lunes, 15 de abril de 2013

No al desalojo de la Corrala Buenaventura

Proponemos al Ayuntamiento de Málaga que se ponga a disposición de las 12 familias realojadas en la Corrala de la Buenaventura y medie con la entidad bancaria Bankinter para que no ejecute el desalojo y se pueda llegar a un acuerdo que haga valer el derecho fundamental a la vivienda. Os transcribo la iniciativa que durante esta mañana defenderemos desde IU en la Comisión de Derechos Sociales del ayuntamiento de Málaga. 

El pasado 16 de febrero doce familias que habían sido desahuciadas de sus viviendas, se realojaron en un edificio vacío en la Calle Ventura Rodríguez del Barrio de la Trinidad.
El edificio donde estas familias se han realojado se trata de un inmueble de nueva construcción, de cuatro plantas, que se encontraba vacío y abandonado desde que finalizó su construcción has más de dos años. Tal era la situación que, según declaran los vecinos de la zona, el edificio ya había empezado a ser desvalijado para chatarra.
La historia de este edificio es una historia mil veces repetidas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria: la constructora quebró antes de vender los pisos, que fueron embargados por una entidad bancaria (en este caso bankinter) pasando así formar parte de esta absurda historia en la que, mientras cientos de miles de familias son desahuciadas, provocando una situación de emergencia habitacional, los bancos mantienen un ingente stock de viviendas vacías sin sacarlas al mercado.
Las personas que se han realojado en el edificio son doce familias, formadas por unas 40 personas, que habían sido desahuciadas durante los últimos meses en Málaga y Torremolinos. En las familias realojadas hay una docena de menores.
Las familias realojadas no se han limitado a usar el edificio para vivir, sino que además han decidido usar un local del edificio para ayudar y asesorar a otras familias con problemas del barrio de la Trinidad, montando la denominada “oficina precaria” donde se atiende a otras familias con amenaza de desahucio para prestarla apoyo a asesoramiento
A pesar que desde el primer momento Bankiter anunció que no pediría el desalojo de las familias de la corrala, el pasado 25 de febrero llegó una notificación emitida por el juzgado de primera instancia nº 19 de Málaga que otorgaba la posesión del inmueble a Bankinter y fijaba el lanzamiento para el 9 de abril a las 9:30.
Los asesores legales de la corrala recurrieron sin éxito el lanzamiento y han recurrido ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Los residentes del inmueble, junto con 33 colectivos, malagueños, han pedido a Bankinter que negocie con una solución con las familias, en vez de desalojarlas para mantener el edificio vacío.
Auque el desalojo previsto para el día nueve ha quedado por ahora en suspenso, debido a problemas de forma, la amenaza de desalojo sigue sobre la cabeza de estas familias.
En medio de la emergencia habitacional que vive el país, las administraciones públicas deben tener como prioridad el poder garantizar el derecho constitucional a la vivienda, velando por que el inmenso stock de viviendas vacías existente en nuestro país sirva para poder garantizar un derecho humano fundamental , así lo ha entendido la Oficina de Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha decidido mediar con Bankinter para que se intente llegar a un acuerdo con estas familias.
Del mismo modo que la Junta de Andalucía ya está mediando con la entidad financiera, nos parece imprescindible que el Ayuntamiento de Málaga se implique en el caso para poder ayudar a encontrar una solución consensuada entre todos los agentes implicados que evite el peligro de tener doce nuevas familias malagueñas en la calle.
Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS



1.- El Ayuntamiento de Málaga muestra apoyo a las doce familias que han sido realojadas en la denominada Corrala Buena Ventura del barrio de la Trinidad en estos difíciles momentos.


2.- El Ayuntamiento de Málaga mediará ante Bankiter, actual propietario del edificio, para intentar llegar una solución de compromiso que tenga como resultado la cesión en uso por un tiempo determinado de las viviendas vaciás a estas familias, para que lo gestionen, mantenga y eviten su deterioro


sábado, 13 de abril de 2013

¿Dónde están las guarderías que el PP prometió en 2007?

18 años de gobierno municipal del PP dan para mucho. Para muchas promesas y también para muchos incumplimientos. Este es uno de ellos: el famoso PLAN MUNICIPAL DE GUARDERÍAS. 
Desde 2007 lleva Paco de la Torre prometiendo una red de guarderías que cubriría todos los distritos de la capital, así como el Parque Tecnológico y el Polígono Industrial del Guadalhorce. 12 guarderías municipales que atenderían la demanda existente en la capital. Sin embargo, las palabras se las lleva el viento y el contrato programático con la ciudadanía malagueña, parece ser que también. Tras 5 años de promesas, de las 12 solo una está en funcionamiento, la de c/ Los Negros. 
Pero lo más dramático no es esto, lo más incomprensible es que hayan construido cuatro, invirtiendo un montante interesante de dinero público, y que de esas cuatro, solo una está abierta, permaneciendo las restantes cerradas a cal y canto.   
 El Ayuntamiento construyó las guarderías del PTA y del Polígono del Guadalhorce, haciendo uso del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local de 2010, cediendo su construcción y su gestión a empresas privadas. Este modelo de gestión privada ya fue censurado por Izquierda Unida, y hoy se manifiesta como un despropósito más del gobierno municipal en manos de la derecha. Los continuos problemas para la adjudicación de concursos, incluso eximiéndolas del pago de un canon para la explotación de las instalaciones, llegando al punto de tener que incluir a empresas de la construcción en los acuerdos para poder gestionarlas a cambio de su construcción, ponen de manifiesto que este modelo de gestión privada ha sido un fraude y un fracaso absoluto, pues el resultado ya lo conocemos: 4 guarderías construidas, de las cuales solo una está en funcionamiento.
Al tiempo que Paco de la Torre dilapida el dinero público en infraestructuras que luego duermen el sueño de los justos, al tiempo que incumple su compromiso electoral reiterado desde 2007, de poner en funcionamiento 12 guarderías municipales, su homólogo en Diputación, Bendodo, echa el cerrojo a la Guardería provincial, que durante más de 30 años ha permanecido abierta en la ciudad. Una guardería que cuenta con disponibilidad cercana a las 300 plazas y que bien podría ser una alternativa para las familias malagueñas. Sin embargo, el PP opta por cerrar la guardería y trasladar a sus profesionales a otras unidades organizativas de la Diputación que nada tienen que ver ni con su formación, ni con el servicio que venían prestando a la ciudadanía. 
Lo que proponemos desde IU es de sentido común: que las guarderías que están cerradas a cal y canto se abran a la ciudadanía y que la Guardería provincial de la Diputación sea conveniada, de modo que sus plazas puedan ser ofertadas a las familias malagueñas. Lo propondremos el próximo martes en la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento. Hagan sus apuestas sobre cuál será su respuesta. 
 




jueves, 11 de abril de 2013

Defendemos el Decreto de la Función Social de la Vivienda


Os trasladamos la moción que hoy defenderemos en la Diputación provincial de Málaga y que vamos a presentar en los ayuntamientos de la provincia, en defensa del Decreto de la Función Social de la Vivienda, exigiendo el compromiso de ayuntamientos y diputaciones a contribuir en su desarrollo, que no es otra cosa que contribuir a la defensa del derecho a la vivienda frente al derecho a la estafa, consagrado en la legislación hipotecaria. 

"La Diputación provincial ha adoptado en el último año diversos acuerdos en relación a la situación de emergencia social y habitacional que atraviesa el país, y en particular, los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de málaga. La Diputación provincial mediante acuerdo unánime se posicionó de manera favorable a la Iniciativa Legislativa Popular que se debate en estos días en el Congreso de los Diputados. Asimismo, acordó la puesta en funcionamiento de un servicio provincial de intermediación y atención a las familias con riesgo de desahucio, para cuyo desarrollo firmó un convenio con el Colegio de Abogados y manifestó su voluntad de coordinarse con iniciativas similares de otras administraciones.
Sin embargo, el llamamiento unánime de esta Diputación y de otros tantos ayuntamientos de la provincia a que el Congreso de los diputados, con mayoría parlamentaria del PP, aprobase la propuesta de mínimos contemplada en la ILP, y que cuenta con el aval de 1,5 millones de firmas ciudadanas, de poco ha servido. Pues el PP ha decidido dejar sin efecto las propuestas realizadas, y ello, a pesar de que en este periodo han tenido lugar diversos acontecimientos, a saber: un proceso de movilización ciudadana creciente y apoyo masivo a la ILP propuesta por las plataformas de afectados por las hipotecas; una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegales los desahucios, abusiva y contraria a los derechos humanos la actual legislación hipotecaria.
Mientras el Congreso de los diputados obvia la situación de emergencia habitacional, aprobando medidas descafeinadas, que tal y como la propia portavoz de la PAH, Ada Colau, ha señalado, generarán un caos social, económico y jurídico, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado martes 9 de abril el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la consejería de Fomento y Vivienda.
Este decreto consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía, suponiendo un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda como mercancía, a la vivienda como derecho, dando una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional en un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas y Apuntando directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas.

Con él Andalucía se sitúa a la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda. Frente a otros gobiernos autonómicos o el gobierno central, estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social, de las que destacan:

  • La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada.

  • No es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler.

  • Expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión….) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional. Ante la incapacidad del Gobierno central de asumir su responsabilidad y terminar con los desahucios ilegítimos, IU en el gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los desahucios.

  • Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías.

  • Incentivos al alquiler para personas físicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos; medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda.

El Decreto-Ley tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los DDHH, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, etc ya que hemos de recordar que el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, que establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda; el Artículo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho que ahora mismo es papel mojado. el Artículo 33 de la Constitución, también, que establece la “función social” del derecho de propiedad; el Artículo 40 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán “una distribución de la renta más equitativa”; el Artículo 128 de la Constitución, que señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”; el Artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que ha evidenciado que en España se ha violado el derecho a la vivienda y el derecho a la tutela judicial efectiva durante 20 años.

El Decreto-Ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con muchas más garantías el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.

Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes


ACUERDOS





1.- La Oficina de intermediación hipotecaria de la Diputación provincial coordinará sus actuaciones con la Empresa Provincial de la Vivienda y la Junta de Andalucía, en aras de garantizar en el ámbito de la provincia y muy especialmente, en los municipios menores de 20.000 habitantes, la función social de la vivienda.


2.- La Oficina de intermediación hipotecaria presentará en el pleno de mayo un balance del trabajo realizado hasta el momento, que contemple el número de ciudadanos atendidos, las actuaciones emprendidas y el resultado obtenido en cada proceso de intermediación acometido.


3.- La Diputación provincial reitera su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Málaga y censura la campaña de difamación y criminalización que está sufriendo.


4.-Manifestar el apoyo de la Diputación provincial a la medidas contempladas en el Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda.


5.- Manifestar la total disposición de la Diputación de Málaga para colaborar en lo que sea necesario, dentro de sus competencias, para facilitar la aplicación del decreto en la provincia, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes.




6.- La Diputación de Málaga muestra su contrariedad por la decisión del Gobierno de España de no respetar el texto de la ILP hipotecaria, tal y como le pidió el Pleno de la Corporación provincial.










Antonia Morillas González

Málaga, 9 de abril de 2013




viernes, 5 de abril de 2013

La reforma local da el tiro de gracia a los servicios sociales



Os traslado la iniciativa que el grupo de IU ha presentado para su debate en el pleno del próximo 11 de abril. Que sea útil.


Los servicios sociales están en peligro de extinción. Ya no cabe ninguna duda. La deriva de recortes y “reformas estructurales” está dando al traste con el tercer pilar del que un día fue un precario Estado de “Medioestar”.

El recorte en ejercicios sucesivos desde 2010 de la financiación al Plan Concertado de Servicios Sociales y el anuncio reciente de la eliminación de su financiación por parte del gobierno del Partido Popular, viene a añadirse al desmantelamiento de la Ley de Dependencia, en forma de recortes, bloqueo de entrada de nuevos usuarios y eliminación de recursos y prestaciones, buena parte de ellos, prestados desde el tercer sector. Todo apunta a que el derecho subjetivo a ser cuidado quedará convertido, tal y como señala el presidente de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España en un “producto financiero en manos de seguros privados”.

El anteproyecto de Reforma de la Administración Local que el PP ha presentado supone una nueva agresión, no solo al municipalismo, sino también, y muy especialmente, al sistema de servicios sociales creado en los años 80 y cuyo grado de consolidación dista mucho de acercarse al de los sistemas sanitario y educativo, también en riesgo de desmantelamiento y eliminación de su carácter público y universal.

El Colegio Andaluz de Trabajo Social viene alertando sobre la situación de emergencia social que vive nuestra comunidad y sobre el impacto que dicha reforma implicaría en las capacidades de las distintas administraciones de dar cobertura a mayores, enfermos mentales, de alzheimer, drogodependientes, discapacitados, temporeros, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia, víctimas de desahucios, y en definitiva, sectores sociales en situación o riesgo de exclusión social, que de entrar en vigor esta reforma, asistirían a un viraje definitivo de un modelo de “derecho” a un modelo de “beneficiencia”. Los Colegios de Trabajo Social de las ocho provincias andaluzas, ciudadanos,


ciudadanas  y movimientos sociales aglutinados en torno a la Marea Naranja vienen impulsando una campaña en defensa del sistema público de servicios sociales, en riesgo de extinción.

El anteproyecto de Reforma de la Administración Local elimina de entre las competencias de los ayuntamientos la “prestación de Servicios Sociales, promoción y reinserción social”, recogida como tal en el artículo 25 de la actual Ley de Bases de Régimen Local y sustituyendo el citado artículo por “la evaluación e información de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Asimismo, las restantes competencias en materia de servicios sociales quedan en manos de las Comunidades Autónomas y Diputaciones provinciales, pudiendo delegar aquellas en los municipios mayores de 20.000 habitantes, siempre y cuando exista la correspondiente transferencia económica sobre los parámetros del “coste estándar” del servicio, o “coste mínimo” establecido por el Ministerio de Hacienda.

Tal y como pronostican diversas organizaciones, las comunidades autónomas se verán impedidas para asumir tal volumen de servicios, derivados de la retirada de los servicios sociales en un sentido amplio, de los municipios menores de 20.000 habitantes y la merma sustancial del ámbito de actuación en el caso de los mayores de 20.000.

De este modo, el PP incorpora como principio rector de los servicios sociales un principio economicista, equiparando proximidad con despilfarro y alejando de la ciudadanía la prestación de servicios básicos y fundamentales para paliar la situación de emergencia social que atraviesa el país.

El Partido Popular en la Diputación Provincial viene gobernando desde estas premisas, siendo un alumno aventajado en la política general de su partido de desmantelamiento y venta del sector público en general, y en concreto de los servicios sociales. El cierre de la Guardería y de la Residencia de Colmenar o la amenaza de privatización de las Residencias de Archidona y de Antequera, alegando sobrecostes y falta de competencia, son solo algunos ejemplos de la política “austericida” y antisocial del Partido Popular en la Diputación provincial.

El grupo provincial de Izquierda Unida considera que en la actual situación de emergencia social, las administraciones públicas han de marcar como prioridad la cobertura de las necesidades sociales básicas, cuestión que pasa por defender el sistema público de servicios sociales y la prestación de los mismos, desde los entes más próximos y cercanos al ciudadano.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a realizar un informe jurídico sobre el impacto que el Anteproyecto de Reforma de la Administración Local, de aprobarse, tendrá en la prestación de los servicios sociales comunes y especializados que viene prestando la Diputación provincial.
  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a convocar con carácter urgente una conferencia de alcaldes, alcaldesas y concejales de servicios sociales de los municipios de la provincia, con el objeto de valorar el impacto del anteproyecto de Reforma de la Administración Local en los servicios sociales y diseñar estrategias comunes en defensa del municipalismo y del sistema público de servicios sociales 
  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a convocar un pleno con carácter extraordinario y monográfico sobre la situación de los servicios sociales comunes y especializados en la Diputación provincial y sus previsiones de desarrollo.

  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a que se sume a la campaña impulsada por el Colegio de Trabajo Social de la provincia en defensa del sistema público de servicios sociales.

  1. Instar al pleno de la corporación a manifestar ante la FEMP y la FAMP su rechazo al Anteproyecto de Reforma de la Administración Local así como su adhesión a aquellas enmiendas y alegaciones que se formulen por parte de ambas entidades en defensa del municipalismo.