viernes, 31 de mayo de 2013

#lasLuchadoras #BuenaVentura #LaEsperanza

Os transcribo la moción que defenderemos en el próximo pleno del lunes 3 de junio apoyando los realojos ciudadanos de "la Esperanza", "La Buenaventura" y "las Luchadoras".

Frente a una ley injusta que permite a las entidades financieras echar a las familias de sus casas al mismo tiempo que les sigue reclamando buena parte de la deuda de por vida. Ante la creciente oleada de desahucios; ante la dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias; ante unas administraciones públicas sin voluntad política para dar respuesta a una  situación de auténtica emergencia habitacional; ante un Estado fallido incapaz de garantizar los derechos más elementales  y de atajar la sangría de desahucios que se producen cada día; ante unos poderes públicos que anteponen los beneficios de la banca a la solvencia y supervivencia de las personas; ante el rechazo en el Congreso de la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y  alquiler social promovida entre otras organizaciones por la PAH y CCOO; ante a los nuevos dispositivos que pretenden desactivar las concentraciones ciudadanas contra los desahucios, distintos colectivos, movimientos y ciudadanos han iniciado en todo el estado una campaña que persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. De manera que en aquellos casos en que las concentraciones ciudadanas no consiguen paralizar los desalojos se  apoya y da cobertura a las familias para que no se queden en la calle.

El movimiento de realojos nace para hacer efectivo el Derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la C.E., en el artículo 25 de la Declaración Universal de los DDHH así como en el artículo 11 del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) y sistemáticamente vulnerado por el Estado Español, pero consigue a la vez tres objetivos: recuperar la función social de una vivienda vacía  para garantizar que la familia no quede en la calle; agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago y forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.

En la provincia de Málaga ya hay más de 600 personas se han realojado en inmuebles vacíos tras ser desahuciadas. En la mayoría de los casos se trata de bloques de nueva construcción, muchos sin terminar, sin tener la cédula de habitabilidad, que pertenecen a constructoras y promotoras o a entidades financieras y que, tras la obra, con la paralización de los créditos, no se han podido vender. Edificios abandonados que se iban ido degradando y que en la mayoría de las ocasiones iban siendo poco a poco siendo desvalijados por personas que iban desmantelando sus piezas para venderlas, o empezaban a ser usados por toxicómanos provocando problemas de convivencia en los barrios donde se situaban.

En nuestra ciudad ya se han realizado tres experiencias de realojo: el 16 de febrero nació la Corrala BuenaVentura en el barrio de la Trinidad; 17 de abril la Corrala las Luchadoras en la Goleta y el 19 de abril la Comunidad de la Esperanza en Capuchinos.
La Corrala Buena Ventura se sitúa en un edificio de nueva construcción, de cuatro plantas, que se encontraba vacío y abandonado desde que finalizó su construcción has más de dos años. Tal era la situación que, según declaran los vecinos de la zona, el edificio ya había empezado a ser desvalijado para chatarra. En él se han realojado doce familias, formadas por unas 40 personas, que habían sido desahuciadas durante los últimos meses en Málaga y Torremolinos. En las familias realojadas hay una docena de menores.

La Corrala las Luchadoras se sitúa en un inmueble  formado por nueve viviendas de un dormitorio  y desde su construcción, en el año 2005, ha permanecido inhabitado. La historia de este edificio es una historia mil veces repetidas desde estallido de la burbuja inmobiliaria: La inmobiliaria que construyó las viviendas -CLM Inmobiliaria S.A. - entró en concurso de acreedores y ahora está en proceso la subasta del edificio entre las entidades bancarias acreedoras. Las vecinas de la Corrala las Luchadoras son 8 mujeres con sus 9 hijos, vecinas todas del barrio La Goleta. Apoyadas por los vecinos y vecinas del barrio han iniciado a rehabilitar el edificio que se encontraba enormemente degradado y se han puesto en contacto tanto con la inmobiliaria como con la entidad bancaria que concedió el crédito para explicarles los motivos de la ocupación y se han ofrecido a pagar un alquiler social.

La Comunidad la Esperanza nace en un edificio construido y abandonado desde su construcción hace más de 2 años en la zona de Capuchinos y que encontraron abierto y con usos inadecuados para su conservación. En él se han realojado once personas de cinco familias con seis menores de edad, desde una bebé con tres semanas hasta una niña de 13 años Desde entonces han limpiado y acondicionado el espacio para su habitabilidad, se han organizado como comunidad, establecido redes de contactos y apoyos entre los vecinos y vecinas del barrio.

En medio de la emergencia habitacional que vive el país,  las administraciones públicas deben tener como prioridad el poder garantizar el derecho constitucional a la vivienda, velando por que el inmenso stock de viviendas vacías existente en nuestro país  - solo en la provincia de Málaga hay 120.000 viviendas sin uso- sirva para poder garantizar un derecho humano fundamental. 

Nos parece imprescindible que el Ayuntamiento de Málaga se implique en el caso para poder ayudar a encontrar una solución consensuada entre todos los agentes implicados en estos casos, que evite el peligro de tener de nuevo a estas familias malagueñas en la calle.
Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

ACUERDOS


1.- El Ayuntamiento de Málaga muestra su apoyo a las familias que han sido realojadas en la Corrala las luchadoras del barrio de la Goleta, la Corrala Buena Ventura en el barrio de la Trinidad y la Comunidad de la Esperanza en el barrio de Capuchinos en estos difíciles momentos.

2.- El Ayuntamiento de Málaga mediará entre las partes implicadas en estos casos para intentar llegar a una solución de compromiso que tenga como resultado la cesión en uso por un tiempo determinado de las viviendas vacías a estas familias, para que las gestionen, mantengan y eviten su deterioro.



domingo, 19 de mayo de 2013

Mandar obedeciendo



Cuando el viernes tuve la oportunidad de participar en el III Encuentro malagueño para la elaboración de la ley andaluza de participación ciudadana, organizado por la dirección general de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, reconozco que me emocioné. Y que como hecho inusual,hasta me resbaló alguna lagrimilla. Volver a encontrar a gentes con las que tanta intensidad compartí, en discusiones,idas y venidas, en definitiva, en el tajo, cuando andábamos experimentando, investigando, alentando procesos locales de participación popular al calor de la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación provincial,cuando en su gobierno participaba Izquierda Unida. Todo aquel proceso,volvió a pasar por el corazón, se hizo presente y se hizo presente de la mejor manera, poniendo de manifiesto los hilos conductores, en un escenario político y social diferente a todas luces, de procesos planteados con el mismo propósito:democratizar la vida.

Armar aquella arquitectura fue fruto de muchas horas de trabajo de muchas gentes, de tejer poquito a poco redes de trabajo, de grandes dosis de cariño y de la convicción de una organización política, Izquierda Unida, que tenía, como hoy tiene, bien claro, que para transformar este sistema que desprecia a la gente,su sabiduría colectiva y su soberanía, la clave estratégica pasa por construir una arquitectura de poder popular que desborde al poder instituido y transgreda sus lógicas,haciendo uso de todas sus fisuras y requiebros,apropiándose de sus herramientas para parir otras nuevas,democráticas y sostenibles. Desde esa convicción y determinación política fue posible pergeñar una red de instituciones locales que a ratos con incertidumbres, a ratos con miedos y resistencias, pero con tremenda valentía,marcaron en su agenda política la necesidad de construir nuevos marcos de relación entre representantes y representados,nuevos espacios para la construcción de opinión, de propuestas colectivas y lo más relevante, espacios nuevos de toma de decisiones sobre lo común, sobre aquello que hoy como ayer, se haya secuestrado por instancias antidemocráticas que marcan los designios de nuestras vidas.

Ese fue el motor que hizo converger multiplicidad de redes, asociativas, universitarias, cooperativistas, iniciativas sociales, redes ciudadanas,minúsculas la mayoría de ellas, atomizadas, que fueron encontrándose, convergiendo,no sin tiras y aflojas, y encontrando en los procesos locales de presupuestos participativos un instrumento para la repolitización, para la recuperación de la política en su sentido etimológico. Quizá hoy, con la perspectiva de todo lo acontecido después, pueda parecernos insignificante, pero es interesante vislumbrar los vasos comunicantes entre unos y otros procesos y sabernos parte de un acumulado histórico, de una historia que no comenzó ayer.

Archidona, Alameda, Teba, Humilladero, El Burgo, Casabermeja, Sayalonga, Ardales, Pizarra, Campillos, Cuevas de San Marcos, Benalauría, Benarrabá y tantos otros municipios, la red de presupuestos participativos, que se sumaron a aquello de “Algo se mueve en Málaga” , que más que un lema, fue un motivo común, con una pregunta cargada de incertidumbres, que iban salteándose al caminar, sabedores de que cualquier resultado esperado era eclipsado y abrumado por las derivas y saltos del proceso en sí. Con la mirada humilde y ojiplática puesta en los movimientos populares de Latinoamérica, las experiencias de los foros sociales mundiales, el movimiento de los sin tierra de Brasil, Porto Alegre como brújula, las experiencias de Uruguay y Argentina, las misiones y consejos comunales en la República Bolivariana de Venezuela, los procesos de concientización de Paulo Freire, los aprendizajes con Marco Marcioni...La mirada puesta en aquellos procesos donde han confluido y superado a sí mismos, movimientos populares y organizaciones políticas de la izquierda transformadora,donde unos y otros han sido capaces de marcar no solo las prioridades, sino otras maneras de hacer, con la capacidad de aquellos de “mandar” a los representantes, y el compromiso de algunos de estos de “mandar obedeciendo”.Desde una dialéctica compleja, contradictoria, pero apasionante.

Recuerdo cuando en los innumerables encuentros y talleres de evaluación,abundábamos en el quejido: “la gente no quiere, no demanda más democracia”, “la gente no está esperando en su casa la invitación a participar del común”; “¿cómo hacemos para que los sectores sociales excluidos se apropien de los procesos y condicionen las prioridades?”, “hay que desbordar el proceso,hay que conseguir que el presupuesto participativo dé lugar a nuevas potencias y espacios ciudadanos autoorganizados”...Teníamos prisa.

En 2011 se produjeron cambios sustanciales en direcciones antagónicas. Surgió con una fuerza imprevisible el 15M,la resignificación de las plazas y del concepto mismo de ciudadanía. Una nueva generación saltó a la plaza pública y puso en la primera línea del debate político la existencia de una democracia descafeinada que no atendía, ni atiende, a los intereses ni las voluntades de la mayoría social. Una democracia que carece de instrumentos efectivos que hagan prevalecer los intereses de las mayorías expulsadas del sistema por encima del interés de acumulación de una minoría que constituye la oligarquía económica y ejerce el poder más despiadado. Ahora sí, “la gente demanda Democracia para sí”. A los pocos días vino el 22M, unas elecciones municipales que encumbraron al PP otorgándole representación absolutísima, y que provocó que IU saliera del gobierno de la Diputación provincial, dando al traste con todas y cada una de las iniciativas puestas en marcha. Contradictorio,sí.

Ahora, la repolitización de amplios sectores sociales, la organización en movimientos de algunos de ellos y su presencia pública, así como la presencia de IU en el gobierno andaluz, nos ofrece una oportunidad que no podemos desperdiciar. El proceso de elaboración de la ley andaluza de participación es una oportunidad,una oportunidad más, no solo para construir un instrumento que pretende generar derechos políticos que atiendan precisamente a esa necesidad de que la democracia sea real, participativa y protagónica. Si no también, una oportunidad en un triple sentido trascendente:

> El proceso propiamente abre espacios de discusión y elaboración, a los que estamos poco habituados, entre representantes políticos con capacidad real de tomar decisiones, ciudadanos sin organizar ,tejido asociativo con trayectorias múltiples y disociadas y movimientos de nuevo tipo surgidos al calor del 15M. Más allá del resultado legislativo, la oportunidad de construir un nuevo marco político en Andalucía, en el que los representantes políticos “manden obedeciendo” y la ciudadanía esté dispuesta en trinchera a asumir su papel, su responsabilidad como sujeto histórico.

> La oportunidad de una vez aprobada la ley, construir una arquitectura nueva de poder popular,flexible,abierta,transparente, diversa y plural, que propicie procesos universales de toma de decisiones que vinculen la acción política del gobierno andaluz. Levantar un Faro en Andalucía, que siendo conscientes de sus limitaciones estructurales, pueda abrir en la sociedad debates fundamentales para articular una alternativa de poder a nivel estatal: acumular fuerzas para ganar hegemonía e impulsar un proceso constituyente que aborde con claridad la planificación democrática de la economía y del acceso a los medios de producción. Un proceso constituyente que nos provea de instrumentos para defender el interés de las clases populares.

> La oportunidad de avanzar, en el sentido apuntado por procesos revolucionarios como el de Venezuela, en la construcción de espacios unitarios de convergencia entre movimientos populares, sindicales e IU que construyan un programa de mínimos común y que, con la mirada limpia y el reconocimiento mutuo, sean capaces de dibujar una estrategia compartida para trazar una alternativa de poder, que es urgente.

Quizá las expectativas nos desborden. La certeza: que nos va la vida en ello.

martes, 14 de mayo de 2013

En defensa de los Servicios Sociales en uno de los distritos más poblados y populares de la ciudad:Carretera de Cádiz


Tras la visita que el pasado 10 de mayo realizamos al Centro de Servicios Sociales del Distrito de Carretera de Cádiz, conociendo y charlando con las trabajadoras, hemos elaborado esta iniciativa que trasladaremos a la próxima comisión de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga.Un nuevo centro de servicios sociales para el distrito, que se ubique en Tabacalera, y una dotación extraordinaria para ayudas de emergencia social. 

El Distrito de Carretera de Cádiz es el más poblado de la ciudad de Málaga, con un total de 115.874 habitantes, destacando por la gran densidad de población , ya que tiene 259 hab/Ha.

Este distrito siempre ha estado ligado a las capas populares de la ciudad: surge como barrio obrero de la Málaga industrial del sXIX y va creciendo durante el sXX por las barriada nacidas bajo el amparo de la Ley de Viviendas de Protección Oficial y Promoción Pública y las creadas para alojar a las familias de pescadores que vivían en chabolas en las playas de San Andrés, a finales de los 60. El boom urbanístico de los 70,unido al éxodo rural, propició un crecimiento mayor aún del distrito.

Esta singular historia ha convertido Carretera de Cádiz en un distrito con una configuración urbana, unas características sociodemográficas y unas necesidades sociales particulares: En el barrio conviven bloque de viviendas pluramiliares, de VPO, con 30 de antigüedad, de más de 10 plantas de altura (localizados en Jardín de la Abadía, San Andrés, Nuevo San Andrés...) construidos de forma desorganizada, lo que hace que no existan prácticamente espacios libres, Bloques de edificios plurifamiliares de VPO y de VPP con una antigüedad hasta 40 años (Dos Hermanas), con una altura de cuatro plantas sin ascensor; Casas matas unifamiliares con un estado de conservación variado y núcleos de chabolas en Puente de los Morenos y en playa de la Misericordia, aislados del resto de las barriadas.

El entorno de la Barriada de la Candelaria y del bloque de San Patricio en el Ayamonte, ambos en Puerta Blanca, son los que más déficit presentan en el medio urbano, mobiliario, infraestructura...

En Carretera de Cádiz nos encontramos ante una población regresiva, que tiende al envejecimiento, debido al descenso de la natalidad, presentando la población infantil el mismo porcentaje que la perteneciente a tercera edad y con un índice de dependencia se sitúa en torno al 41%.

La 40% de la población de Carretera de Cádiz solo tiene un nivel elemental de instrucción (por encima de la media de la ciudad) y el 34% no posee estudios (34%). Tan solo un 2% tiene estudios de grado superior (la mitad de la media de Málaga). El porcentaje de analfabetismo en la zona es de un 7% (6% en Málaga).

Los servicios sociales han localizado en el distrito múltiples zonas y grupos de riesgo social, principalmente:
  1. Las viviendas sociales en C/ Leopoldo Alas Clarín, en la U.T.S. Nº 1 y Blq. de La Almudena en la Avda. De Molière, en la U.T.S Nº 8. La población que reside es, en su gran mayoría, de la raza gitana con un nivel socioeconómico y cultural muy bajo.
  2. Las viviendas sociales de las Bdas. Dos Hermanas, 25 Años de Paz y Vistafranca. La población residente tiene un nivel socioeconómico bajo.
  3. Núcleos chabolistas de la Playa de La Misericordia, Puente de Los Morenos y caravanas frente a bloques de S. Patricio en C/ Ayamonte, en los que se alojan familias de raza gitana, con un nivel socioeconómico y cultural muy bajo.
  4. Familias con ingresos económicos escasos en los bloques de viviendas de la Bda. La Luz (Plaza Limeño), San Patricio(Pirámides) y Bda. San Andrés y Nuevo San Andrés.
  5. Volumen de población mayor de 65 años en la Bda. Girón.


A pesar de estas necesidades sociales y de ser el distrito más poblado de la capital solo cuenta con un Centro de Servicios Sociales Comunitarios , ubicado en la Plaza Tres Cruces.

La demanda recibida en este centro se centra en la carencia de los medios económicos para la adquisición de alimentos, la falta de medios económicos para abonar gastos relacionados con la vivienda familiar, (luz, agua, alquiler...). la carencia de medios económicos para gastos de farmacia (medicinas, leche, pañales...) y el desahucio de la vivienda.

Las ayudas otorgadas para estos problemas en el distrito hasta abril ponen de manifiesto la imposibilidad de poder responder a esta demanda, ya que las ayudas económicas familiares ejecutadas hasta abril han sido ya 10.818 de un presupuesto total para el año de 15.464. También se han ejecutado ayudas inserción social por 33.160 € de 111.22 € y de ayuda a necesidades básicas por 73.601 de 168.00 €

Hay que tener en cuenta además que estos datos se dan a pesar de que el diagnóstico social del distrito del año 2011, realizado por las profesionales de los servicios sociales municipales, destacan que hay una gran desinformación sobre el acceso a estas ayudas.

Esta insuficiencia de recursos para atender las necesidades sociales se repiten en toda Málaga, una ciudad en la que –según los datos del OMAU- un 22,58% de la población está en riesgo de pobreza.

Las partidas que se han dedicado al Gasto Social del Ayuntamiento, se han recortado un 10% desde el 2010 al 2013, años muy duros de crisis. La situación presupuestaria confirma la parálisis en que se encuentra el Área de Bienestar Social ante los problemas sociales que existen, no se puede olvidar que aumentaron las atenciones directas y usuarios que acuden a los Servicios Sociales no ha hecho sino aumentar.

Han aumentado las necesidades y la dotación presupuestaria se suele agotar hacía la mitad de ejercicio económico, lo que provoca que a muchas personas que acuden a los servicios sociales que reúnen los requisitos y se les concede una ayuda, se les pueda denegar alegando falta de disponibilidad presupuestaria.

El presupuesto de 2013 para gasto social se ha recortado de forma importante, así un 49,5% la partida de Programas para Mayores de 1.013.407 euros en 2012 a 511.865 para 2013. Desciende por recortes en el capítulo de personal, un 9,1% la partida del Área de Bienestar Social de 5.118.006 euros en 2012 a 4.651.319 para 2013 y un 6,3% desciende la partida para la empresa Mas Cerca dedicada a la Ayuda a Domicilio, entre otros servicios, de 5.260.243 euros a 4.927.012 para 2013.


Hay que tener en cuenta que además estos recortes del presupuesto municipal se dan en el marco de un país en el que gobierno está aprobando unas políticas austericidas que no harán sino aumentar más y más el número de malagueños en riesgo de exclusión. Hay que recordar que, tal y como señala la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, uno de cada tres euros de los recortes del Plan Nacional de Reformas de 2013 del PP, afectarán a dependientes. El gobierno recorta 1.108 nuevos millones al desarrollo de la ley de dependencia lo que afecta directamente a 775.000 españoles, 200.000 andaluces y 30.000 malagueños. Su impacto se dejaría sentir en el acceso a un derecho subjetivo reconocido, mermando la capacidad de los poderes públicos en su obligación de garantizar el derecho efectivo al cuidado y la autonomía, y también en términos de empleo, en un sector especialmente feminizado. En el caso de la provincia de Málaga, las estimaciones realizadas sitúan en 1.000 trabajadoras de ayuda a domicilio las que podrían quedarse sin empleo con la aplicación de los nuevos recortes.

Sin duda, estos nuevos recortes vienen a situar en los márgenes de la exclusión social precisamente a los sectores más vulnerables de la población, aquellos cuya vida depende de los demás, que van a ver cómo el PP de nuevo vuelve a cargar las tintas contra los más desfavorecidos, haciendo que un sistema no consolidado, como el de la dependencia, sea bloqueado en la práctica y pospuesto su desarrollo sine die.


En la misma línea, el anteproyecto de reforma de la administración local plantea la eliminación de los servicios sociales comunitarios del ámbito competencial de los ayuntamientos, cuando el desarrollo histórico de aquellos está estrechamente ligado al desarrollo democrático de los ayuntamientos. Dicha reforma equipara proximidad con despilfarro y sustituye rentabilidad social por equilibrio financiero, eliminando la atención de proximidad en los servicios sociales como un valor a potenciar desde una perspectiva mlnicipalista, que apueste por la descentralización como premisa democrática. Realmente sorprendente es el hecho de que en las 104 páginas de alegaciones a la reforma de la administración local presentadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, no aparezca ni una sola enmienda en el ámbito de los servicios sociales.


Ante esta situación de emergencia social, en la que año a año asistimos a un incremento del número de usuarios de los servicios sociales, la actuación de las distintas administraciones está siendo dispar. De un lado, encontramos administraciones como la Junta de Andalucía que, desde un planteamiento de resistencia al recorte “duro” del gobierno central en materia social y priorizando la atención a los sectores más vulnerables a la actual situación económica, ha puesto en marcha el Decreto de medidas urgentes y extraordinarias frente a la exclusión social, que entre otras medidas, contempla 12,3 millones de euros destinados a paliar las situaciones de exclusión social en la Provincia de Málaga, de los cuales, 7,78 millones de euros se destinarán a los ayuntamientos de la provincia para la contratación de desempleados de larga duración. Se podrán generar entre 8.000 y 16.000 contratos en los municipios de nuestra provincia. De otro lado, se encuentra, como ya hemos visto, un Ayuntamiento de Málaga que año a año recorta su presupuesto en servicios sociales.



Para hacer frente a esta situación proponemos la creación de un Fondo de Emergencia, con carácter extraordinario y urgente, complementario al programa de ayudas de emergencia, para las familias en situación de pobreza y exclusión social, dotado de 5 millones de euros, que nos permita atender las actuales necesidades sociales, las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, aumentando especialmente la eficacia del apoyo a los mayores.




Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes


ACUERDOS





1º.- Instar al equipo de gobierno a reforzar la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, desarrollando de manera participada un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad social dotado con un fondo extraordinario de emergencia de cinco millones de euros.




2.- Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para reponder a la demanda social de crear un nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios en el Distrito de Carretera de Cádiz,estudiando como posible ubicación la Tabacalera.