente simbólico es el hecho de que, precisamente el 8 de marzo, mientras la Diputada provincial de Igualdad daba premios con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Diputada provincial de Educación, se reunía con las y los trabajadores del Centro infantil para anunciarles su cierre definitivo.

Las alternativas de viabilidad son conocidas, porque estas han sido formuladas desde hace tiempo por parte de la representación sindical. La apertura del centro infantil a la ciudad de Málaga, de modo que pudieran ocuparse todas las plazas disponibles es una de ellas. De este modo, el centro infantil estaría a su pleno rendimiento, al tiempo que daría cobertura a una necesidad social acuciante. La carencia de plazas en centros infantiles es notoria, de hecho, la promesa del PP de dar cobertura mediante guarderías municipales a los 11 distritos de la ciudad ha caído en saco roto. Otra opción posible a estudiar sería mantener el carácter laboral del centro infantil, autorizando la admisión de los hijos e hijas de trabajadores de entes provinciales como la UNED o el Consorcio de Bomberos  y acordando convenios con otros centros del entorno como el Hospital Civil o el Materno. Es decir, la viabilidad económica pasa por aumentar las admisiones y poner a pleno rendimiento la capacidad del servicio.

Por todo ello el Grupo provincial de Izquierda Unida propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS

1.- El pleno de la Corporación provincial se opone al cierre del Centro Infantil de la Diputación provincial y exige al equipo de gobierno que rectifique, dando marcha atrás a la decisión adoptada de manera unilateral sin el consenso ni de los trabajadores, ni del AMPA ni de los grupos políticos de la Corporación.

2.-Manifestar el compromiso y la voluntad del pleno de la Corporación provincial de mantener el servicio  del centro infantil, abriendo el plazo de solicitudes de admisión para el curso 2013/2014.

3.- Constituir una mesa de diálogo en la que estén representados los sindicatos, el AMPA del Centro Infantil y los grupos políticos de la corporación, con el objeto de estudiar y valorar las distintas soluciones de viabilidad propuestas.

4.-Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a que inicie un proceso de contactos con el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía así como con las direcciones de los centros laborales del entorno, con el objeto de valorar con estas las propuestas de viabilidad que ya han sido trasladadas al equipo de gobierno.

5.- Instar al equipo de gobierno a que en tanto se prolongue la negociación del Convenio colectivo no se adopten decisiones que mermen los derechos y prestaciones sociales recogidas en el mismo, de manera unilateral.

6.- Instar al equipo de gobierno a comprometerse con el mantenimiento de todos los puestos de trabajo del Centro infantil provincial. 

jueves, 7 de marzo de 2013

Reforma laboral y desmantelamiento de servicios: ofensiva patriarcal

Mucho se escribe estos días sobre el famoso techo de cristal, recurso metafórico que emula la brecha de género que impera en el acceso a espacios de poder públicos y privados. Muy especialmente en estos últimos, en los que no existe ninguna obligación legal que corrija el patriarcalismo dominante. Sin embargo, prefiero centrarme en aquello que escapa a las declaraciones institucionales y discursos complacientes que se escuchan en estos días, en las vísperas del Día internacional de la Mujer Trabajadora. El suelo pegajoso, el que pisan la mayoría de las mujeres normales y corrientes, a las que los programas de igualdad  no han resuelto las problemáticas que afrontan cada día.

El suelo pegajoso cada vez es más intransitable, y esto es por dos razones. Más bien dos líneas políticas enmarcadas en el desarrollo del neoliberalismo patriarcal en esta nueva fase, caracterizada por la crisis o la estafa, como guste. La política del desmantelamiento de los derechos laborales y la instauración de la desregulación y la precariedad como principales características del mercado de trabajo. La política del desmantelamiento y privatización de los servicios públicos esenciales para la vida.

La Reforma laboral aprobada por el PP en 2012 no solo no incorpora ninguna medida con la que pretenda romper la brecha salarial aún existente de hasta el 20% ni mecanismos que equiparen derechos tanto en el acceso como en la permanencia en el puesto de trabajo, ni tampoco frente a la feminización de los empleos peor pagados y menos cualificados. El mayor ataque que supone la reforma laboral a las mujeres, es precisamente el poder absoluto que la reforma establece para los empresarios, que ya pueden modificar de manera unilateral las condiciones laborales, los salarios, los turnos, la jornada, el puesto o lugar de trabajo. Esto ya era habitual, la diferencia es que ahora es ley. No es necesario ahondar en lo que esto implica en materia de conciliación de la vida, efectos, que sin duda no paliarán los mil cursos y campañitas institucionales de promoción de la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados.

La modificación del permiso de lactancia que solo podrán coger uno de los dos progenitores, en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la eliminación de la bonificación por la reincorporación de aquellas mujeres que hubieran suspendido el contrato por maternidad, durante los dos años siguientes al permiso de maternidad, son algunos de los derechos reconocidos que se han quitado de un plumazo en la reforma laboral. La promoción del contrato a tiempo parcial y del nuevo tipo de contrato en “periodo de prueba” que instituye el despido libre y gratuito durante el primer año, afecta a los derechos del conjunto de la clase, pero muy especialmente a sus sectores más precarios, entre los que nos encontramos las mujeres. Estas medidas regresivas se legislaban con la promesa de que servirían para generar empleo, sin embargo se sigue destruyendo empleo y el empleo que se crea, es un empleo precario y sin derechos, en el que conciliar el trabajo con el resto de la vida es una quimera.

A este escenario laboral, añadimos el desmantelamiento de servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios de igualdad. La universalización y la prestación desde lo público de estos servicios respondía a la socialización de las tareas de cuidados, históricamente asumidas por las mujeres. Qué duda cabe que el desmantelamiento, la privatización y la consiguiente expulsión de las mayorías sociales del sistema, acabará recayendo sobre las espaldas de las mujeres.

Este es el suelo pegajoso, el que hay que enunciar cada día, cada 8 de marzo, porque celebrar el 8 de marzo, solo tiene sentido si nos sirve para señalar la realidad, señalar los retos y apuntar espacios organizativos de resistencia y desobediencia feminista. Aquellos que hacen declaraciones grandilocuentes en el 8 de Marzo y avalan y aplauden la reforma laboral y el desmantelamiento de servicios, se encuentran con una contradicción insalvable,que solo pueden salvar con grandes dosis de cinismo. Lo harán.